La Jornada - Editorial
Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional de Barack Obama, reconoció ayer que Venezuela
no representa amenaza alguna a nuestra seguridad nacional, como afirmó el mes pasado la Casa Blanca, y explicó que la expresión fue usada porque así aparece en el formato utilizado para elaborar las órdenes ejecutivas presidenciales para imponer sanciones a otros gobiernos. “Honestamente –abundó el funcionario– tenemos un formato con el que elaboramos nuestras órdenes ejecutivas”.
amenaza extraordinaria e inusualpara Washington y exhibe que detrás de la campaña estadunidense contra la nación sudamericana no hay más que un designio injerencista y neocolonial, inspirado a su vez por el afán de realinear a Venezuela con la política exterior de la superpotencia y, desde luego, recuperar el control sobre los recursos naturales de uno de los principales exportadores de petróleo del mundo.
El rechazo que la ofensiva antivenezolana de Obama ha recibido de los
otros gobiernos de América Latina ha llevado a la Casa Blanca a buscar
peones alternativos en contra de Maduro. Con este propósito logró
alinear una veintena de cartuchos quemados de la política
iberoamericana, como el español José María Aznar –quien en la década
pasada unció a España a la incursión bélica de George W. Bush en contra
de Irak–, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón –responsable y
beneficiario del fraude electoral de 2006, respectivamente–, el
colombiano Álvaro Uribe –señalado por dependencias del propio gobierno
estadunidense por sus nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo–,
los salvadoreños Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol
–patrocinadores, en su momento, de escuadrones de la muerte– y algunos
otros cuya indignación por una supuesta
alteración democráticaen Venezuela no goza de mucha autoridad moral.
En forma paralela a este agrupamiento de personajes de la
derecha, Washington ha colocado en su tablero a individuos procedentes
de otras corrientes, como el ex presidente del gobierno español Felipe
González, quien, en un gesto inequívocamente mediático y publicitario,
asumió la defensa de políticos opositores presos en Venezuela.
En suma, de no ser por el atribulado gobierno actual de España, el
estadunidense se ha quedado sin aliados importantes en su campaña
antivenezolana y, para colmo, se ha visto obligado a reconocer que ésta
tampoco tiene un motivo legítimo.
Es importante insistir, por último, en que las sociedades
latinoamericanas deben movilizarse para rechazar la ofensiva de
Washington en contra de Venezuela, independientemente de la opinión que
se tenga sobre el gobierno actual de ese país, porque la amenaza no va
dirigida únicamente a la administración de Maduro, sino a algo mucho más
trascendente e irrenunciable: la autodeterminación y la soberanía de
las naciones del subcontinente.
