Ernesto Villanueva - Proceso
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las demandas de la opinión pública
para dar vida a un Sistema Nacional Anticorrupción que, se supone,
habría de eliminar este problema endémico en México y la difusión de los
reportajes sobre La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa así
como la compra de otra casa por parte del secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, aceleraron la aprobación de una reforma en esta materia. Las
cosas no son, empero, como se ha publicitado por el gobierno y sus
aliados. Veamos.
Primero. La Reforma Anticorrupción tiene lugar justo en pleno proceso electoral federal y local en varias entidades del país. El descrédito de los políticos está fuera de duda. La aprobación de una reforma constitucional sobre Anticorrupción fue la estrategia pluripartidista para vender la percepción a la opinión pública que se actúa para enfrentar el tema, de ahí el respaldo amplio entre las fracciones parlamentarias, salvo honrosas excepciones. El problema es que es eso; sólo una percepción, no una realidad efectiva.
Segundo. La reforma constitucional Anticorrupción deja intocada la
figura del presidente de la República, sólo sujeto a dos hipótesis para
ser procesado: a) Traición a la patria, cuyo tipo penal es poco menos
que imposible acreditar y b) Delitos graves del orden común, cuyo título
ha desaparecido del Código Penal. En síntesis, no hay en esta reforma
ninguna medida para evitar que el presidente de la República incurra en
corrupción y sí permite que el abuso del ejercicio de poder quede sin
ser sancionado. Un caso como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su
esposa si el sistema Anticorrupción se hubiera dado sin ninguna sanción
porque no se reguló esa hipótesis de alta corrupción.
Tercero. Fue precisamente la corrupción en la que incurrió el
Presidente, su familia y su secretario de Hacienda quienes generaron,
con sus conductas, la necesidad en el círculo rojo de hacer algo en esta
materia. Paradójicamente, los responsables de los principales actos de
corrupción no tuvieron una sola referencia legal Anticorrupción y, en
realidad, se asiste a un acto de simulación, otro más, para manipular a
la opinión pública.
Cuarto. La palabra clave de la corrupción fue el conflicto de
interés, que la clase política debió aprender como parte de un control
de daños que nunca fue efectivo. Lo absurdo es que el vocablo conflicto
de interés razón y justificación, en buena medida, de la reforma
constitucional comentada no fue incluida en la citada reforma. Ni una
sola mención a esta expresión que, como dice la senadora Dolores
Padierna ha quedado proscrita en el lenguaje del poder. Dicho sea de
paso, la senadora Padierna fue una de las poquísimas expresiones de
anteponer el interés general a criterios de ventaja política y fue la
que mejor dio una batalla argumental sólida en la tribuna del Senado. Es
de la excepciones que confirman la regla de que no todos los políticos
son corruptos.
Quinto. La propia senadora Padierna sintetizó el problema: “Se
requería un cambio de 5 kilómetros y se hizo uno de cinco milímetros.
Duro, pero cierto. Ese es el tamaño de lo que debió hacerse y no se
hizo. Peor aun como una concesión graciosa los ilícitos administrativos –
no penales que no fueron extrañamente normados- pasaron de una
prescripción de cinco a siete años. En las sociedades democráticas este
periodo abarca en promedio 15 años.
Sexto. La figura del fuero previsto en el artículo 108 constitucional
tuvo como finalidad proteger la libertad de expresión de los
legisladores para evitar ser enjuiciados por sus palabras en tribuna
desde la Constitución de 1917. Esa figura se mal formó al transcurso del
tiempo para convertirse en lo que es ahora, garante de impunidad. Al no
tocar esta figura se deja intacto ese conspicuo instrumento para hacer
frente sin problemas a delitos y/o ilícitos cometidos por una amplia red
de políticos que buscan espacios en el Congreso para gozar privilegios
que constituyen, en sí mismos, actos de corrupción.
Séptimo. La reforma constitucional incluye lo que ya existe en la ley
desde los 80´s: la declaración patrimonial y agrega la figura de la
declaración de interés. Lo hace, empero, bajo protesta de decir verdad;
es decir, no se revisará si lo que dice el servidor público y lo que
declara coincide en los hechos. Peor aún, esta información no está
sujeta al principio de máxima publicidad, ni siquiera a la mínima.
Octavo. La participación más activa del Congreso de la Unión para
ratificar a los órganos de control del Ejecutivo y al secretario del
tema, no garantiza nada. Más aún, genera un nuevo reparto de cuotas o
mecanismos de incentivos económicos para que los legisladores aprueben a
los propuestos sin mayor debate, porque son los mismos de siempre con
las mañas que todos les conocemos.
Noveno. En nombre de la Anticorrupción se creará una nueva estructura
burocrática, la Fiscalía Anticorrupción que, en modo alguno, combatirá
la corrupción, sino que generará incentivos para repartir espacios
ensanchando la burocracia sin garantía alguna, en perjuicio de los
recursos del pueblo. La Auditoría Superior de la Federación tendrá
algunas nuevas atribuciones, pero se queda sólo en la mera recomendación
igual que ahora. En todo caso, podrá presentar denuncias de hecho, pero
al no reformar la figura del Procurador General de la República eso
está destinado a actuar sólo en aquellos casos donde, no por la
corrupción, sino debido a las revanchas políticas tengan lugar para
justificar su existencia.
Décimo. La reforma constitucional se queda en una mera ilusión óptica
que no resuelve los problemas de fondo ni de forma siquiera.
Eventualmente podrá sancionar la corrupción minúscula, pero no la de los
altos niveles de gobierno. Y todo lo anterior habrá de esperar largos
años, porque México no es, todos los sabemos, un Estado de derecho. De
esta suerte, si se cumpliera y aplicara la ley sus efectos serían de
largo plazo. En la impunidad tan nuestra en la clase política eso se
prolonga al infinito. Como diría Lampedusa en su obra El Gatopardo “”Si
queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. “¿Y
ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos,
y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado”. Una de esas
batallas que se libran para que todo siga como está”. No hay, a final
de cuentas, nada que festejar y mucho que lamentar porque se ha perdido
una oportunidad de avanzar más allá de los cinco milímetros Dolores
Padierna dixit.
