viernes, 6 de septiembre de 2013

Se cancelarán garantías laborales de miles de maestros, acusa #YoSoy132

El diputado Ricardo Anaya exige actuar contra manifestantes
Emir Olivares, Roberto Garduño y Enrique Méndez | Periódico La Jornada | Viernes 6 de septiembre de 2013, p. 9
Académicos universitarios que participaron en el movimiento #YoSoy132 lamentaron la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, “que afectará los derechos de los maestros de nivel básico”, y manifestaron su apoyo a las acciones del “magisterio progresista” contra esas modificaciones.
El Comité de Académicos #YoSoy132 subrayó que la “contrarreforma” educativa “tiene graves vicios de origen” y representa un problema nacional, ya que “cancelará los derechos laborales de miles de educadores”.

En un pronunciamiento público, indicaron que no se trata de una reforma integral al sistema educativo, sino de una propuesta de evaluación homogénea “que en los hechos se dirige a la cancelación de los derechos de miles de docentes en materia laboral, así como a la desaparición de la disidencia magisterial, incómoda para Enrique Peña Nieto, la clase política y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se trata de una política de limpia contra todas las formas de oposición”.

En contraparte, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que los capitalinos “están hartos” de las movilizaciones del magisterio disidente, y conminó a las autoridades federales y de la ciudad a “tomar medidas contra los manifestantes”.

El representante panista adujo con dureza: “definitivamente estoy convencido de que las minorías no pueden estar tomando de rehén a la ciudad, y mucho menos a los poderes. En esta Cámara de Diputados hemos sido muy claros en términos de decir que todos tienen derecho a ser escuchados, pero hay un límite y el límite son los derechos de los terceros”.

En entrevista, el joven presidente camaral llamó a las autoridades federales y capitalinas a que actúen.

“Definitivamente corresponde tanto al gobierno federal como al de la ciudad tomar las medidas que correspondan en el marco de la ley: medidas políticas, medidas jurídicas, pero es un tema muy importante para que se evite el daño a terceros, como ha estado ocurriendo”.

Fuente: La Jornada