La jauja que iría de la mano con la reforma energética empieza a tornarse en pesadilla y anuncia la quiebra de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahora transformadas en empresas productivas del Estado. Su inminente desmantelamiento va acompañado de la cancelación de infinidad de plazas de base y de confianza, lo que contradice la promesa oficial de que con la entrada en funciones de la reforma se crearían miles de empleos en el sector y se aseguraría la soberanía sobre la explotación y propiedad de los hidrocarburos y nuestros recursos energéticos. Las autoridades han encontrado en la caída de los precios internacionales del petróleo la justificación perfecta para hacer creer al país que las bondades de la reforma energética se han alterado en forma negativa por factores externos, buscando ocultar los yerros cometidos con la aprobación del paquete de sus leyes secundarias que obligaban a Pemex a cumplir con un plan de inversión que le garantizara contar con los recursos suficientes para conservar la exclusividad de los yacimientos asignados a su favor en la llamada Ronda Cero.
De acuerdo con estos lineamientos aprobados por los imprudentes diputados y senadores, si Pemex no cumple, tendrá que ceder a empresas privadas, nacionales y extranjeras, su exclusividad de explotación en yacimientos que representan 10 mil 292 millones de barriles de petróleo crudo, en reservas probadas, y 10 mil 859 millones de pies cúbicos de gas seco. Tal y como quedó establecido en las leoninas leyes secundarias.
Como van las cosas, el riesgo de que tales riquezas pasen a manos de particulares se acrecienta si consideramos que tanto Pemex como la CFE, lejos de repuntar en sus finanzas, siguen navegando en las turbulentas aguas de los números rojos. De acuerdo con el informe de la cuenta pública de 2014 que la Cámara de Diputados turnó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el pasado año las exparaestatales acumularon pérdidas conjuntas por 254 mil 592 millones de pesos.
Tan sólo el pasado año, la CFE tuvo una pérdida neta de 46 mil 832 millones de pesos, sobre todo por el repunte de su pasivo laboral que actualmente asciende a 564 mil millones de pesos, y a una reducción de su patrimonio en un 12 por ciento. Su plantilla actual es de 93 mil 942 trabajadores, de los cuales alrededor de 74 mil son sindicalizados. En el caso de Pemex, además de la merma dejó de percibir 265 mil millones de pesos por la disminución de sus ventas.
No obstante lo negativo de sus finanzas, se insiste en mantener en el sector eléctrico el esquema privatizador contenido en la reforma energética, que sigue alentando la generación de energía eléctrica por parte de particulares, de tal forma que los informes rendidos por la Cámara de Diputados indican que al 31 de diciembre pasado el gobierno federal firmó otros 23 contratos con inversionistas privados, los llamados productores independientes de energía (PIE), para adquirirles su producto.
La aplicación de la reforma energética ya ha impactado en los contratos colectivos tanto de los trabajadores petroleros como de los electricistas del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), afectando de manera significativa antiguas prestaciones y dejando al libre albedrío de la CFE, Pemex y las empresas privadas la estabilidad laboral, modificando de paso el régimen de jubilaciones. Ahora, bajo los argumentos de la caída en los precios internacionales del petróleo, ya se planea cancelar en definitiva miles de plazas de trabajadores que están por alcanzar la jubilación, aplicando el mismo rasero al personal de confianza.
Hace unos días fue el propio director de Finanzas de Petróleos Mexicanos, Mario Beauregard, quien detalló el plan de cancelación de plazas sindicales que han puesto en marcha los altos mandos de la empresa productiva del Estado, y que en su primera etapa, para el presente año, implicará la desaparición de 3 mil puestos de base. Según el funcionario, esas plazas se cancelan y en definitiva desaparecen, “implicando un ahorro para la empresa en materia de servicios profesionales”.
Totalmente opuesto a lo que defendieron los impulsores de la reforma, tanto en el gobierno federal como en el Congreso de la Unión y los congresos locales, de que su aprobación fortalecería las finanzas de Pemex y garantizaría los derechos laborales de sus trabajadores, incrementando, incluso, la materia de trabajo, lo expresado por Beauregard indica, con precisión, que se buscará adelgazar en los próximos 10 años a por lo menos el 50 por ciento de los puestos sindicalizados de la antes paraestatal. Si se considera que actualmente hay unos 151 mil 318 trabajadores de base, en 10 años quedarían sin cubrir unas 70 mil vacantes. ¿Qué dicen ahora los impulsores de la reforma energética sobre la creación de plazas de base, bien remuneradas?
En diversas áreas, los altos directivos de Pemex aplican esta cancelación de plazas alentando la jubilación de los trabajadores de base, pero también anulando la recontratación de empleados transitorios y la renovación de contratos a personal de confianza en un innegable programa de reducción de la plantilla laboral en todos sus ámbitos, menos en los altos niveles directivos, claro está.
Muy pronto decenas de municipios y cientos de poblaciones ubicadas en las llamadas zonas petroleras comenzarán a resentir los efectos devastadores por los miles de despidos en Pemex, al ver derrumbarse sus frágiles economías locales que dependen de los ingresos de los trabajadores condenados a perder su poder adquisitivo gracias a la falsa bonanza de la reforma energética.
Paradójicamente, mientras el gobierno federal anunció recortes al presupuesto de egresos de este año por 124 mil millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acaba de anunciar que los grandes contribuyentes adeudan, vía impuestos, 118 mil 692 millones de pesos, sin que esto implique sanción alguna en su contra, lo que demuestra la ineficacia de la inoperante e injusta reforma fiscal, que ha hincado sus colmillos en los contribuyentes cautivos, buscando resarcir, vía mayores gravámenes a sus salarios, la pérdida de los ingresos petroleros.
Hasta el momento, y más allá de la propaganda oficial que se difunde en los medios masivos como truqueados mensajes de campaña política, la reforma energética no ha incidido en una disminución tangible de las tarifas de electricidad, el gas doméstico, la gasolina y el diésel; sus beneficios directos no se reflejan en los bolsillos de la población. Las multimillonarias inversiones que nos conducirían al paraíso de la estabilidad financiera no aparecen por ningún sector de la economía y, por el contrario, el Banco de México señala que este año apenas y tendremos un crecimiento del 2.88 por ciento del producto interno bruto (PIB), si bien nos va, echando por la borda los optimistas pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de alcanzar un 3.2 y hasta un 4.2 por ciento.
Para desgracia del discurso oficial y sus inoperantes reformas estructurales, son las remesas las que están permitiendo un ligero respiro a nuestra asfixiada economía. El propio Banco de México indica que en marzo pasado, tales ingresos sumaron 2 mil 257 millones de dólares, la cifra mensual más elevada desde mayo de 2012, y cuyo monto acumulado al primer trimestre de 2014 llegó a 5 mil 727 millones de pesos.
Otra de las dolorosas vías donde los millones de cesantes han encontrado un empleo, ante la falta de oportunidades, es desgraciadamente el crimen organizado, lo que habla de la inaplazable necesidad para que el pueblo se organice y frene el despojo de nuestras riquezas naturales, territorios y recursos energéticos a manos de empresas extranjeras, que ante la insolvencia financiera de Pemex ya se frotan las manos. Por todo el país, la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida (caravanaporlavidamx.blogspot) recoge el sentir de miles de mexicanos dispuestos a dar la pelea, y todos debemos sumarnos a su lucha, que implica la defensa misma de nuestra patria; esta gran movilización social es ejemplo del despertar ciudadano que marca el inicio de una gran jornada de resistencia popular.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[Sección: Opinión]
