México SA-Carlos Fernández-Vega
Aún no se conoce si la reacción empresarial es producto de algún tipo de acuerdo en lo oscurito con el gobierno peñanietista o, por el contrario, resultado de que éste sí está dispuesto a cumplir lo ofrecido, pero el hecho es que Germán Larrea y su Grupo México, por medio de su filial Industrial Minera México, obtuvo un amparo para evitar, de nueva cuenta, que se rescaten los cuerpos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.
Desde el momento mismo de la explosión en aquella mina coahuilense, el corporativo privado y su dueño (quien nunca tuvo la disposición, como el entonces presidente Fox, de hacer acto de presencia en el lugar de los hechos) se lavaron las manos, cancelaron los trabajos de salvamento, pretendieron arreglar todo a golpe de billetazos, comenzaron la cacería del líder minero Napoleón Gómez Urrutia y designaron al gobierno panista para que limpiara el tiradero por ellos dejado. Y siete años después, en el amparo referido, aseguran que “de hacerse el rescate se crea un elevado riesgo de causación de daños a personas, comunidades aledañas, así como a la flora y la fauna de la región” (La Jornada, Patricia Muñoz).
Ahora, ante una eventual acción gubernamental en su contra, Larrea y Grupo México se amparan, pues dicen “no estar obligados a realizar los trabajos ni ser responsables de los costos y eventuales indemnizaciones por daños”, según denunció la organización Familia Pasta de Conchos, la cual detalla que “luego de siete años de lucha por el rescate de los cuerpos, y cuando el gobierno federal parece dispuesto a llevar a cabo esta acción, que ha sido el reclamo de los familiares, y que incluso han llevado a los tribunales internacionales, la empresa vuelve a poner un obstáculo legal para no hacer justicia a los deudos” (ídem).
Como bien apunta la información de Patricia Muñoz, Larrea y su Grupo México presentaron ante tribunales el recurso de amparo “para evitar que los cuerpos de los mineros sean rescatados, lo que a decir de los deudos evidencia que la apertura de la mina va a demostrar la culpabilidad legal de los directivos de la empresa en este homicidio industrial y aportará las pruebas para sustentarlo”. De allí las prisas por obtener el amparo.
En los siete años transcurridos de la referida explosión, tres han sido los inquilinos de Los Pinos (Fox, Calderón y Peña Nieto); cuatro los secretarios del Trabajo (Francisco Javier Salazar Sáenz –sucesor de Carlos Abascal–, Javier Lozano Alarcón, Rosalinda Vélez Juárez y Alfonso Navarrete Prida); cinco los procuradores generales de la República (Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora –hoy en la embajada de México en Estados Unidos–, Arturo Chávez, Marisela Morales Ibáñez y Jesús Murillo Karam), y siete los secretarios de Gobernación (Carlos Abascal, Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont (abogado corporativo de Grupo México), Francisco Blake Mora, Alejandro Poiré y Miguel Ángel Osorio Chong), y los responsables por la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos se mantienen impunes.
Desde prácticamente el arranque de la administración peñanietista, en febrero de 2013, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, hizo pública la disposición del nuevo gobierno de reabrir las investigaciones en torno al homicidio industrial perpetrado siete años atrás en la mina Pasta de Conchos y realizar otro peritaje para determinar la factibilidad de rescatar los restos de los 63 mineros que se mantienen bajo toneladas de escombros.
El 18 de febrero del presente año, en Saltillo, Coahuila, el secretario Navarrete Prida informó que la dependencia a su cargo “pidió a la PGR revisar las condiciones de la mina Pasta de Conchos, donde hace 7 años murieron 65 obreros –solamente los restos de dos fueron recuperados–, para determinar si es posible reanudar los trabajos de búsqueda y rescate de los 63 restos humanos que están atrapados. El nuevo peritaje va a determinar si técnicamente es factible entrar a esa mina y si hay riesgo para vidas humanas de intentarlo hacer, y en ello están de acuerdo las familias de los trabajadores muertos” (La Jornada, Leopoldo Ramos, corresponsal).
Y detalló que la petición “ya la hice por oficio a la Procuraduría General de la República, (para que determine) si es posible hacer un nuevo peritaje que nos permita conocer con exactitud las condiciones técnicas que guarda en este momento la mina y saber qué es lo que podemos o no hacer como gobierno entrante. El gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto expresa una vez más sus condolencias a los familiares de los mineros por esta tragedia que ocurrió hace ya varios años”. Lo anterior fue confirmado por familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, quienes en la misma fecha confirmaron que el subprocurador de Derechos Humanos de la propia Procuraduría, Ricardo García Cervantes, “certificó el oficio OS/057/13 dirigido al procurador general de la República pidiendo evaluar las posibilidades de reabrir el caso”.
El pasado 10 de mayo el secretario del Trabajo “se comprometió a encontrar una solución a las demandas de familiares de las víctimas de la explosión en Pasta de Conchos, porque el caso no está cerrado” (La Jornada, Fabiola Martínez). Y en junio, Navarrete Prida afirmó que “el inicio del rescate (en la mina) podría empezar en semanas, ya que sólo se espera el peritaje de la Procuraduría General de la República para determinar el procedimiento mediante el cual se realizarían las maniobras en Pasta de Conchos”.
Casi nueve meses después del anuncio original, la moneda sigue en el aire: nada se sabe del “nuevo peritaje” ni del “inicio del rescate”, pero sí que Larrea y su Grupo México ya se ampararon. ¿Señal de que, en este caso, el gobierno peñanietista va en serio, o muestra de acuerdos en lo oscurito? Urge que Navarrete Prida lo precise (no vaya a ser que la historia se repita, como con Fox y Calderón), porque lo que legitima son los hechos, no los discursos.
Las rebanadas del pastel
Para aquellos que duden cómo es que el gobierno “moderniza” el país, allí está el anuncio, el más reciente, del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell: en breve, el Ejecutivo presentará una propuesta legislativa para que el sector privado pueda participar en la generación de energía geotérmica, otorgándole certidumbre a los inversionistas con el fin de alentar el desarrollo de este rubro (La Jornada, Israel Rodríguez).
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
