Se concesionó por 30 años a ex funcionarios foxistas, señala
Andrea Becerril y Víctor Ballinas | Periódico La Jornada | Viernes 4 de julio de 2014, p. 6
En medio del debate de las leyes secundarias en materia de
telecomunicaciones, la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
presentó pruebas del ‘‘convenio leonino’’ entre Luz y Fuerza del Centro (LFC) y
la empresa WL Comunicaciones, a la que se otorgó la explotación de la fibra
óptica en los mil 100 kilómetros de la zona metropolitana, a un costo de 800
millones de pesos.
La concesión por 30 años para esa empresa, propiedad de Fernando Canales
Clariond y Ernesto Martens, integrantes del gabinete de Vicente Fox, fue
autorizada por el entonces presidente Felipe Calderón en diciembre de 2007, y en
la actualidad representa ‘‘un negocio de más de 100 mil millones de pesos
anuales y es acaparado por Televisa’’, denunció en el Senado el dirigente del
SME, Martín Esparza.
Entregó a senadores del PRD copia de la ‘‘concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones’’ . Esparza se reunió con los legisladores en las instalaciones senatoriales, mientras cientos de integrantes de ese organismo gremial realizaron un mitin en Reforma e Insurgentes.
Esparza dijo que el documento se mantiene en reserva, pero un funcionario de Luz y Fuerza se lo entregó al SME.
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| Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestaron ayer frente a la sede del Senado. Foto: Carlos Ramos Mamahua |
Al respecto, la senadora del PRD Dolores Padierna señaló que pedirán que comparezca el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que informe qué se hizo con la fibra óptica y en realidad con toda la infraestructura de una gigantesca empresa que se llama Luz y Fuerza del Centro.
‘‘Cuando ocurre la desincorporación de bienes propiedad de la nación debe procederse conforme a la ley; no puede ser discrecional, no puede ser arbitrario. Un bien de la nación con este valor debe entregarse al SAE’’, recalcó Padierna.
Agregó que haberlo entregado a un particular, como se hace constar en el documento, fue ilegal y el SAE debe responder.
Fuente: La Jornada
