Con el esquema de empresas productivas, el gobierno de Enrique Peña Nieto busca dejar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la deriva del libre mercado. De acuerdo con la iniciativa que expide las Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, “el corazón de la reforma” se encuentra, precisamente, en la creación de un modelo de gobierno corporativo que abarque todos los aspectos necesarios para “el adecuado y óptimo desempeño de nuestras empresas estatales”.
El documento también indica que el propósito es otorgar la mínima regulación; es decir, establecer contenidos jurídicos mínimos y generar “condiciones gerenciales óptimas”, para que los consejos de administración de ambas instituciones trabajen de manera autónoma, autosuficiente y sin la participación de otras instancias. En otras palabras, que eviten a los sindicatos.
Para el gobierno federal, ambas empresas se encuentran sujetas a un excesivo sistema de control gubernamental que les impide “la flexibilidad empresarial” para operar de manera eficiente.
La clave es que Pemex y la CFE se conviertan en “auténticas empresas” y el Estado sea “verdadero dueño y no simple administrador”.
“El enfoque sobre el diseño institucional de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se aparta radicalmente de lo que hasta ahora se había seguido, pues se transforma el papel y la injerencia del Estado mexicano en su manejo, de tal manera que las decisiones concretas de estrategia empresarial sean tomadas, caso por caso, por los órganos de administración y dirección de las empresas, a fin de que ello se traduzca, en última instancia, en mejores resultados operativos y financieros para el Estado Mexicano, como su propietario”, sostiene la iniciativa.
El texto lanza la crítica a la reforma energética de 2008, durante la administración de Felipe Calderón, según la cual “la conducción de la industria petrolera siguió supeditada a los intereses del gobierno federal y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al que le correspondía nombrar a los restantes miembros del Consejo de Administración.
Las propuestas peñanietistas
Para Peña Nieto, esa injerencia impedía que el consejo controlara la operación de la empresa y sus subsidiarias. De ahí su propuesta de que el Consejo de Administración de Pemex esté integrado por el titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad; el secretario de Hacienda, quien influirá en las decisiones de inversión y contratación de Pemex.
Ese órgano tendrá también tres consejeros del gobierno federal y cinco “independientes” designados por el presidente. Estos últimos ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos.
En el caso de la CFE, el Consejo de Administración se conformará de la misma manera, sólo que habrá cuatro consejeros “independientes”; y a diferencia de Pemex, uno será designado por los trabajadores de la empresa.
Ambas instancias definirán el objeto y actividades de cada una de las empresas; determinarán las reglas mínimas de organización, nombrarán y removerán a sus integrantes y fijarán sus remuneraciones.
Un cambio significativo en las funciones de los consejos de administración es que designarán al auditor externo de las empresas a través de un Comité de Auditoría, compuesto exclusivamente por consejeros independientes, aunque existirá una auditoría interna, como su brazo ejecutor.
Asimismo, los consejos definirán el dividendo que las empresas deberán entregar al Estado, con base en sus resultados financieros.
El sistema de control interno será responsabilidad del director general, bajo la conducción del Consejo de Administración. Sus objetivos estarán encaminados a la identificación, prevención y administración de riesgos y la observancia de las disposiciones jurídicas contables y financieras, entre otros.
“Se trata de una nueva y correcta dimensión del sistema de control interno que deberá fungir como herramienta que acompaña a las diversas áreas y divisiones de las empresas en la correcta estructuración y desarrollo de sus actividades”, destaca la iniciativa.
Las sanciones estarán encomendadas a un órgano independiente denominado Unidad de Responsabilidades, que se encargará de determinar y sancionar responsabilidades a partir de la información que le suministren los demás órganos de auditoría competentes.
“Este esquema permitirá fortalecer los mecanismos de detección de irregularidades dentro de la empresa, e incentivar a la Unidad de Responsabilidades a concentrar tiempo y recursos en sancionar actos de corrupción”, puntualiza la iniciativa.
Sin embargo, el artículo 28 de la Ley de Petróleos Mexicanos establece: “Las decisiones y actas del Consejo de Administración y de sus comités serán públicas por regla general, pero podrán reservarse de manera total o parcial, conforme a las políticas que al respecto determine el propio consejo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables en la materia”.
Es decir, no todas las decisiones y documentos serán públicos. Y más aún, limitan la función de la Auditoría Superior de la Federación, que “continuará siendo competente para fiscalizar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, pero aquélla deberá tomar en cuenta los principios señalados en la reforma constitucional en materia energética, los principios del gobierno corporativo plasmados en sus respectivas leyes, su naturaleza jurídica como empresas productivas del Estado, así como los resultados de los órganos internos de vigilancia y auditoría”.
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad la transparencia es parte esencial de las leyes reglamentarias. Sin ella, no se podrá avanzar mucho.
“La transparencia genera las bases para un sector competido en el que sea atractivo invertir, con certidumbre jurídica y estabilidad de largo plazo. Al evitar la corrupción, se incentiva la participación de los actores más eficientes, generando beneficios para el país. El acceso a información confiable y oportuna sobre el uso y beneficiarios de la renta petrolera será crucial para el apoyo social a esta reforma”.
La “estrategia empresarial” de Peña Nieto aplica para la operación pero no para los trabajadores. Según la iniciativa de ley para cada una de las empresas, los trabajadores de Pemex y CFE no tendrán derecho al reparto de utilidades ya que la función de estas instituciones es “generar recursos para el país”.
El gobierno de Peña Nieto argumenta que debe atenderse a la naturaleza pública de las empresas productivas del Estado, pues a diferencia de las privadas, aquéllas tienen su origen y fundamento en la Constitución; es decir, su razón de existencia es la voluntad del constituyente desarrollada en leyes públicas y no la de particulares plasmada en documentos privados para alcanzar intereses igualmente privados.
Una segunda diferencia es que los trabajadores de las empresas productivas del Estado son servidores públicos y no trabajadores privados, como sucede en cualquier otra empresa. Argumenta además que los recursos para su operación son de origen público y no privado.
“Así, los fondos que son utilizados para su constitución y para el desarrollo de sus actividades derivan del dinero de los mexicanos que son canalizados como ingresos para el Estado, conforme a lo establecido en las propias leyes de derecho público. Es decir, dado que son recursos públicos, deben someterse a todos y cada uno de los principios insertos en nuestra norma fundamental”.
Sobre la flexibilidad, el documento dice que Pemex y CFE basarán su actividad en las empresas productivas subsidiarias y filiales.
Las subsidiarias podrán realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, ya sea por asignación o contrato en el que no haya participación privada. También estarán en condiciones de participar en actividades relacionadas con la transformación de hidrocarburos o de los productos que se obtengan de su refinación o procesamiento o para la seguridad energética; así como actividades por cuenta propia y no como mero complemento, auxilio, apoyo o vehículo de inversión.
