México SA-Carlos Fernández-Vega
Tuvo que venir a México un joven parlamentario canadiense para explicar a sus pares mexicanos cómo se hace para que los consorcios mineros del país de la hoja de maple contribuyan al desarrollo mexicano, aporten al fisco mexicano, respeten a los trabajadores mexicanos, honren las etnias mexicanas y cuiden el medio ambiente mexicano, tal cual lo hacen en los renglones citados en su nación de origen. Y es tan fácil como lo siguiente: ser soberanos, porque es responsabilidad del Congreso mexicano generar las leyes mineras necesarias para que todo ello suceda y vigilar su estricto cumplimiento, es decir, lo contrario a lo que hasta ahora han hecho los senadores y diputados, más el gobierno federal.
De unos años para acá los consorcios mineros canadienses se instalaron en México –especialmente para la extracción de oro– y acá han hecho su paraíso. Su estancia ha sido arrolladora, con la venia gubernamental, junto con la “ceguera” y la “sordera” del Legislativo: al fisco no lo ven ni de lejos, han arrasado con el medio ambiente, violentado la legislación laboral, agredido a los trabajadores y sus formas de organización, atentado contra los pueblos indígenas y su cultura, utilizado el chantaje y la amenaza, y en algunos casos se les ha asociado a la contratación de sicarios, pero de su contribución al desarrollo ni sus luces. En México, 72 por ciento de las empresas foráneas que cuentan con concesiones mineras del gobierno federal y se dedican a la extracción de oro provienen de Canadá.
Con peras y manzanas, el parlamentario canadiense Bernard Trottier (integrante de la Cámara de los Comunes de aquel país por la circunscripción de Etobicoke-Lakeshore Toronto, presidente del grupo Amistad México-Canadá e integrante de la 19 Reunión Interparlamentaria México-Canadá) explicó a su contraparte mexicana que es deber del Congreso –aquí y allá– aprobar leyes que cuiden el interés nacional y garanticen que la participación de los consorcios mineros no sólo sea justa y equilibrada para las partes, sino benéfica para el país receptor de la inversión. En pocas palabras, el mensaje al Congreso mexicano es simple: ejerzan su soberanía. De lo contrario inevitablemente sucederá lo que aquí sucede, y cada día que pasa, de forma más desenfrenada.
En este espacio se ha comentado que muy contadas han sido las iniciativas presentadas en el Legislativo para regular la actividad de los consorcios mineros nacionales y foráneos, y todas han terminado en el bote de la basura, con lo que los legisladores mexicanos han contribuido al saqueo de México. A propuesta del Ejecutivo, recientemente aprobaron el cobro de un derecho especial (no un impuesto) de 7.5 por ciento.
La simple mención de que se intentaba cobrar el citado derecho provocó la histérica reacción de los consorcios mineros, e incluso la representación canadiense de ese sector en México fue tajantemente chantajista: “las empresas mineras de Canadá amagaron anoche con abandonar el país si la Cámara de Diputados aprueba el (…) 7.5 por ciento a las utilidades de la explotación, propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto… ‘El mensaje es que los inversionistas estamos fuertemente en retiro de aquí… no se equivoquen señores; nos vamos’, advirtió la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson, a legisladores de la Comisión de Hacienda (de San Lázaro)… Wilson sostuvo que las cargas impositivas han obligado a los inversionistas de su país a trasladar sus capitales a otras naciones” (La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez).
Aprobado fue tal derecho, y hasta ahora nada ha sucedido, como tampoco se han tenido noticias del “retiro de inversiones” por parte de otro profesional del chantaje, Germán Larrea (el de Pasta de Conchos), del Grupo México, quien amenazó con cerrar la chequera en el país y abrirla en terceras naciones, porque aquí, con la nueva carga, la minería ya “no es negocio”, según dijo. Y se trata de una empresario con una fortuna personal valuada en 16 mil 700 millones de dólares al cierre de 2012, la mayor parte de ellos producto de la explotación de los bienes de la nación, es decir, de los mismos que el gobierno federal, con la venia del Congreso, le entregó en bandeja de plata.
Bernard Trottier dijo a los congresistas mexicanos que en Canadá “cada año las mineras aportan 30 mil millones de dólares por vía de impuestos, recursos que se utilizan para la promoción de la educación, el desarrollo de los habitantes y la seguridad. En mi país las mineras respetan el medio ambiente, las tradiciones y la cultura de las poblaciones donde se asientan, y aportan significativas cantidades de recursos –a modo de impuestos– para impulsar la educación, la seguridad social y la seguridad pública. Las compañías canadienses (…) operan en todo el mundo y siempre se espera que cumplan las leyes del país en el que están operando, incluyendo las normas ambientales, laborales y fiscales”.
Entonces, les dijo Trottier, “al final del día dependerá del Congreso mexicano saber cuáles son las leyes que van a poner en marcha” para proteger los intereses de México. Y el citado parlamentario canadiense no pertenece a un grupo político progresista ni es fervoroso defensor de la estatización, sino integrante del Partido Conservador de Canadá, que encabeza Stephen Harper, actual primer ministro de aquella nación.
En cambio, aquí el gobierno federal y los legisladores son amenazados, chantajeados, gritoneados, apantallados y hasta maiceados por los consorcios mineros, mientras acaparan concesiones, saquean al país, atentan contra los trabajadores y las etnias, y en nada contribuyen al desarrollo. Y los funcionarios, senadores y diputados nada hacen para corregir el asalto a la nación. Pero bueno, no hay que ser exigentes: cuando menos ya preguntan a los canadienses ¿y ustedes cómo le hacen allá para meterlos en cintura?
Las rebanadas del pastel
Más de lo mismo: en el aire se mantiene el “compromiso” número 61 del Pacto por México, es decir, aquel que obliga a los abajo firmantes a expedir una “nueva ley para la explotación minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión”. Y, entonces, ¿como para cuándo?
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
