La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acaba de emitir la primera recomendación a una cárcel privada –el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, Sonora– debido a las “condiciones infrahumanas y peligrosas” en que viven sus internos, así como a las “deficiencias” carcelarias que son incluso “mayores” a las que maneja el gobierno.7 octubre 2013 | Rodrigo Vera | Proceso
Se trata de la recomendación 35/2013 y está dirigida al comisionado Manuel Mondragón y Kalb, por ser el principal responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en las cárceles privadas federales, como es ésta de Hermosillo, a cargo de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), propiedad de la familia Quintana.
Fuentes confidenciales revelan que la CNDH ya está preparando más recomendaciones dirigidas a otros penales federales manejados por empresarios, como los de Miahuatlán, Oaxaca, y Ocampo, Guanajuato, pues van en aumento las quejas a pesar de tener poco tiempo.
Por lo pronto, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ya envió la recomendación a Mondragón y Kalb. Ahí le dice sobre el Cefereso de Hermosillo, inaugurado en octubre de 2012 por el presidente Felipe Calderón:
“Ante la recurrencia en la recepción de quejas, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudió a dicho centro de reclusión, en el que pudo constatar que la situación de las personas privadas de su libertad, así como las condiciones que imperan en ese establecimiento penitenciario, no son las idóneas para la privación de libertad en condiciones de una vida digna y segura de todos los ahí internos, además de que no hay actividades laborales, educativas ni deportivas, la vinculación social del recluso es inadecuada, se proporciona una limitada y deficiente atención médica a la población penitenciaria, no se cuenta con personal suficiente, por lo que no se llevan las acciones necesarias para la protección y observancia de los derechos fundamentales de las personas internas.”
Para empezar, la CNDH señala que a la prisión fueron trasladados mil 849 reclusos provenientes de otras cárceles sin que se les haya avisado a éstos y a sus familias. Al llegar, los reos ni siquiera tenían “conocimiento del lugar en que se encontraban”. Y todavía una semana después del traslado “permanecían incomunicados, pues no se permitía la visita de sus familiares ni de sus abogados por disposición de las autoridades federales”. Esto provocó “la incertidumbre y la angustia” de las familias.
Indica que “los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de los reclusos, ya que constituyen un acto de molestia, además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, pues generalmente alejan al interno procesado o sentenciado del lugar más cercano a su domicilio”.
Y menciona los penales de donde provenían los reclusos, localizados en Veracruz, Nayarit, Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Distrito Federal y el Estado de México.
Universo restringido
El ingreso a los abogados defensores está muy limitado, situación que repercute en la “asistencia legal” de los internos, muchos de los cuales ignoran “cuál es su situación jurídica”. Con esto se está violando el “derecho a la defensa” y el “derecho al debido proceso”.
Todo lo anterior fue constatado personalmente por los visitadores de la CNDH, en enero, febrero y junio de este año, cuando realizaron recorridos por la prisión y entrevistas con los internos.
Estas visitas se hicieron a raíz –dice la recomendación— de “42 escritos de queja” que denunciaban violaciones a los derechos humanos en cuestiones de salud, legalidad, seguridad jurídica, trato digno y reinserción social.
De 31 páginas y fechado el pasado 25 de septiembre, el documento menciona que hay sobrepoblación en el penal, puesto que fue construido para 2 mil 538 internos, y actualmente aloja a 2 mil 841.
Y “la plantilla del personal, que incluye la Dirección General, el área Jurídica y Técnica, así como Seguridad y Custodia, es muy inferior a la necesaria para su adecuada operación”.
Y en materia de salud, denuncia que “existen serias deficiencias en la prestación del servicio médico” y hay “desabasto de medicamentos”. Ni siquiera se cuenta “con un cuadro básico de medicamentos” y “no hay programas de detección de enfermedades infectocontagiosas”. Esto “trae como consecuencia que las enfermedades de los internos no sean atendidas de manera adecuada y apropiada, lo que implica que no exista una detección oportuna de enfermedades infectocontagiosas, crónico-degenerativas y bucodentales”.
Sobre la alimentación a los reclusos, señala: “Aun cuando las reglas estipulan que el sistema penitenciario debe proveer todas las necesidades básicas de la población, en la práctica esto no sucede, tan es así, que la población se queja de la escasa cantidad de alimentos que reciben… los alimentos en ese centro penitenciario son insuficientes en calidad y cantidad”.
En suma, señala la recomendación a Mondragón y Kalb, la reinserción social no puede darse en estas “condiciones infrahumanas y peligrosas” que padecen los internos. Recalca:
“El respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte son las únicas vías para la reinserción social.”
La recomendación hace la siguiente referencia al alto costo de esta cárcel privada:
“El enunciado centro de reclusión corresponde a aquellos construidos y operados con la participación de particulares, cuyo costo asciende a ml 670 pesos por interno diario, bajo el modelo CPS (Contrato de Prestación de Servicios), y que no obstante su alto precio presenta similares deficiencias o incluso mayores que los centros dependientes del propio gobierno federal.”
Ante la infinidad de quejas, la CNDH actualmente prepara más recomendaciones a otros reclusorios federales privados: entre ellos el de Ocampo, Guanajuato, manejado igualmente por ICA e inaugurado en noviembre de 2012; así como el de Miahuatlán, Oaxaca, administrado por la empresa GIA e inaugurado apenas en mayo pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. Las nuevas recomendaciones serán emitidas a principios del año próximo, según reveló una fuente que pide no mencionar su nombre. Y agrega:
“Pese a su poco tiempo de operación, en estas instituciones privadas ya se están violando los derechos humanos de una manera brutal; son sólo grandes almacenes para guardar reclusos como si fueran cosas, sin ninguna intención de reincorporarlos a la vida social.”
–¿A los presos ahí no se les está utilizando laboralmente?
–En esas prisiones se levantaron grandes naves industriales, pero todavía no las echan a andar. Son el puro cascarón. Esas cárceles representan un gran negocio para las empresas y para los funcionarios gubernamentales que les están otorgado los permisos de manera discrecional… son resultado de alianzas político empresariales.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
