La policía secreta renació: civiles infiltrados y golpeadores –que suelen usar chamarras azules– han actuado violentamente el 1 de mayo, el 10 de junio, el 13 de septiembre y el 2 de octubre pasados. Son la muestra más burda de una ilegal escalada represiva contra los movimientos sociales, que incluye acoso en domicilios, detenciones “preventivas”, utilización de ambulancias como patrullas y empleo de instituciones conciliatorias como aparatos parapoliciacos. En esta andanada la acusación contra grupos “anarquistas” despierta más sospechas que certezas.
7 octubre 2013 | Arturo Rodríguez García | Proceso
El 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República, se inició una escalada represiva contra las protestas sociales que, operada por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), se vale del encubrimiento, la provocación, la brutalidad policiaca y la aparición de un grupo de civiles violentos no identificados.
Policías y encapuchados han embestido contra manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o transeúntes sin relación con el movimiento social.
Las agresiones fueron documentadas y denunciadas, pero han quedado impunes. Fue el pasado miércoles 2 cuando se resumió todo lo que a lo largo de 2013 han señalado grupos que se asumen perseguidos por el gobierno capitalino: presuntos policías vestidos de civil que se infiltran en manifestaciones y las violentan, usan uniformes y ambulancias para pasar inadvertidos; encapsulamiento de granaderos a manifestantes, quienes sufren golpizas y detenciones arbitrarias.
La lista se amplía: policías y funcionarios capitalinos que hacen registro fotográfico de manifestantes, revisiones selectivas en el Metro y unidades de transporte público, acoso domiciliario y “detenciones hormiga” bajo cualquier pretexto previo a las marchas: así pasó el miércoles 2, cuando se les fincaron cargos por delitos contra la salud (narco) a cuatro jóvenes, presuntamente torturados.
A través del registro que víctimas, activistas y periodistas han realizado en medios tradicionales y en redes sociales, así como de imágenes obtenidas por Proceso, fue posible documentar nueve episodios de alta violencia en 2013. De esos, al menos cuatro implicaron la participación de civiles infiltrados como grupo de choque. Algo parecido a lo que pasó el 10 de junio de 1971, El Halconazo.
Hasta ahora, el gobierno no ha asumido la responsabilidad por la violación de garantías.
Infiltrados
El miércoles 2 la mayoría de los contingentes que conmemoraba la matanza de 1968 se abstuvo de incurrir en acciones violentas. Por el contrario, llamó continuamente a “no caer en provocaciones” y a mantener la paz en una marcha que tradicionalmente termina en el Zócalo, tomado desde el pasado 13 de septiembre por fuerzas federales.
El operativo demostró que las tácticas denunciadas por miembros de diferentes colectivos y periodistas eran ciertas: policías vestidos de civil infiltrados entre manifestantes o realizando detenciones y propinando golpizas a manifestantes.
La brutalidad comprobada: un video difundido por Amnistía Internacional, localizable en YouTube como “Policías agraden a visores de derechos humanos”, muestra el momento en que el activista del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Víctor Carlos Banda, es tirado al suelo y pateado en el rostro por policías, aun cuando su chaleco e identificación son visibles. También del mismo órgano de defensores fueron agredidos Aracely Olivos, Xosé R. Figueroa, Simón Hernández León y Quetzalcóatl Fontanot, quien resultó lesionado.
No fueron los únicos. También estuvo Tonathiu Vidal, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Fue detenido por una mujer vestida de civil y salvajemente golpeado cerca del Caballito.
Aunque desde hace tiempo jóvenes de diferentes organizaciones habían denunciado que miembros de Concertación Política del GDF y policías se disfrazan de socorristas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), nunca hasta ahora se había mencionado a la Cruz Roja.
En entrevista con Proceso, Tonathiu Vidal afirma que tras la golpiza pudo identificarse como miembro de la ANAD. “Fue selectivo, de eso estoy seguro”, dice.
El abogado fue conducido primero a una patrulla y luego a una ambulancia de la Cruz Roja.
“Revísenlo, está bien”, dijeron los policías a los rescatistas quienes, por su parte, desestimaban los golpes pues no había sangrado.
Sin embargo, durante una hora lo mantuvieron retenido en la ambulancia y no quisieron decirle a dónde lo trasladarían. Sólo por la presión de activistas del Comité Cerezo lo llevaron a las instalaciones de la Cruz Roja de Polanco, donde fue puesto en libertad.
Casi en tiempo real, las estampas mostraron la brutalidad: El Universal publicó en su página de internet la imagen de un policía que apuntaba su escopeta lanzabombas de gas a la nuca de un hombre arrodillado y con los brazos en alto.
Efecto TV difundió el video de agentes que se ensañan contra comerciantes y civiles reducidos sin actitud violenta. Una y otra vez descargan su casco contra ellos, los embisten con su escudo y un civil acompañante de los policías los jalonea.
Los fotorreporteros de Proceso Miguel Dimayuga y Alejandro Saldívar atestiguaron los excesos. Las bombas de gases no se disparaban al suelo con fines disuasivos, sino al cuerpo de manifestantes. En imágenes documentaron cómo hombres vestidos de civil, presuntamente policías, realizaban detenciones.
La organización internacional Artículo 19 desplegó una campaña para documentar las agresiones a periodistas. El resultado: hasta el viernes 4 se tenía la cuenta de al menos 39 periodistas agredidos por policías capitalinos. Entre ellos hay un caso en el que agentes, vestidos de paisano, dan una golpiza a un reportero que documentaba detenciones arbitrarias.
Los pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros se acumularon en las siguientes horas: Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, Red Todos los Derechos para Todos y decenas más condenaron lo ocurrido.
El saldo oficial de esa manifestación: 75 detenidos, 22 de los cuales fueron presentados al Ministerio Público.
La cifra estimada por colectivos como el Frente Oriente es del doble. Alrededor de 150 detenidos, muchos de los cuales no fueron ingresados: se les dejó ir debido al mal estado en que se encontraban por los golpes.
10 de junio
Tonathiu Vidal señala que las detenciones selectivas han sido una constante. Un caso notorio fue durante la conmemoración del 10 de junio.
Imágenes obtenidas por Proceso muestran que, ese día, motopatrullas tripuladas por policías vestidos de civil participaron en el operativo. Llevaban el número económico cubierto y no portaban placas.
Además, se observa cómo policías usan cámaras fotográficas.
La serie de enfrentamientos muestra la violencia de los manifestantes –quienes afirman que fueron provocados– y la brutalidad policiaca. Que por otra parte, en un momento sin confrontación, prepara piedras para enfrentarse con los manifestantes.
Ese 10 de junio, un funcionario de Concertación Política tiró a un ciclista para detenerlo junto con granaderos; un joven que muestra una cartulina pacíficamente fue sometido de manera violenta por los agentes; integrantes del Frente Oriente fueron pateados y, en el caso de Luna Flores, arrastrada varios metros por policías (Proceso 1922).
En entrevista, el director de Gestión Social de Concertación Política del GDF, Pedro Bello –quien fue retenido y golpeado por manifestantes el 10 de junio–, niega que él o su personal señalen, fotografíen, detengan o registren a manifestantes. Por el contrario, afirma, su labor consiste en facilitar el diálogo en toda problemática que se dé en la ciudad y contribuir a la resolución de conflictos. “No soy policía. Si fuera policía no estaría en este cargo”, asegura.
A través de imágenes de protestas, contrastadas con el directorio del GDF, fue posible identificar que efectivamente, en diferentes manifestaciones, el personal de Concertación Política, a cargo de Alejandro Marín Juárez Durán, fotografió y participó en detenciones.
Entre los identificados figura Juan Manuel Cholula Cambray, jefe de la Unidad de Base de Datos y Registro Estadístico.
Además del personal de Concertación Política, una fuente del gobierno capitalino asegura que los policías de civil que actuaron el 10 de junio, el 2 de octubre y en otras protestas pertenecen a la Dirección de Apoyo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del GDF.
Respecto de las detenciones selectivas, el caso más reciente ocurrió con José Luis Ramírez, Irene Pérez, Antonio Carmona y Aztlali Cabrera, quienes desde hace semanas denunciaron que eran objeto de acoso en el plantón que mantenían en Ciudad Universitaria.
El pasado 2 de octubre, cuando se dirigían a la marcha conmemorativa, fueron detenidos a bordo de un autobús de transporte público. Diferentes medios de comunicación han mostrado como “antecedentes” de los detenidos su participación en la toma del CCH Naucalpan en febrero y la toma de rectoría de la UNAM en abril. Esta vez fueron acusados de narco por, presuntamente, llevar un kilo de mariguana.
El abogado Francisco Estrada, quien ha defendido diversos casos de detención arbitraria desde el 1 de diciembre de 2012, considera que se trata del mismo operativo, mediante el cual se criminaliza selectivamente a jóvenes.
Un caso similar ocurrió el 1 de septiembre, cuando se preparaban las protestas en el marco del primer informe de gobierno de Peña Nieto. El 31 de agosto, Julián Luna fue detenido por “infiltrados” que se hicieron pasar por miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Este 2 de octubre no fue la excepción: al menos tres portales informativos consignaron la versión –con fuente anónima– de que el GDF “controlaría” a manifestantes desde sus domicilios, difundiendo los sectores a los que se dirigirían los operativos. Integrantes del Frente Oriente detectaron que dichas zonas eran precisamente las de integrantes de esa organización. Recurrentemente acusados de propiciar la violencia, optaron por no participar en la marcha conmemorativa, para evitar señalamientos.
Presuntos anarquistas
La imagen es clara. Un joven alto, de cabello largo, delgado con playera verde. Es el primero en lanzar piedras contra los granaderos la tarde del 10 de junio en el Zócalo. Una y otra vez arremete contra el contingente policiaco y, cuando otros lo siguen, se repliega. Durante la retención del funcionario Pedro Bello aparece siempre detrás, con los brazos cruzados.
Aparentemente es detenido, pero semanas después, el 1 de septiembre, aparece como uno de los que atacaron a los granaderos durante una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rumbo a San Lázaro, el día en que la organización gremial y otros contingentes expulsaron a los supuestos anarquistas porque pretendían reventar la protesta.
Ninguna organización consultada sabe quién es, como tampoco saben de muchos que participan violentamente en las protestas.
Nadie sabe… pero tanto autoridades como medios de comunicación los etiquetan como “anarquistas”, pues con frecuencia muestran el símbolo de esa corriente en camisetas y banderas.
Aparecen entre contingentes pacíficos y atacan a policías, sucursales bancarias o emblemas de trasnacionales. Saquean tiendas y cuando la policía reacciona, termina deteniendo a quienes no forman parte de su contingente.
La confusión sobre ellos es evidente. Para aludir a sus acciones se refieren a la organización Bloque Negro, y el gobierno capitalino los clasifica, por eso, en “bloques”. Pocos saben que Bloque Negro no es una organización formal sino un conjunto de partidarios de la “acción directa” y colectiva.
El abogado Francisco Estrada añade: “Es un operativo policiaco de Estado, realizado por gente entrenada y adiestrada, que pretende llegar a los jóvenes que protestan. Cuando llegan a detener a los agresores, los entregan a los Cobra (grupo táctico), Concertación o granaderos”.
Cronología de la represión
El 1 de diciembre, alrededor de 70 personas fueron detenidas –incluyendo numerosos manifestantes pacíficos o transeúntes sin participación en protestas–. Además, unas 25 personas resultaron heridas, entre éstas, Uriel Sandoval, quien perdió un ojo por el impacto de una bala de goma.
Los disturbios del 1 de diciembre marcaron también la aparición de grupos de encapuchados con métodos violentos, cuyos integrantes, a pesar de actuar frente a los grupos policiacos, no han sido detenidos, como sí lo son quienes participan en las protestas sin capucha.
El pasado 5 de febrero, una protesta en el CCH Naucalpan concluyó con intervención policiaca. Algo poco común, cuyo único antecedente se remonta al año 2000, cuando la policía desalojó a huelguistas de la Ciudad Universitaria.
Unas decenas de jóvenes marcharon por Insurgentes, del Parque Hundido a CU, el pasado 20 de abril. Fueron custodiados por un contingente de cientos de policías durante su trayecto. El Frente Oriente, el cual se solidarizó en aquella ocasión con la protesta, denunció las dimensiones de los operativos y la aplicación del llamado Protocolo para el Control de Multitudes, que consideran un instrumento represivo del GDF.
El 8 de marzo en Iztapalapa: Durante una protesta, un grupo de jóvenes fue atacado en Rojo Gómez y Ermita, con dos jóvenes detenidos acusados de ataque a las vías de comunicación, pero cuya causa no se sostuvo.
El 1 de mayo, el acoso policiaco fue videograbado por el Frente Oriente. Además de ponerles un marcaje personal durante su trayecto de arribo y de regreso, dos motopatrullas tripuladas por hombres vestidos de civil condujeron con violencia contra los jóvenes, que subieron un video bajo la etiqueta “Hostigamiento GDF marcha 1 de mayo”.
El 1 de junio un grupo de jóvenes intentaba protestar en Los Pinos, pero en la estación Insurgentes del Metro los confrontaron los granaderos.
Las revisiones en el Metro se volvieron más agresivas desde el 13 de septiembre.
La marcha conmemorativa del Halconazo resultó en la detención de 22 personas, de las cuales siete fueron internadas en el Reclusorio Oriente. Ahora enfrentan juicio en libertad bajo fianza (Proceso 1922).
El 1 de septiembre pasado, durante las protestas por el primer informe de Peña Nieto, los enfrentamientos se repitieron. También el 13 de septiembre, durante el desalojo de los maestros de la CNTE del Zócalo, cuando un grupo de supuestos anarquistas se confrontó con la policía. En redes sociales fue denunciado un contingente de civiles que llegó junto con la Policía Federal. No hubo explicación oficial.
Ese día, cuando el grueso del contingente magisterial iba en retirada pacífica rumbo al Monumento a la Revolución, los supuestos anarquistas salieron enfrentándose con los federales hasta que en el cruce de Eje Central y 16 de Septiembre desaparecieron. Los policías arremetieron contra los maestros. El saldo: 31 detenidos y siete enviados al reclusorio.
Con el operativo del 2 de octubre se superaron todos los registros también en cuanto a la cantidad de detenidos, tanto en la cifra oficial como en las estimaciones de las organizaciones.
Hasta el cierre de esta edición, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, evitó hablar sobre el operativo, pero desde el jueves 3 y en diferentes entrevistas el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, rechazó que policías vestidos de civil hayan detenido a manifestantes y aseguró: “Las detenciones son totalmente legales, sujetas a la norma, sujetas a derecho”.
Fuente: Proceso
