Editorial-La Jornada
Luego de 17 horas de discusión, el Senado de la República aprobó en
lo general y lo particular las leyes secundarias en materia de
telecomunicaciones, proceso que debió haber culminado hace más de seis
meses. El dictamen avalado por los senadores establece que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, órgano regulador del ramo, emitirá declaratorias de
preponderancia por sector (telecomunicaciones o radiodifusión) y no por servicio
(televisión abierta o restringida, radio, telefonía fija o móvil e Internet),
como demandaban legisladores de oposición, académicos y organizaciones de la
sociedad civil. Para efectos prácticos, dicha disposición implica que no se
trastocarán los intereses del duopolio televisivo, particularmente de Televisa,
en el creciente mercado de la televisión de paga, y que se afectarán, en cambio,
los de su principal competidor: América Móvil, de Carlos Slim.
Por lo anterior,
diversas voces dentro y fuera de las cámaras legislativas han venido denunciando
que la referida ley está concebida y diseñada para beneficio de la televisora de
Chapultepec, una suerte de redición de la ley Televisa aprobada en 2006
y posteriormente declarada inconstitucional en sus partes medulares por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero más allá de los enjuagues y los choques entre poderes fácticos como los
que representan los consorcios de Emilio Azcárraga y Carlos Slim –que en esta
ocasión parece haberse definido en favor del primero–, un punto medular de la
referida ley es que apunta a perpetuar y fortalecer el predominio empresarial
sobre el espectro radioeléctrico, circunstancia que violenta la libertad de
información y el acceso a la información de otros sectores, y propicia el sello
mercantilista y publicitario de los contenidos, de por sí extremado en la
actualidad.
Otro punto preocupante de esta ley, que han sido poco atendido en el debate
público, es el hecho de que se faculta a las agencias de seguridad del Estado
mexicano para recolectar datos de comunicaciones y de actividad en línea de los
ciudadanos, sin control judicial, bajo la presunción de que pudieran estar
siendo usadas para cometer delitos. Dicha disposición abre un margen de maniobra
inaceptable para las violaciones a la privacidad y para la censura.
Por si fuera poco, durante el proceso legislativo que concluyó ayer en el
Senado pudo apreciarse una clara intromisión del Ejecutivo en tareas que
corresponden exclusivamente al Legislativo, como el hecho de que el dictamen
discutido y avalado fue redactado, en sus partes sustanciales, en la Presidencia
de la República. Ello da cuenta de un retroceso a tiempos que se creían
superados, en los que los legisladores se alineaban a la voluntad presidencial y
el principio de separación de poderes no era más que una simulación.
A reserva de lo que ocurra en la Cámara de Diputados, cuyos integrantes
deberán avalar o modificar el dictamen referido, con la votación de ayer en el
Senado no sólo se revirtieron los aspectos positivos introducidos en la reforma
constitucional del año pasado –lo que equivale a una traición de los senadores a
su propia palabra de democratizar y ampliar los márgenes de competencia en los
medios–, sino que también se exhibió un sistema político claudicante ante los
poderes monopólicos y proclive a la involución y al engaño.