autocomplacencia del
corrupto, la simulación descarada, la impudencia demagógica son
consideradas sinónimos de astucia política. La inteligencia de nuestros
politiqueros se mide por su capacidad para engañar. Caraduras
irredentos, hacen alarde de su mal habida riqueza, se regodean en su
codicia y se burlan de la indignación ciudadana. Ser beneficiario de la
impunidad es señal inequívoca de pertenencia a la élite del poder. Sólo
hay una satisfacción mayor a la de saberse impune: ser quien define a
los merecedores de esa distinción infame. Ser el impune supremo.
A pesar de la transición
democrática y de las leyes e instituciones para aumentar la
transparencia y la rendición de cuentas, la prerrogativa de determinar a
quién se procesa por presunta corrupción y a quién no, la mantiene el
presidente en turno. La novedad es que el jefe del Ejecutivo está
involucrado en un claro conflicto de interés junto con su secretario de
Hacienda, y ha tenido que salir en su propia defensa. Ninguna
institución inició una investigación sobre el asunto, por lo que el
propio mandatario emitió una orden: “¡Que nos investigue mi
subordinado!”. Cinismo institucionalizado.
Sustento (in)moral de la corrupción política y de su
encubrimiento, el cinismo reinante propicia la cultura de la ilegalidad,
impide la instauración del estado de derecho y erosiona aún más la
deplorable calidad de nuestra democracia. El cinismo hecho gobierno
provocó el rechazo ciudadano que derivó en una crisis de legitimidad
cuya gravedad no ha sido entendida por una clase política cegada por la
ambición megalómana de riqueza y poder. La popularidad del presidente se
derrumbó junto con la credibilidad de las instituciones. Agravada la
irritación social por las tragedias de Tlatlaya e Iguala, la sombra de
ingobernabilidad cubre áreas crecientes del territorio y el espacio
político nacionales.
El círculo vicioso del cinismo político tiene
consecuencias nefastas en todos los ámbitos y niveles de la relación
entre gobernantes y gobernados: violencia, inseguridad, desapariciones,
incineraciones, violación de derechos humanos, corrupción electoral
–compra clientelar del voto, pago subrepticio de cobertura informativa y
financiamiento ilegal de las campañas a cambio de contratos–,
connivencia de las autoridades con el crimen organizado, peculado,
conflicto de interés, tráfico de influencias, lavado de dinero, moches y
soborno como condición indispensable para realizar cualquier contrato
con el gobierno, economía informal, bajo crecimiento de la productividad
y el crecimiento económicos, desigualdad, así como magros resultados en
el combate a la pobreza. Estos son algunos efectos de la corrupción
impune cobijada por el cinismo.
La incertidumbre se ha apoderado de la nación, sin que el
gobierno tenga conciencia de la dimensión del desafío que enfrenta,
menos aun de cómo resolverlo. Por el contrario, los asesores del mandatario
se han concentrado en la búsqueda de una fórmula jurídica para evitar
que los abusos y corruptelas cometidos en las borrascosas cumbres del
poder puedan ser conocidos por la opinión pública. La estrategia
pretende recuperar el control y la discrecionalidad presidencial en
materia de transparencia, acceso a la información y combate a la
corrupción. Ello supone un grave riesgo de retroceso de los derechos
democráticos contenidos en la Ley de Transparencia y en el Sistema
Nacional Anticorrupción que se discuten en el Congreso.
La regresión en la Ley de Transparencia es promovida por
la Consejería Jurídica de la Presidencia, el PRI y el Partido Verde en
el Senado. Se pretende limitar el acceso a la información en casos de
“seguridad nacional” y “estabilidad financiera”, al igual que en
fideicomisos administrados por Hacienda y el Banco de México. Ante la
amenaza de limitar la transparencia, el IFAI exigió a los senadores
establecer parámetros específicos para evitar que se vulnere el derecho
de acceso a la información. Asimismo, los comisionados del IFAI sugieren
que se transparente el monto y el nombre de las personas a las que se
les ha condonado un crédito fiscal. Tres de los siete comisionados
pidieron al Senado establecer la obligación de los servidores públicos
de transparentar su declaración patrimonial y potenciales conflictos de
interés. La independencia y eficacia del Sistema Anticorrupción está
igualmente amenazada por el gobierno y sus aliados en el Congreso.
¿Podrá frenarse la consumación de dichos atracos legislativos?
El triunfo del cinismo supone la derrota de la legalidad,
el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Significa la
victoria de la corrupción y la impunidad sobre la convivencia pacífica y
el respeto de los derechos de los ciudadanos en el marco de la igualdad
ante la ley. Implica el sometimiento de la civilidad frente a la
barbarie. Más aún: El triunfo del cinismo pone en riesgo el crecimiento
económico, lo mismo que la estabilidad del
país, y conduciría al fracaso de las reformas emprendidas por el
gobierno actual. En su libro Una utopía mexicana, recién publicado por
el Wilson Center, Luis Rubio afirma que el estado de derecho es posible.
Coincido con el diagnóstico: el imperio de la legalidad es el cambio
que el país requiere. Pero no comparto su optimismo, no creo que el
presidente Peña Nieto tenga la visión, el liderazgo ni el interés de dar
un viraje radical “abandonando con ello todas las estructuras, cultura y
reglas que caracterizaron al viejo sistema”. Por el contrario, veo en
el mandatario a un convencido heredero del Grupo Atlacomulco, fiel al
principio patrimonialista de su fundador: concebir a la política como
medio para el enriquecimiento personal y de su camarilla. Eso no se
quita.