Asa Cristina Laurell - Opinión
Todas las autoridades
gubernamentales involucradas en el tema han declarado que las futuras
pensiones basadas en las cuentas de las Afore serán muy bajas y
alcanzarán entre 25 y 30 por ciento del último salario. Dejan entrever
que la mejor manera de solucionar el problema sería incrementar la
cotización de los trabajadores, aparte de incrementar la edad de
jubilación. Alertan además sobre el hecho de que sólo alrededor de 30
por ciento de la población alcanzará una jubilación.
Hace 20 años un reconocido actuario, el doctor Hazas, de la UNAM, demostró que esto iba a ocurrir. Argumentó que la reforma del IMSS, basada en cuentas individuales, era inviable mientras los técnicos del PRI dijeron que evitaría el colapso del IMSS. La reforma fue aprobada por los priístas en diciembre de 1995. Una alianza amplia de académicos, sindicatos, organizaciones civiles y ex funcionarios del IMSS presentó una detallada propuesta alternativa. Ésta no fue rechazada por razones técnicas, sino que se trataba de cumplir las condicionalidades del rescate financiero del FMI. Hoy nos alcanzó el destino anunciado, y de nuevo las autoridades priístas sólo atinan a alertar sobre un próximo colapso. Hay responsables de esta situación, pero están impunes.
En el debate de hoy lo más importante es lo que no se dice. Las autoridades y las organizaciones patronales hablan de la pérdida del bono demográfico (la favorable relación entre la población en edad de trabajar y la población dependiente) mexicano dentro de dos décadas, pero no explican por qué este bono no se ha aprovechado para afianzar un sistema de pensiones viable, que no es el actual. La realidad es que se está desperdiciando por la falta de generación de empleo digno y bien remunerado que, entre otras cosas, significa que los beneficios de este bono se están exportando a Estados Unidos vía la emigración por causas económicas.
Las autoridades y las organizaciones patronales tampoco mencionan que las reformas del IMSS e Issste tienen un costo muy alto para el erario. Es así porque la condición para crear las Afore, que no es otra cosa que la transferencia del ahorro forzado de los trabajadores a los grupos financieros privados durante décadas, es que el gobierno paga el
costo de transición.
Éste significa que el erario paga las pensiones de los jubilados con anterioridad a la aprobación de las nuevas leyes y de aquellos que empezaron a cotizar antes de su entrada en vigor. Según datos del Centro de Análisis y Estudios de Seguridad Social (CAESS), basados en las Cuentas Nacionales, este costo fue de 744.4 mil millones entre 2001 y 2011 o 2.7 veces del presupuesto total del IMSS en 2011, y se estará pagando durante más de 50 años. El IMSS calcula que crecerá alrededor de 6 por ciento anualmente los próximos 10 años y después presentará un crecimiento más lento para tener uno de tipo negativo hasta 2050. El Issste estima el costo de transición de la nueva ley en unos dos billones de pesos. Este subsidio a las Afore, pagado con los impuestos de todos los mexicanos, se va a mantener inalterado a menos de que se cambia a fondo el diseño del sistema y se abandonen las cuentas individuales.
La legislación obliga además al Estado a pagar la diferencia
entre el monto de la pensión que resulta de la cuenta individual del
trabajador y un salario mínimo en el IMSS y dos en el Issste. El costo
de esta disposición va a ser muy alto, precisamente porque la pensión
como porcentaje del último salario es muy baja; este costo incrementará
mucho cuando aumente el número de jubilados y sólo bajará a largo plazo
si se incrementa la cotización.
Tampoco se menciona que los expertos en pensiones coinciden en que el
sistema de capitalización individual con administración privada es el
más caro y el que menos beneficios da al trabajador.
Entonces, ¿porqué se mantiene este sistema y sólo se propone un
incremento de la cotización y de la edad para pensionarse? Hoy el
público empieza a percatarse de que los únicos favorecidos con el actual
sistema son las Afore y posteriormente las aseguradoras de pensiones,
ambos pertenecientes a los poderosos grupos financieros, mientras el
trabajador corre todos los riesgos del mercado financiero. El 91 por
ciento de los ingresos de las Afore, según CAESS, provienen de las
comisiones que cobran por administrar los fondos y los intentos por
lograr que sólo puedan cobrar sobre las ganancias han sido bloqueados.
El sistema de pensiones está efectivamente en crisis, pero sólo se
resolverá el problema haciendo un cambio de fondo. Lo ha hecho
Argentina, nacionalizando los fondos de pensiones, y el gobierno de
Bachelet está elaborando una propuesta para bajar las comisiones con una
Afore pública y una pensión universal.
