15 abril 2014 | Felipe Ponce | e-consulta
Algo aberrante ocurre en Puebla, los opositores a los proyectos de los gobiernos municipales y estatales terminan encarcelados acusados de hechos delictivos y confinados en celdas destinadas originalmente a ladrones, asesinos, extorsionadores, defraudadores, violadores y/o tratantes de personas. La criminalización de la defensa de la tierra, el agua y los derechos humanos, sienta un retroceso para la entidad que no ocurría con tal magnitud desde el siglo pasado; sin embargo, es resultado de una serie de sucesos derivados de la falta de contrapesos al poder que se ejerce desde Casa Puebla.
Desde la sumisión de los partidos políticos y bancadas locales a las ordenanzas del Ejecutivo, hasta la manipulación de la ley en contra de quienes consideran atropellados sus derechos, hay un hilo conductor que termina siempre apuntando a la represión oficial.
Así ha quedado develado con las detenciones de Juan Carlos Flores, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Tierra (FPDTA) en los estado de Puebla, Tlaxcala y Morelos; deEnedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonoacayucan en Atlixco y Abraham Cordero Calderón, dirigente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada. Todos ellos han encabezado las movilizaciones contra el Gasoducto Morelos y el Arco Poniente del valle de Puebla y ahora están acusados de delitos como extorsión, robo, privación ilegal de la libertad y “oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público”, entre otros.
Las detenciones han sido avaladas y respaldadas por laProcuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, que los ha tratado como criminales, y por la Secretaría General de Gobierno, misma que incluso ha advertido de que podrían haber más detenciones en los próximos días.
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El pasado viernes 11 de abril un grupo de hombres vestidos de civil y portando armas largas se apersonaron en el domicilio particular del investigador Ricardo Pérez Avilés, en la ciudad de Puebla, en donde no lo encontraron pero le dejaron la advertencia: “Dígale que esto es por meterse donde no lo llaman… Pero dígale que lo vamos a encontrar”.
Y es que Pérez Avilés es profesor investigador del Departamento Universitario de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), desde donde desarrolló el estudio sobre el impacto del Gasoducto Morelos, en el que se detallan una serie de afectaciones y riesgos que enfrentarán las comunidades por las que cruzará el ducto de la CFE.
La intimidación en contra del profesor se suma a la recibida por la familia de Avelino Velázquez Tapia, Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac, Atzitzihuacan, registrada el sábado 5 de abril, cuando un grupo de policías ingresaron a su domicilio para detenerlo, pero tampoco se encontraba en el lugar.
El proyecto del Gasoducto Morelos comprende una inversión de 270 millones de dólares, en el que están involucradas las empresas españolas Elecnor y Enegás que son socias al 50 por ciento en la obra y planean además la instalación de dos termoeléctricas y un acueducto.
* “Un buen gobierno es como una buena digestión; mientras funciona, casi no la percibimos”: Erskine Caldwell (1903-1987) Escritor estadounidense.
