El secretario se comprometió a no utilizarlos en tareas de espionaje: Ricardo Monreal
Admite que las armas de los militares tienen un rezago de 18 años frente a las que usan criminales
El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, informó a los diputados de la Comisión de Defensa que el Ejército Mexicano utiliza drones –propiedad de Petróleos Mexicanos–, operados por elementos de las fuerzas armadas, únicamente para detectar el robo de hidrocarburos en los ductos de la paraestatal a lo largo del país.
En entrevista posterior al encuentro de carácter privado, el secretario de la comisión, Ricardo Monreal Ávila describió que también el general Cienfuegos se comprometió con los legisladores a que los drones no serán utilizados con fines de espionaje.
“Nos dijo que es alarmante el robo de hidrocarburos y el daño en los ductos. Nos dijo que los drones son de Pemex. Nos hizo un compromiso personal de que nunca serían utilizados para fines de espionaje, pero sí existen drones, dijo. El hecho de que lo aceptara es muy importante.”
Monreal aseguró que el titular de la Sedena les informó que la flotilla de aeronaves de la fuerza aérea tiene 40 años de uso y su mantenimiento cuesta mucho más que si se aplicara una política de renovación de la misma. En el mismo caso, dijo el diputado, el secretario explicó que las armas utilizadas por los militares tienen un retraso de 18 años, por lo que el combate al crimen organizado se encuentra en desventaja.
En la entrevista el diputado confió que el secretario Cienfuegos exhortó a los legisladores a reglamentar el artículo 89 de la Constitución para que la atribución presidencial de disponer de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia se regule a través de una ley de seguridad interna y una ley de la defensa nacional. “También el jefe militar insistió en que el Ejército no regresará a sus cuarteles mientras exista la desconfianza de la ciudadanía en las policías estatales y municipales”, dijo Monreal
Reunidos en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, el alto mando militar y los legisladores conversaron por más de dos horas. “Fue una reunión de preguntas y respuestas francas. En sus respuestas, el secretario asumió una actitud sincera, mostrando anuencia, por que se regule y actualice el Código de Justicia Militar, y nosotros le planteamos que no haya impunidad con los soldados que incurren en la violación de derechos humanos, cateos e intervenciones ilegales”.
–¿Se abordó el tema del espionaje? –se le preguntó al diputado.
–En el espionaje, el secretario aceptó que la respuesta de la cancillería mexicana y del pueblo de México debería ser más enérgica y más digna. Él nos dijo que el país tiene un sistema de radares, y que la inteligencia militar había sido actualizada, pero que no se dedicaban a espiar, que se modernizó, que su sistema de inteligencia es bueno.
–También se descalificó al país por el tema de derechos humanos, ¿el secretario se refirió al tema?
–El secretario exhortó al Legislativo a dotar al Ejército de un marco jurídico adecuado del que se carece, planteando la reglamentación del artículo 89 constitucional y promulgar por lo menos dos legislaciones.
–El combate a la delincuencia organizada también es un pendiente legal que enfrenta la tarea del Ejército ¿El titular de la Sedena les comentó en qué estado se encuentran las fuerzas armadas?
–Otro de los temas abordados fue la lucha contra el crimen organizado; sostuvimos que no han bajado los índices de criminalidad, que no ha disminuido la presencia del crimen organizado, que no se ha reducido la complicidad entre policías y soldados con el crimen organizado. El general nos dijo que los soldados seguirán en la calle en la lucha contra el crimen organizado mientras no haya una policía confiable, mientras exista la desconfianza dijo él, de los policías estatales y municipales.
“Nos exhortó a emprender la reglamentación del artículo 89 para respaldar el trabajo del Ejercito en las calles. Planteó: dótennos de un marco jurídico porque –dijo– funcionamos bajo criterios de la jurisprudencia porque no tenemos una base sólida y jurídica para actuar.”
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
