En 2013, 16 entidades obtuvieron más de 120 millones de pesos para
los Centros de Justicia para las Mujeres, de los que subejercieron 52
por ciento. Para la Conavim, los centros son una de las políticas
públicas “más exitosas” de la actual administración
Flor Goche - Contralinea
Para el ejercicio fiscal 2013, 16 entidades del país destinaron en conjunto 122 millones 777 mil 300 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los estados y del Distrito Federal para la creación y el fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres, espacios con servicios interinstitucionales y especializados que facilitan el acceso a la justicia y brindan atención integral a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia de género.
Para el ejercicio fiscal 2013, 16 entidades del país destinaron en conjunto 122 millones 777 mil 300 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los estados y del Distrito Federal para la creación y el fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres, espacios con servicios interinstitucionales y especializados que facilitan el acceso a la justicia y brindan atención integral a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia de género.
No obstante, como consta en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013,
a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al 31 de
diciembre de 2013, los gobiernos locales sólo ejercieron el 47.5 por
ciento del total, es decir, 58 millones 255 mil 500 pesos.
Ya para 2014, el dinero erogado se elevó a
74 millones 779 mil 800 pesos, lo que representa el 61 por ciento del
total del presupuesto.
En Tabasco, Campeche y Michoacán, los
gobernantes subejercieron hasta el ciento por ciento de los dineros
etiquetados para tal fin: 12 millones, 2 millones 500 mil y 500 mil
pesos, respectivamente.
En el primer caso, el máximo órgano de
fiscalización del país observó que a pesar de la transferencia de 12
millones de pesos que recibió la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Tabasco de las arcas públicas para la construcción y el
funcionamiento del Centro de Justicia de la entidad, éste no fue
instaurado aun cuando el gobierno local tenía la obligación (asentada en
convenio) de hacerlo.
El subejercicio por parte del gobierno de
Chihuahua también fue elevado: de más del 99 por ciento de los
recursos. Y es que de los 3 millones 615 mil 300 pesos que la Federación
le concedió para la operación del Centro de Justicia con sede en esta
entidad fronteriza, al 31 de mayo de 2014 sólo devengó 7 mil pesos.
Para 2014, el año que siguió al ejercicio
fiscal en el que debieron gastarse la totalidad de los recursos, los
gobiernos de Oaxaca, Chiapas, Coahuila y Guanajuato sólo alcanzaron a
erogar el 25.9, el 26.3, el 32.6 y el 39.5 por ciento, respectivamente,
del presupuesto, que a través del FASP se les otorgó para la creación y
el fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres.
Aunque en menores cantidades, los
gobiernos de otras entidades también registraron subejercicios, según lo
reporta la ASF. Es el caso de Guerrero, que sólo ocupó el 51.9 por
ciento de estos dineros; de San Luis Potosí, con el 61.5; del Estado de
México, con el 87.4; de Hidalgo, con el 90 por ciento; de Nayarit, con
el 93.7; y de Durango, con el 97.9 por ciento.
Respecto de las 16 entidades en alusión,
Colima fue la única que logró erogar la totalidad de estos recursos. Al
31 de diciembre de 2013 había gastado 12 millones 620 mil 100 pesos de
los 13 millones 223 mil 100 pesos que recibió del FASP para su Centro de
Justicia. No obstante, para julio de 2014, luego de las
reprogramaciones que realizó, consiguió ocupar el ciento por ciento.
En situación similar se encuentra
Aguascalientes, en donde el subejercicio fue mínimo: de un total de 10
millones 897 mil 600 pesos, el gobierno local gastó, al 30 de septiembre
de 2014, 10 millones 897 mil 400 pesos.
Conavim evita pronunciarse sobre el subejercicio
Actualmente operan en territorio mexicano
22 centros de Justicia para las Mujeres, distribuidos en 17 entidades
federativas. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), órgano
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), de marzo de 2011
a junio de 2015, éstos han atendido a 133 mil 247 beneficiarias.
Los
espacios que brindan –entre otros servicios– atención sicológica y
médica, asesoría legal, talleres de empoderamiento social y económico,
así como alojamiento temporal, reciben subsidio de diversas fuentes,
tanto federales como locales.
Además de los dineros transferidos a las
haciendas públicas locales a través del FASP bajo el rubro Programa de
Acceso a la Justicia para las Mujeres, estos centros son financiados con
presupuesto etiquetado en la partida 43801 “Subsidios a entidades
federativas y municipios”, misma que es competencia de la Conavim en su
carácter de principal impulsora de esta política pública.
Durante los últimos 5 años (de 2010 a
2014), la instancia que actualmente encabeza Alejandra Negrete Morayta,
comisionada nacional, ha destinado 166 millones 94 mil 240 pesos para la
creación y el fortalecimiento de los centros de Justicia para las
Mujeres, según informa la Conavim en respuesta escrita a un cuestionario
elaborado por Contralínea.
En el cuerpo del documento, el órgano
desconcentrado de la Segob detalla que los 44 millones 603 mil 240 pesos
que en 2013 otorgó para este rubro se ejercieron en su totalidad por
parte de las siguientes entidades: Chihuahua, Coahuila, Estado de
México, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.
No obstante que entre sus obligaciones
destaca la elaboración y el seguimiento del Programa Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual establece
la política nacional de promoción de la igualdad y de combate a la
discriminación y a la violencia hacia mujeres y niñas, la Conavim evita
pronunciarse respecto del subejercicio detectado por la ASF de más de la
mitad de los dineros que a través del FASP se transfieren a los centros
de Justicia para las Mujeres.
Manifiesta no tener injerencia alguna en
dicha erogación, dado que el presupuesto del FASP es otorgado
directamente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito
y Participación Ciudadana.
Daños a la Hacienda Pública por más de 16 millones
Además del dinero no devengado, la ASF
detectó otras irregularidades en el manejo de los recursos del FASP para
los centros de Justicia para las Mujeres. Dichas falencias devienen en
probables daños o perjuicios a la hacienda pública por un monto de 16
millones 815 mil 153 pesos. Colima, Guerrero e Hidalgo son las entidades
señaladas.
En el caso de Colima, el organismo
coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta
Pública descubrió un posible daño de 12 millones 620 mil 80 pesos que se
usaron para la construcción de las instalaciones del respectivo Centro
de Justicia, obra que los auditores encontraron en desuso y, por tanto,
sin cumplir con sus objetivos.
En Guerrero, el golpe a las arcas
públicas, habría ascendido a 2 millones 774 mil 987 pesos, derivado de
diversas anomalías en la adquisición y uso de equipo médico y de
laboratorio, así como de vehículos. En el primer caso, por ejemplo, los
auditores, a partir de la inspección física, verificaron que el equipo
en cuestión se encontraba almacenado en las instalaciones de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, puesto que el
Centro de Justicia para las Mujeres de la entidad no estaba operando. En
el segundo, constataron que dos de los cuatro vehículos comprados se
empleaban para funciones distintas a las del Centro, y los otros dos
para uso administrativo de la coordinadora general del mismo.
Respecto del monto etiquetado para el
Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Hidalgo, la ASF reporta
igualmente perjuicios, esta vez por 1 millón 420 mil 86 pesos. De éstos,
534 mil 759 pesos se erogaron con fines distintos a los señalados en la
Ley de Coordinación Fiscal, y 885 mil 327 pesos provienen de penas
convencionales no aplicadas.
Distintos, los balances de la Conavim y de la ASF
De acuerdo con la Conavim, la creación y
fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres constituye
una de las políticas públicas más exitosas que impulsa el gobierno.
Tanto que, dado sus resultados, el presupuesto que esta instancia les
asigna se incrementa año con año.
En 2010, a través de la partida 43801, la
Conavim les transfirió 13 millones de pesos; en 2011, 15 millones; en
2012, 21 millones 500 mil; en 2013, 44 millones 603 mil 240; y en 2014,
71 millones 991 mil pesos, estos últimos en beneficio de 16 proyectos.
Para la ASF, presidida por Juan Manual
Portal Martínez, el panorama es otro. De ello da cuenta el subejercicio
de más de la mitad de los recursos que a través del FASP fueron
asignados en 2013 a estos centros, así como los probables daños a la
hacienda pública por 16 millones 815 mil 153 pesos correspondientes al
mismo ejercicio fiscal.
Asimismo, en contraste con lo que ocurre
con el financiamiento que les otorga la Conavim, las observaciones de la
ASF evidencian que el monto asignado a los centros de Justicia para las
Mujeres, vía el FASP, se redujo para el ejercicio fiscal 2013 en
comparación con el de 2012. Así ocurrió en Chiapas, en donde el recorte
monetario fue de 17 millones 142 mil 400 pesos; en Michoacán, cuya
disminución presupuestal fue de 94.5 por ciento; y con Nayarit, que
recibió 97.2 por ciento menos para dicho rubro.
Reforma a los centros de Justicia
En diciembre de 2014, Martha Lucía Mícher
Camarena, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género,
presentó al Pleno de la Cámara una iniciativa de reforma integral a la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El
proyecto en el que participaron representantes de diversos partidos
políticos, expertas, organizaciones de la sociedad civil e instancias
gubernamentales, toca el tema de los centros de Justicia para las
Mujeres. La propuesta es normarlos adecuadamente a través del
establecimiento de criterios para su instalación, funcionamiento y
supervisión.
A propósito, la Conavim refiere que se
mantiene atenta a la identificación de espacios de oportunidad y de
nuevas propuestas para contribuir con su fortalecimiento. Detalla que,
bajo este tenor, actualmente trabaja para asegurar que dichos centros
cuenten con personal suficiente de forma permanente para propiciar la
vinculación de estos espacios con la sociedad civil, y para sistematizar
la información sobre las mujeres beneficiarias y sus necesidades.
Flor Goche
[INVESTIGACIÓN]
[RENDICIÓN DE CUENTAS]
TEXTOS RELACIONADOS:
Contralínea 451 / del 24 al 30 de Agosto 2015
