Con las autoridades del Distrito Federal aún enredadas con dictámenes técnicos parciales, confusos y hasta contradictorios, en medio de controversias legales y pronunciamientos de sesgo político, la Contraloría local ya tiene una lista de 19 funcionarios de la actual administración y de la pasada a los que sancionará. Entre ellos no se encuentran, por supuesto, ni los directores del Sistema de Transporte Colectivo ni los jefes de Gobierno.
La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal se apresta a sancionar al menos a 19 funcionarios que tuvieron a su cargo la construcción de la obra civil y electromecánica de la Línea 12 del Metro, así como la adquisición de los trenes, pero lo hará sin un dictamen técnico que establezca claramente las causas de las fallas por las que siguen inhabilitadas 11 de sus 20 estaciones.
En la relación de procedimientos disciplinarios administrativos iniciados por el ente fiscalizador figuran 16 funcionarios y exservidores públicos del Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF, actualmente en liquidación) y tres del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Ni el exjefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard Casaubón, ni el actual director del Metro, Joel Ortega Cuevas, aparecen en la lista de la contraloría, pese a que el segundo recibió la obra “en condiciones de operar” e incumplió los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo, según evidencian dictámenes de empresas certificadoras (Proceso 1950 y 1951).
De acuerdo con dichos expedientes, iniciados a partir de una denuncia formulada por Ortega Cuevas el pasado 12 de febrero (oficio 10000/0029/2014) y de los que este semanario tiene copia, la responsabilidad por las fallas en la Línea Dorada recaerá en los exdirectores del PMDF y del STC, Enrique Horcasitas Manjarrez y Francisco Bojórquez Hernández, respectivamente.
La contraloría señala a Horcasitas por no supervisar las labores de seis de sus directores de área durante la construcción de la Línea 12 y por permitir que la obra se entregara sin terminar, el 30 de octubre de 2012, un mes antes de que Ebrard fuera sucedido en el gobierno por Miguel Ángel Mancera.
A Bojórquez Hernández le imputa el incumplimiento de la normatividad en la firma de un contrato de prestación de servicios de un torno rodero de fosa (máquina que sirve para mover los trenes en las vías), transacción que derivó en un quebranto patrimonial.
Horcasitas Manjarrez debe comparecer este lunes 7 ante el director de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la contraloría, Jesús Antonio Delgado Arau.
Según el expediente CG DGAJR DRS 0113/2014, el exdirector del PMDF “omitió supervisar” el trabajo de los directores de área José Pascual Pérez Santoyo, de Administración de Contratos; Moisés Guerrero Ponce, de Construcción de Obras Civiles; Juan Antonio Giral y Mazón, de Diseño de Obras Civiles; Sotero Díaz Silva, de Diseño de Instalaciones Electromecánicas; Kooichi Mario Endo Jiménez, de Obras Inducidas, y Carlos Raúl Cruz Neri, de Instalaciones Electromecánicas.
En la documentación se indica que Horcasitas también permitió que sus subordinados recibieran la obra “sin terminar y con diversas inconsistencias” el 30 de octubre de 2012, como dio fe el notario público 64 del Distrito Federal, Luis G. Zermeño.
Según la contraloría, eso contraviene el primer párrafo del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas capitalina, “ya que no verificaron que los trabajos estuvieran debidamente concluidos, toda vez que recibieron los trabajos de manera preliminar con diversas inconsistencias”.
En la fe notarial del 10 de agosto de 2012 constan las siguientes observaciones: falta de servicio en sanitarios, fugas de agua y filtraciones en techo en estaciones, bamboleos en trenes y soldaduras rotas en diversos tramos, “lo que genera que los trenes estén resintiendo daños”.
También encontró obstrucción en el drenaje por acumulación de agua y arena, falta de servicio de escaleras y elevadores, registros sin tapas y subestaciones de rectificación sin energizar.
En la fe notarial del 20 de agosto siguiente se reportaron retrasos en la salida de trenes del depósito, sanitarios sucios y con mal olor, fallas en escaleras eléctricas y elevadores, bamboleo en trenes y soldaduras, así como la falta de relleno de balasto en una curva.
La tercera fe notarial, fechada el 6 de septiembre del mismo año, registró movimientos diferenciales entre rieles (bamboleos) en las 20 estaciones y en ambas direcciones de la Línea 12. En las estaciones elevadas se detectaron “ligeros golpes en soldaduras”.
A pesar de esas “inconsistencias”, refiere la contraloría, el 30 de octubre el PMDF entregó la obra al STC, hecho que contraviene la cláusula primera del contrato en el que el consorcio constructor formado por ICA, Alstom y Carso se comprometió a entregar la obra “hasta su total terminación”.
Otra falta que achacan los fiscalizadores a Horcasitas es haber recibido la obra con una simple constancia de hechos, contra lo que establecen las leyes de Obras Públicas y Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Sin embargo, una semana antes de la inauguración de la Línea 12, José Pascual Pérez Santoyo, entonces director de Administración de Contratos del PMDF, le preguntó a la directora general de Legalidad de la contraloría, Patricia Gómez Ortiz, si el STC estaba facultado para recibir la obra de manera preliminar (oficio GDF/SOS/PMDF/DAC/1332/2012).
Dos días después, ya con el tiempo encima, la funcionaria respondió a Pérez Santoyo que es “legalmente procedente” que el PMDF “la reciba de forma preliminar, a efecto de que el área responsable de su operación –el STC— la ponga en funcionamiento sin demérito (de) que en su oportunidad se cumpla con las formalidades y plazos establecidos en la ley de la materia y el contrato respectivo para la recepción formal de los trabajos, previa constatación de su ejecución y conclusión” (oficio CG/DGL/227/2012).
No obstante, la funcionaria consideró “pertinente” que el PMDF solicitara al consorcio constructor que le entregara previamente la garantía de vicios ocultos, defectos y otras responsabilidades (por mil 758 millones de pesos), “a efecto de salvaguardar los intereses de la administración pública ante posibles defectos o vicios ocultos u otras responsabilidades que pudieran surgir en la operación de la obra pública”.
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| Un convoy del Metro realiza pruebas en la línea 12. Foto: Xinhua / Pedro Mera |
Daño al erario
El procedimiento sancionatorio iniciado contra el exdirector del Metro Francisco Bojórquez Hernández es por un presunto quebranto al erario por 2 millones 552 mil dólares (alrededor de 33 millones 23 mil pesos), derivado de la firma de un contrato de prestación de servicio.
Según el expediente CG DGAJR DRS 0067/2014, a Bojórquez se le atribuye haber firmado el convenio modificatorio 05/2011, del 12 de mayo de 2011, relativo al Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo STC-CNCS-009/2010.
El problema fue que se adquirió un “torno rodero de fosa por un importe de USD 2’200,000.00 más impuestos al valor agregado, lo que da un total de USD 2’552,000.00”, lo que indebidamente modifica las condiciones del servicio inicialmente pactado en el contrato, ya que su objeto era poner a disposición del STC un lote de 30 trenes nuevos de rodadura férrea que circularan en la Línea 12, “no la adquisición del bien”.
A decir de la contraloría, Bojórquez infringió así el artículo 65, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, e “inobservó” el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fracción XXIV, referente a las obligaciones de los funcionarios.
El convenio modificatorio fue firmado también por el subdirector general de Administración y Finanzas del Metro, Juan Carlos Mercado Sánchez, y por Maximiliano Zurita Llaca, apoderado legal de las empresas CAF México y Provetren.
La contraloría local consideró que el cambio en el convenio fue sustancial porque se modificaron las condiciones de los bienes o servicios inicialmente pactados. Según la Cláusula Segunda, “ambas partes aceptan que se requiere un torno rodero que sea compatible con los bogies (conjuntos de ruedas) a ser colocados en los trenes objeto del contrato, por lo que el prestador de servicios acepta asumir dicha obligación”, con ciertas condiciones de operación y tiempo.
Tal modificación se realizó porque el 3 de mayo de 2011 Zurita le envió a Bojórquez un oficio para informarle que el torno mencionado en el Contrato de Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Construcción de la Línea 12 “no podrá ser utilizado para el reperfilamiento y rectificación de las ruedas férreas y discos de los bogies que serán instalados en los trenes” del Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS) para poner a disposición del Metro los 30 trenes nuevos.
Entonces Zurita le propuso a Bojórquez colocar un torno rodero de fosa “que cumpla las especificaciones de los bogies a ser instalados en los trenes”.
No fue la primera advertencia. El 13 de diciembre de 2010, Enrique Horcasitas, entonces director del PMDF, le envió a Bojórquez el oficio GDF/SOS/PMDF/DDIE-3198/201. Ahí señala:
“La fabricación y obra civil del torno rodero de fosa y grúa viajera tienen impacto en tiempo y costo, ya que actualmente sus actividades están determinadas por tal situación, por lo que es urgente que el Sistema de Transporte Colectivo nos indique si deben modificarse los equipos y si absorberá los impactos, cuyo monto estimado proporcionado por el consorcio es de 7 millones 924 mil 795 pesos, o seguir con el proyecto original, cuyos equipos no podrían ser utilizados por los trenes con el nuevo bogie”.
Destacó que el PMDF “no cuenta con la justificación y presupuesto para absorber el impacto, por tratarse de un proyecto integral que no puede modificarse en monto y plazo”.
De momento, la Contraloría General del Distrito Federal citó a Bojórquez el 28 de mayo pasado para que comparezca a fin de, “por sí o por medio de un defensor, ofrecer pruebas y formular alegatos respecto de la irregularidad que presuntamente se le atribuye”.
La lista
Los funcionarios de la presente y la pasada administración del PMDF a quienes se fincarán responsabilidades por las fallas de la Línea 12 del Metro son:
Reyna María Basilio Ortiz, directora Ejecutiva de Operación (exdirectora de Administración de Contratos); Juan Armando Rodríguez Lara, director general de Administración; Filiberto Salazar García, jefe de Unidad Departamental (JUD) de Obra Civil C y José Guadalupe Rojas Lizaola, subdirector de Obra Civil C, quien fue JUD de Residencia en Obra Civil C1 en la pasada administración y relacionado con la construcción de las curvas 1 y 2, es decir, el tramo donde se encontró mayor desgaste ondulatorio de las vías.
También figuran en la lista Antonio Escobedo Maciel, JUD de Obra Civil A; Noé Quiroz González, JUD de Residencia de Obra Civil B3 en la anterior administración; Enrique López Novia, JUD de Residencia de Obra A1; José Gerardo Verdeja Alatorre, JUD de Residencia de Obra A4 en el anterior gobierno, y Eduardo Arturo Taboada o Fernando Taboada Meraz, exdirector de Construcción de Instalaciones Electromecánicas.
En la lista se encuentra Óscar Leopoldo Díaz González Palomas, subdirector general de Mantenimiento del Metro e incondicional de Ortega Cuevas desde que fue jefe delegacional de Gustavo A. Madero.
Díaz González Palomas participó en la parte electromecánica de la Línea 12, en su momento dio su visto bueno para recibir la obra y, más aún, aprobó que se pusiera en operación (Proceso 1950 y 1951).
El otro exfuncionario del Metro sujeto a procedimiento disciplinario es Juan Carlos Mercado Sánchez, subdirector general de Administración y Finanzas en el anterior gobierno.
El pasado jueves 3, el titular de la contraloría capitalina anunció que en los próximos días dará a conocer las sanciones correspondientes.
Fuente: Proceso
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