MÉXICO, D.F. (Proceso).- Pocos días después de que Enrique Peña Nieto
pronunciara un discurso lleno de optimismo ante la Asamblea General de
la ONU, donde invitó a los países del mundo a seguir el ejemplo de su
país, “que se atrevió a cambiar”, la crisis política en México derrumbó
sus ánimos triunfalistas. Los acontecimientos de Tlatlaya y Ayotzinapa
tuvieron el efecto de sacar a la luz problemas estructurales del sistema
político mexicano que han sacudido no solamente a los mexicanos, sino
al mundo entero.
Sin embargo, pronto se advirtió que una cosa es aprobar leyes y
reglamentos; otra muy distinta es implementarlos en un ambiente pleno de
dificultades, al menos en ciertas regiones del país. La presencia de
grupos violentos que hacen ingobernables ciertas partes de Guerrero,
Oaxaca o Tamaulipas era conocida. También era conocida la presencia de
grupos de autodefensa que han decidido tomar la aplicación de la ley en
sus manos ante la situación insoportable creada por el crimen organizado
en Michoacán; a nadie sorprende el caos que reina allí.
Al mismo tiempo, instituciones internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales venían señalando desde hacía varios años el contubernio
existente entre mandos estatales, alcaldes y policías con el crimen
organizado. Habían documentado, también, las desapariciones forzadas,
cuyo caso más dramático habían sido los 72 migrantes asesinados en
Tamaulipas. Las fosas clandestinas que se reportan recientemente no son
una novedad.
A lo anterior cabe añadir los datos proporcionados por el INEGI
respecto del funcionamiento del Sistema de Justicia en México y los
escalofriantes estudios del CIDE que confirman la desigualdad en la
aplicación de la ley y los grados de impunidad que prevalecen.
A la mayor toma de conciencia sobre tales problemas, propiciada por
el auge mediático que adquirió Ayotzinapa, se sumó el desprestigio del
jefe del Ejecutivo y parte de su gabinete, derivado de las
investigaciones periodísticas relativas a los tratos sospechosos con
inversionistas privilegiados por el gobierno, los cuales sugieren
conflicto de intereses y presunta corrupción a gran escala en la élite
política.
Si a todo ello agregamos la pérdida de credibilidad de los partidos
políticos –en particular del PRD, por pertenecer a ese partido el
presidente municipal coludido con el crimen organizado que resultó en la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa–, el problema de la
carencia de canales de expresión partidaria del descontento se coloca
como un factor grave que profundiza aún más la crisis política con que
termina 2014.
Desde el punto de vista de la economía, la situación no es mejor.
Durante el primer año de gobierno de Peña Nieto las esperanzas en el
“momento mexicano” que permitiría crecer 5% al año se vieron
drásticamente reducidas cuando sólo se alcanzó un modestísimo 1.2%. En
2014 las cosas no van por buen camino. Aunque todavía no se conoce el
resultado de la actividad económica del cuarto trimestre, la mayoría de
analistas coincide en que, con buena suerte, se logrará 2.1%. Lo peor es
que la situación no pinta mejor para el año entrante. ¿Qué ha sucedido?
Una primera respuesta es la poca atención que el “brillante” grupo de
economistas que conduce el país ha dado a los factores externos. Para
quien apostó tanto a una reforma energética que, según se dijo, atraería
miles de millones de dólares, era necesario tener claros los diversos
escenarios sobre la evolución del precio del petróleo. Cierto que dicho
precio puede ser muy volátil, pero introducir esa incertidumbre era
obligatorio, al menos en el discurso político con que se vendió la
reforma energética a la ciudadanía.
No es fácil predecir cómo afectarán las nuevas circunstancias al
interés de los inversionistas que buscan producir gas de esquisto en
México o sacar el petróleo que se encuentra en aguas profundas y
ultraprofundas del Golfo de México. Posiblemente sólo habrá un retraso y
llegarán uno o dos años después de lo previsto. En términos políticos,
ese retraso puede ser enorme. Va de por medio lo que Peña Nieto pueda
ver durante su sexenio.
Al terminar 2014 dos grandes preguntas están sobre la mesa. La
primera es: ¿Se podrá controlar la crisis política y encauzar el país
por una senda de normalidad democrática? La respuesta no puede ser
optimista. Hay demasiados riesgos a lo largo del país (Guerrero, Oaxaca,
Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Estado de México) como para creer que
la solución se puede encontrar en el corto plazo.
La siguiente pregunta tiene que ver con el crecimiento económico. ¿Se
logrará crecimiento económico por encima de 3.5% el próximo año? La
inversión extranjera es clave, pero no es suficiente. El problema más
serio reside en la incapacidad, soberbia y ensimismamiento que ha puesto
en evidencia durante estos primeros años el grupo en el poder. Desde la
reforma fiscal hasta el manejo en general del país, caracterizado más
por colocar obstáculos que por alentar la inversión y solución de
problemas, México se encuentra lejos de un gobierno modernizador y
eficiente. El “proyecto de nación” que va a transformar a México ni ha
podido ser transmitido a la ciudadanía ni ofrece resultados tangibles.
En resumen, la herencia de 2014 es una de incertidumbres y temores.
Pronto sabremos por dónde se encauza el país en 2015. Por lo pronto, hay
la impresión de que puede ir hacia el ojo de la tormenta o permanecer
bajo un cielo lleno de nubarrones.
