19 noviembre 2013 | Yadira Llaven Anzures | La Jornada de Oriente
La Comisión Federal de Electricidad y los gobiernos de Puebla, Tlaxcala y Morelos están siguiendo las mismas tácticas de división y engaño que obedece a un manual o curso para disolver la oposición social a los megaproyectos, denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua con presencia en los tres.
Esto luego de que el pasado 5 de noviembre el gobierno morenovallista citó en Casa Aguayo a 16 afectados por el gasoducto de la comunidad de Santa María Zacatepec, a quienes hostigó y amenazó con su desalojo violento si no liberaban el derecho de vía a la paraestatal.
Juan Carlos Flores reveló que en dicha reunión llegaron 11 afectados y por el lado de Gobernación y CFE alrededor de 14 asistentes, entre los que se encontraba el presidente municipal de Juan Bonilla, Andrés Cadena Zamora.
El grupo de funcionarios de primer nivel estuvo dirigida por el director de Proyectos de Inversión Financiada a nivel nacional, Eugenio Laris Alanis, quien es acusado por un fraude desde hace 3 años por 32 millones de dólares por no haber efectuado el pago a la empresa Mitsubishi de tres turbinas de la central termoeléctrica Agua Prieta II.
Además, agregó, del responsable regional del gasoducto Morelos, Saúl Martínez García, y Raúl Ruiz Orozco, presidente de Desarrollo Social de la CFE.
Esto muestra, declaró, “el nerviosismo y la urgencia de la CFE por concretar el proyecto, pues funcionarios de primer nivel se están esforzando por convencer a los propietarios y poseedores del derecho de vía”.
En esta reunión, refirió que la paraestatal puso en marcha una táctica ya realizada en Morelos y Tlaxcala, desde que se regionalizó la lucha contra el proyecto: difamar a luchadores sociales, diciendo que son violentos, agitadores profesionales o que quieren chantajear al gobierno con dinero.
Como ejemplo citó el caso de Alejandro Torres, vecino de Zacatepec y afectado por el gasoducto Morelos, quien abandonó la reunión indignado por la mentiras que implementa la CFE en su contra.
“La difamación ha sido en Morelos la antesala de la represión, como sucedió con el compañero Jaime Domínguez Pérez, de Jantetelco, quien después de haber sido acusado falsamente por un comandante de la Policía local, diciendo que recibió 150 mil pesos para renunciar a la lucha por la instalación de una termoeléctrica en Huexca”, explicó.
Juan Carlos Flores indicó que inmediatamente después Jaime Domínguez fue detenido, secuestrado y torturado por el Mando Único de Morelos, a cargo del gobernador Graco Ramírez.
En ese contexto, advirtió que la CFE y los gobiernos de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala están siguiendo las mismas tácticas de división, presión y engaño que se observa obedecen a un manual o curso para disolver la oposición social a todos los megaproyectos.
Durante la reunión realizada en Casa Aguayo –comentó al último– la CFE volvió a argumentar que tenía todos los permisos del Cenapred e Instituto de Geofísica de la UNAM, que el proyecto se ha comenzado a realizar de manera pacífica por medio del diálogo y que sólo rentarían la tierra de los afectados por 30 años. Esto, señaló, con el fin de arreglar los papeles de los afectados.
Ante lo cual aclaró que se le desmintió al gobierno con papeles en mano sobre las cartas de Geofísica que cuestionan científicamente el trazo del gasoducto, y la CFE sólo pudo argumentar que sí era cierto que alteraron el mapa de riesgos del volcán Popocatepetl, pero que ya habían conseguido el perdón del instituto.
