La Jornada - Editorial
La Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) determinó reservar hasta por tres años la
información sobre el proceso de selección de los candidatos a presidir
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el cual
culminó el pasado 5 de noviembre con el nombramiento de Perla Gómez
Gallardo al frente de ese organismo. La instancia legislativa capitalina
canceló así la posibilidad de que la opinión pública conozca
información trascendente de dicho proceso, como el número y nombre de
las organizaciones que apoyaron a cada uno de las y los candidatos a la
CDHDF –uno de los criterios ponderados durante la selección–, así como
las calificaciones obtenidas por cada uno de los 29 aspirantes al cargo.
Semejante pretensión de ocultamiento sería indefendible en cualquier
ámbito; en el caso del relevo al frente de la CDHDF, dicha resolución
contribuye además a enrarecer un proceso de por sí inmerso en la
desconfianza y la opacidad: desde las resistencias del Legislativo local
a hacer pública la metodología de evaluación para seleccionar al
sucesor de Luis González Placencia, hasta las denuncias por la presunta
intervención del Gobierno del Distrito Federal en el proceso.
Tales antecedentes magnifican el impacto negativo de la
decisión adoptada ayer por la ALDF, en la medida en que ponen en
entredicho la autonomía institucional del Legislativo local y lesionan
la de la propia CDHDF. Lo anterior es una mala noticia para la sociedad
capitalina en general, habida cuenta de que la credibilidad e
independencia con que se ha venido desempeñando la CDHDF en años
recientes han sido elementos consustanciales del avance registrado en la
ciudad capital en el reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos, así como en materia de respeto a la diversidad sexual, la
equidad de género y la justicia social.
Sería particularmente indeseable que los vicios observados en el proceso de selección de la nueva ombudsman
local terminen por volverse un lastre en el desempeño de las funciones
del órgano que encabeza, y que ello redunde en un estancamiento o, peor
aún, en un retroceso en materia de derechos humanos en la ciudad
capital.
Cabe esperar que los diputados locales recapaciten sobre la decisión
anunciada ayer y que se conduzcan, en lo que respecta al episodio
referido, de conformidad con el principio de máxima transparencia; de lo
contrario, estarán alentando una pérdida de credibilidad sumamente
grave para el conjunto de las instituciones del Distrito Federal y del
país.