Pese a que la orden de aprehensión librada contra Gastón Azcárraga remueve la intrincada red de corruptelas y fraudes asociados a dos gobiernos panistas, los representantes sindicales de los trabajadores de Mexicana de Aviación advierten que se está tratando de personalizar el despojo del que han sido objeto. La diligencia judicial deriva, dicen, sólo de una de las 20 denuncias interpuestas, y subrayan que para ellos el objetivo no es que se prive de la libertad al primo del dueño de Televisa, sino que se reparen los daños que han sufrido.9 marzo 2014 | Rosalia Vergara | Proceso
Aun con la orden de aprehensión librada contra el expropietario de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, no se vislumbra el fin de la zozobra de pilotos, sobrecargos y personal de tierra que han sido víctimas de fraudes y maniobras desde que el gobierno de Vicente Fox vendió en 2005 la aerolínea por una suma irrisoria.
El 19 de febrero pasado, un juez federal con sede en la Ciudad de México abrió el proceso de captura de Gastón Azcárraga Andrade, primo de Emilio Azcárraga Jean, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.
Pero esa orden de aprehensión derivó sólo de una de las más de 20 denuncias interpuestas por la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes de la Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), las cuales abarcan diversos ilícitos y no sólo se enderezaron en contra de Azcárraga, sino contra quienes resulten responsables de los daños causados.
En entrevista conjunta con Proceso, los dirigentes de ASPA, Carlos Díaz Chávez Morineau, y de ASSA, Ricardo del Valle, advierten que si bien dicha orden de aprehensión es importante, no es suficiente para superar los problemas de Mexicana ni para reparar los daños ocasionados a los trabajadores de la aviación.
Del Valle expone que no basta con que se encarcele a Gastón Azcárraga, pues el objetivo de su lucha es que se recuperen las fuentes de empleo de los trabajadores y su pasivo laboral, además de resolver el conjunto de las denuncias interpuestas. “En eso estaremos atentos”, puntualiza.
Díaz Chávez Morineau coincide en que meter a Gastón Azcárraga a la cárcel “es un tema de la autoridad”, pero “en lo que nosotros tenemos que ocuparnos es en que se pueda resarcir el daño de los que representamos”.
Mientras que para Del Valle y Díaz Chávez el mejor escenario sería que Mexicana de Aviación “regresara a volar”, el abogado de ASSA, Arturo Alcalde Justiniani, declara:
“Lo que debería resolverse es que el gobierno pusiera lo que está en sus manos para devolver a los trabajadores lo que perdieron. Es muy difícil, pero está en sus manos, por muchas cosas: se trata de una industria que depende mucho del gobierno, por las autorizaciones, concesiones, impuestos, créditos, y porque hubo una complicidad gubernamental en momentos centrales, en la venta de 2005, en la suspensión de 2010 y en la venta posterior por mil pesos a Tenedora K.”
Además, el abogado considera que no sólo el presunto responsable del fraude es Gastón Azcárraga. “Había un Consejo de Administración, ¿no?”.
“Lo que sí se ve –interviene Díaz Chávez Morineau– es que es un tema encriptado en la PGR: lo maneja de manera personalizada.”
Respecto a la posibilidad de que esta orden de aprehensión sea el preludio de la quiebra de Mexicana, Del Valle responde:
“Las tres organizaciones sindicales estamos trabajando en la creación de un fideicomiso para hacer frente a la liquidación de los compañeros. No es lo ideal; lo ideal es que Mexicana de Aviación salga adelante. Pero tampoco podíamos hacernos a un lado y decir: ‘no quiero eso, sólo quiero que reinicie Mexicana’”.
Esto, pese a que Carlos Díaz Chávez Morineau comenta: “se nos dice que hay gente interesada en Mexicana. Yo no lo dudo, y ojalá que así sea, porque hoy Mexicana se vuelve económicamente más atractiva, ya que tiene un convenio de acreedores histórica”.
El fraude de Gastón
Documentos obtenidos por Proceso en 2010 desenmarañaron la estrategia de Grupo Posadas para quebrar a Mexicana de Aviación. El plan se fraguó en 2008, cuando los inversionistas decidieron crear el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y ceder los derechos de las empresas, inmobiliarias, flotillas, edificios y activos de Grupo Mexicana de Aviación (GMA).
Los dueños del NGA y del GMA eran los mismos: Grupo Posadas y sus inversionistas, entre ellos Banco Ixe, que entonces tenía como consejero propietario en el Consejo de Administración a Javier Molinar Horcasitas, hermano de quien a la sazón era secretario de Comunicaciones y Transportes, el panista Juan Molinar Horcasitas.
Los demás eran Gastón Azcárraga, Álvaro Fernández Garza, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, así como Ricardo, Estela y Javier Amtmann Aguilar, quienes en 2006 financiaron la campaña presidencial de Felipe Calderón.
De manera formal, el NGA se creó el 21 de enero de 2010, aunque hizo la transferencia de activos de Mexicana desde el 29 de diciembre de 2009, según el acta de cesión de derechos elaborada por la Comisión Federal de Competencia (CFC), conforme al expediente CNT-005-2009.
El 22 de enero de 2009 el NGA notificó a la CFC “una concentración” de activos de Mexicana”. Cuatro días después se les informó que faltaba acreditar al representante legal de ambos grupos. El 13 de febrero respondieron que habían nombrado a Gerardo Barrera Segura, exsecretario de Finanzas de Mexicana, acusado en mayo de 2008 de cometer un fraude por 15 millones de pesos en perjuicio de la empresa.
La operación notificada a la CFC “consistió en la adquisición de las acciones de las empresas Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe (Click Mexicana), Mexibal, Aeropuertos y Terrenos (ATSA), Aerosys, Centro de Capacitación Alas de América, Turborreactores, Aero Eventos Mexicanos, Servicios Frecuenta, Mexicana MRO, Gamma Servicios de Negocios, Servicios In Eligendo, Datatronic, Grupo Corporativo Mexicana, Aeromonterrey y Aerolibertad/Aeropacífico, que eran propiedad de GMA”, señaló el documento de siete fojas.
La CFC sancionó a NGA y a GMA por 275 mil 666 pesos porque notificaron a la autoridad sobre esta transacción de manera extemporánea. Después del escándalo de Barrera Segura, designaron a Leonardo Montes Ortiz como representante legal de GMA.
De acuerdo con el documento 0937911, incluido en el expediente 0781720 del folio 0036187 del IMPI, Mexicana transmitió a NGA los derechos de los registros de marca, avisos comerciales y solicitudes de registro de marca de Mexicana, incluyendo logotipos, diseños, eslóganes y avisos comerciales
Fuente: Proceso
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