Antonio Gershenson | Opinión-La Jornada
Hace una semana, partiendo del accidente de Buenavista, en Cananea, Sonora, enumeramos otros, petroleros, que resultaron relativamente baratos para los responsables de la o las instituciones. El primero fue en la refinería de Pemex en Ciudad Madero, el 11 de agosto pasado. El segundo, la explosión en el edificio central de Pemex, en febrero del año pasado. El tercero, en la de la plataforma Usumacinta, del 23 de octubre de 2007. No sólo no les costaron caro, ni a la empresa privada en su caso, ni menos a los funcionarios de Pemex involucrados.
Hace una semana, partiendo del accidente de Buenavista, en Cananea, Sonora, enumeramos otros, petroleros, que resultaron relativamente baratos para los responsables de la o las instituciones. El primero fue en la refinería de Pemex en Ciudad Madero, el 11 de agosto pasado. El segundo, la explosión en el edificio central de Pemex, en febrero del año pasado. El tercero, en la de la plataforma Usumacinta, del 23 de octubre de 2007. No sólo no les costaron caro, ni a la empresa privada en su caso, ni menos a los funcionarios de Pemex involucrados.
Vamos a agregar otro caso de
accidente barato, porque a veces ni siquiera se les considera accidentes, sino parte del proyecto normal.
Ya lo hemos mencionado, ahora vamos a ver si les costaron a las
trasnacionales Halliburton y Schlumberger, que desde hace más de un año
empezaron a perforar pozos en nueve municipios de Nuevo León, mediante fractura
hidráulica (fracking), para extraer gas de lutitas del subsuelo. Desde
entonces han ocurrido temblores y producido cuarteaduras en muros de por lo
menos 45 viviendas. Podrán negarlo, pero recordamos que éste ha sido un
accidente o incidente. Afectó a los habitantes de las viviendas, y no les costó
ni un centavo a las trasnacionales.
Este método, fracking, consiste en inyectar en el subsuelo grandes
cantidades de agua (y que se amuelen los que la necesitaban), arena y unos 600
productos químicos para fracturar rocas impermeables, para obtener gas o, a
veces, petróleo. La técnica está prohibida en más de 20 países, incluso
europeos. En Estados Unidos ya está prohibido en Vermont, Nueva Jersey y Nueva
York. Son estados importantes y con mucha participación de la población. El agua
usada no sólo es mucha, sino que queda contaminada y ya no se puede volver a
usar.
Se plantea hacer este proceso en México, incluso en estados del norte muy
poblados y con escasez de agua, por lo menos en una parte del año. Y donde el
agua se usa para consumo humano, para pesca o para riego, pues que se amuelen;
ya vimos y vamos a seguir viendo, que las trasnacionales tienen
preferencia.
Vamos a ver ahora un accidente, o si quieren incidente, que sí le salió muy,
pero muy caro, a la trasnacional British Petroleum. Comenzó el 20 de abril de
2010.
Una máquina submarina exploradora petrolera estaba trabajando en Macondo, en
el Golfo de México, y una explosión incendió el equipo, con resultado de 36
horas de fuego y 11 muertos.
El costo para la British Petroleum, hasta el 31 de diciembre de 2013, fue
enorme. No se trataba sólo de equipo y combustible perdidos, sino de multas en
serio, no como las de aquí. La propia empresa calcula el total, hasta esa fecha,
en más de 14 mil millones de dólares.
Las pérdidas obligan a realizar inversiones en gran escala, para llegar a una
nueva forma de llevar a cabo este trabajo que evite un nuevo accidente similar
al anterior.
Debemos apreciar el contraste entre los dos escenarios, para que veamos el
tremendo ahorro de las trasnacionales en México, que pueden tener accidentes sin
un costo notable. Entonces, pueden no invertir en la seguridad, ni en
previsiones, ni en equipos de mayor seguridad; ni en nada por el estilo, pues si
hay incidentes, si hay casas con paredes rajadas o incluso derribadas, no les
afecta de manera sensible. Ese es el gran atractivo para sus inversiones en
México.
Por eso se les apoya incluso en las nuevas leyes. No hay como la impunidad,
como la que muestran las empresas que sacan y procesan para obtener gas en Nuevo
León, o como el dueño de Buenavista, en Cananea.
Claro, los que sí pagan son los habitantes de las casas dañadas o derribadas,
los campesinos que se quedaron sin tierra, los afectados por la pérdida de una
presa (por lo menos temporal como en Sonora, no digamos si es pérdida
definitiva), los que pierden su trabajo, los que tienen que pagar más caros los
alimentos y/o sus combustibles, etcétera.
