América Latina, la región más desigual
del mundo, no podrá superar este flagelo si no acaba también con la
corrupción. Expertos señalan que, además de un problema económico, la
desigualdad es un asunto de falta de transparencia y de participación
ciudadana. Finalmente, es otro caso de impunidad
Diego Arguedas Ortiz/IPS/Tierramérica/Ilustraciones: Manrique / Contralinea
San José, Costa Rica. La transparencia política y los datos abiertos como una política pública necesitan un ingrediente activo para lograr un cambio social que atempere la desigualdad en América Latina: la participación de la ciudadanía, coinciden especialistas regionales consultados por Inter Press Service (IPS).
Ése es el eslabón que enlaza los datos
abiertos con la transformación de la sociedad y democratiza el acceso a
derechos y oportunidades, dicen activistas y representantes
gubernamentales que trabajan para democratizar el acceso a la
información y los procesos públicos en la región.
Durante el Encuentro Regional de las
Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrado a finales de
noviembre pasado en San José de Costa Rica, expertos en transparencia martillaron una idea una y otra vez: sólo la ciudadanía empoderada podrá transformar la información pura en una mejor democracia.
“Sólo abrir un dato nunca cambió la
realidad de nadie, ni redujo la brecha de desigualdad. Sólo abrir un
dato por sí mismo no hace eso. Milagros no hay”, explica a IPS el
coordinador de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos,
Fabrizio Scrollini.
Lo que sí acontece, dice, “es que con
determinada política hay un set de acciones paralelas que pueden ser
grandes facilitadores de estos procesos de empoderamiento” de las
sociedades regionales.
Scrollini insiste en que la integración
de la ciudadanía permite convertir un simple avance tecnológico, como
podría ser una plataforma o un sitio de información estatal, en una
herramienta de cambio social. El cambio se construye desde la base y con
la gente, asegura.
Pone como ejemplo el proyecto uruguayo
Por mi Barrio, que permite a los habitantes de la capital Montevideo
reportar incidentes en su comunidad, desde baches y pilas de basura
hasta problemas de alumbrado público, y ser recibidos inmediatamente por
la administración de la ciudad.
Para lograr esto, el gobierno municipal
permitió por primera vez a los desarrolladores, un grupo de la sociedad
civil, integrarse a su sistema informático.
“Acerca el gobierno a todos los sectores
de la población. Estamos haciendo talleres en todos los barrios para
poder informar”, señala a IPS el uruguayo Fernando Uval.
El énfasis “se pone especialmente en los
que menos acceso tienen a la tecnología, para que puedan reportar
problemas de su barrio y mejorar su condición de vida”, explica este
representante de la organización Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a
la información (Data), impulsora de Por mi Barrio.
La clave, dicen los expertos, está en
hacer de los datos abiertos y las políticas públicas de transparencia un
medio para lograr un cambio social, y no un fin por sí mismos.
Además, si existiera abierta toda la
información en tiempo real, las políticas públicas y la respuesta de la
ciudadanía ante la problemática social podrían ser más acertadas.
“Si tuviéramos en un formato totalmente
abierto la información gubernamental para que un politólogo pueda saber
dónde está la desigualdad –mediante el índice de Gini que la mide, por
ejemplo– y combinar con datos relacionados con crecimiento económico o
poblacional, podríamos to-mar mejores decisiones”, asegura a IPS la
salvadoreña Iris Palma. La experta es directora ejecutiva de la
organización no gubernamental DatosElSalvador, dedicada a liberar
información pública en el país centroamericano.
Los datos abiertos son información
pública liberada de modo que permiten a otras personas apropiársela para
construir cosas, en formatos que pueda hacer sencillo su manejo.
Por ejemplo, si un economista fuera a
pedir la información de un censo, le sería más útil en versión digital,
para analizarlos con modelos y programas estadísticos, en lugar de
recibirlos únicamente en versión impresa.
En el caso del concepto del gobierno
abierto, éste promulga que la administración pública debe ser
transparente, dar fácil acceso a la información, rendir cuentas a los
ciudadanos e integrarlos en la toma de decisiones.
En la región más desigual del mundo y
sujeta durante décadas a regímenes autoritarios, el concepto de un
gobierno participativo es relativamente reciente.
“Pasamos de Estados y gobiernos que
operaban con el secreto como lógica a un cambio radical, con la apertura
como lógica”, dice Scrollini.
“Eso muestra nuevos desafíos, porque la
información debe ser usada, y para ser usada deben haber políticas que
ayuden a que sea usada; y hay que empoderar a la gente para hacerlo”,
añade.
A pesar de esto, la sociedad civil latinoamericana está sacando provecho al concepto.
Los ciudadanos de México pueden consultar en qué se usa su dinero mediante el programa Presupuesto Abierto, por ejemplo.
En el ámbito regional, la Red
Latinoamericana para la Transparencia Legislativa integra esfuerzos de
vigilancia de congresos en nueve países de la región.
Mientras, en Costa Rica, unos
emprendedores veinteañeros tomaron datos públicos del Ministerio de
Economía para crear una aplicación para teléfono inteligente llamada
Ahorre Más, que ayuda a tomar decisiones a la hora de comprar en el
supermercado.
“En el tema de gobierno abierto, América
Latina y el Caribe están un paso adelante y llevando la delantera en
todo el mundo”, dice Alejandra Naser, investigadora de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quien facilitó un
taller sobre gobierno abierto durante el encuentro continental.
“Precisamente por eso queremos reforzar
esto con herramientas para los tomadores de decisiones”, apunta. El reto
es precisamente cómo integrar a los ciudadanos a estos procesos.
Scrollini desconfía de la tecnología como
único camino para los datos abiertos y más bien invita a repensar las
viejas herramientas de consulta social, como talleres o reuniones de
vecinos, para identificar cómo puede incorporarse la visión ciudadana en
el diseño de estas políticas.
Otros métodos buscan integrar a grupos
clave de la población, que luego puedan desatar un uso mayor por parte
de otros sectores sociales: desde maratónicas sesiones donde se invita a esos grupos a trabajar con datos hasta programas de fondo con los usuarios del futuro.
“Trabajamos activamente en hackatones
(encuentros para el desarrollo colaborativo de programas), para que los
periodistas se involucren, porque estos periodistas van liderando el
involucramiento de la sociedad”, expone Cristiana Zubilega, directora
ejecutiva adjunta de la gubernamental Agencia de Gobierno Electrónico y
Sociedad de la Información de Uruguay.
Al mismo tiempo, explica: “Trabajamos con
la academia para formar a los estudiantes en el manejo de datos”. Otro
aspecto importante es la cooperación internacional, gran financiadora de
estos programas en la región, destaca que es fundamental apoyar a
grupos de la sociedad civil que ya tienen camino andado y pueden servir
como punta de lanza.
“Apoyamos a organizaciones que pueden
traducir la información en términos comprensibles para la ciudadanía,
mostrándoles cómo pueden involucrarse y que la disponibilidad de
información les compete”, explica Ana Sofía Ruiz, oficial del Programa
para Centroamérica del Instituto Humanista de Cooperación con Países en
Desarrollo (HIVOS, por su sigla en holandés).
“Tratamos de acercar esto a la gente
para que se involucre”, destaca a IPS la representante de la
organización no gubernamental holandesa, que ha financiado proyectos
como Ojo al Voto, una iniciativa costarricense que brindó información
independiente durante las elecciones presidenciales y legislativas de
2014.
Ahora HIVOS pretende servir de observatorio del trabajo parlamentario en la Asamblea Legislativa costarricense.
