MÉXICO, D.F. (Proceso).- En la víspera del cierre del periodo
ordinario de sesiones del Senado, el lunes 15, el presidente de la
Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, detectó que en la minuta de la
Ley Orgánica sobre la Fiscalía General de la República proveniente de
la Cámara de Diputados se introdujo un transitorio que le permitiría al
actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús
Murillo Karam, ser ratificado en el cargo hasta 2021 y estar al mando de
las otras dos fiscalías, la de Delitos Electorales y la Anticorrupción.El senador panista, responsable de la dictaminación de esta nueva ley, se acercó al coordinador de la bancada perredista, Miguel Barbosa, y le advirtió de esta argucia legal que prácticamente dejaba al cuestionado procurador general seis años más, pese a la crisis provocada por sus investigaciones en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y sus escasos frutos en los expedientes sobre anticorrupción.
Barbosa, presidente también de la Mesa Directiva del Senado, le dijo a
Gil Zuarth y a otros senadores que estaban presentes en el salón de
sesiones que la permanencia de Murillo Karam no debía ser un problema
para aprobar la minuta, pues él tenía información en torno a que el
próximo 6 de enero el exgobernador de Hidalgo sería removido de la PGR.
A pesar de estas negociaciones de última hora, la bancada del PAN
decidió no aprobar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, ya
que la autonomía de la nueva Fiscalía General de la República no iba a
estar garantizada y en los más de 40 artículos del proyecto de dictamen
sólo le dedicaban una fracción a la Fiscalía Anticorrupción, una de las
propuestas centrales de Acción Nacional durante las negociaciones de la
reforma política con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI.
“El PAN decidió no transitar en esta reforma por tres razones
principales: No había tiempo suficiente para dictaminar; no se
garantizaba la autonomía de la Fiscalía General de la República, con la
posibilidad de que permanezca el actual procurador; y la minuta
proveniente de la Cámara de Diputados sólo le otorgaba un párrafo a las
fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales”, explicó Gil Zuarth.
En entrevista telefónica con Proceso, el senador panista argumenta
que las “definiciones centrales sobre las fiscalías Anticorrupción y de
Delitos Electorales las mandaron al reglamento y no a la Ley Orgánica de
la Fiscalía General de la República”.
Esta situación se volvió “intransitable” para el PAN, la segunda
fuerza política en el Senado. El PRI, coordinado por Emilio Gamboa
Patrón, amagó con sacar el dictamen de la Fiscalía General a través de
la mayoría de firmas de los integrantes de la Comisión de Justicia. Esto
hubiera implicado el apoyo de la bancada del PRD.
Finalmente esta posibilidad no se concretó. En el último día del
periodo ordinario de sesiones del Senado, el PRI no pudo sacar ninguna
de las leyes que le interesaban al Ejecutivo Federal: Las reformas a la
Ley de Obras, la Fiscalía General y el “decálogo” en materia de
seguridad pública y mando único de las policías, mientras que el PRD
tampoco pudo concretar la reforma política del Distrito Federal, la
cual, una vez más, quedó para el próximo año; el PAN tampoco garantizó
el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción.
“La minuta proveniente de la Cámara de Diputados está mal armada. No
desarrolla correctamente las funciones de las dos fiscalías, tal como el
PAN las había desarrollado en la reforma constitucional. No podíamos
avalar una minuta que achicaba las funciones de los fiscales”, señala
Gil Zuarth.
“Puro charalito”
–¿Qué hubiera implicado aprobar un fiscal anticorrupción con esa minuta? –se le pregunta a Gil Zuarth.
–Un fiscal anticorrupción sin posibilidad de ejercer citatorios de
oportunidad implicaba que iba a agarrar a puro charalito y a los grandes
tiburones de la corrupción no los podría perseguir –afirma.
–¿Cuáles son los siguientes pasos para aprobar la nueva Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República?
–Vamos a discutir este tema en el paquete de seguridad pública y
justicia, en enero. Esto incluye las propuestas del Ejecutivo federal
(el decálogo que anunció Peña Nieto el 27 de noviembre). Para nosotros
lo más importante es que se diseñen dos fiscalías muy potentes y que se
den garantías de autonomía del Fiscal General de la República, que no
sea una extensión del presidente de la República, y que el Senado pueda
intervenir y sancionar sus decisiones.
La autonomía de la PGR y su transformación en Fiscalía General de la
República fue una propuesta que introdujo el PAN en la reforma política.
El gobierno federal aceptó, siempre y cuando no afectara a la actual
administración peñista y entrara en vigor en 2018. Sobre estas bases las
tres principales fuerzas políticas han negociado en el Congreso el
diseño de la Fiscalía General y sus dos fiscalías dependientes.
En conferencia de prensa el miércoles 17, Barbosa aclaró que el PRD
“no está de acuerdo en los contenidos que recibimos como minuta de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”, y que ese partido
“pugnará por reformar, adicionar lo que recibimos para que haya una
Fiscalía Anticorrupción con herramientas claras, adecuadas, firmes para
el desempeño de su función, y no hay intercambio”.
“No es un asunto de ‘dame tú, te doy yo’, son temas diferentes donde
los contenidos y alcances son diferentes y donde en el parlamento no
puede existir esa forma de resolver asuntos tan importantes”, afirmó
Barbosa al ser cuestionado sobre si el PRI no condicionó su apoyo a la
reforma política del Distrito Federal a cambio de que se aprobara la
permanencia de Murillo Karam al frente de la PGR nueve años más.
