viernes, 6 de septiembre de 2013

Descubren semiesclavitud de jornaleros en rancho de BC

Diputado propone investigar las condiciones laborales en la agroindustria del estado
Afectados denuncian falta de pago, hacinamiento, jornadas extenuantes, exposición a tóxicos, acoso sexual y falta de atención médica
En el estado hay unos 50 mil trabajadores migrantes
Antonio Heras | Corresponsal | Periódico La Jornada | Viernes 6 de septiembre de 2013, p. 33
Mexicali, BC, 5 de septiembre.- El Congreso de Baja California exigió investigar las condiciones en que las agroindustrias contratan jornaleros agrícolas, luego que se detectó “un caso de esclavismo laboral” de 50 personas en el rancho Los Olivares del municipio de Tecate, informó el diputado Carlos Murguía Mejía.

El legislador priísta, quien propuso la moción aprobada por el pleno, dijo que los principales problemas que enfrentan los trabajadores agrícolas son jornadas extenuantes, exposición a pesticidas, hacinamiento en galerones de lámina, carencia de servicios médicos y seguridad social, así como acoso sexual a mujeres por mayordomos y capataces.

“Ante tales hechos delictuosos e inhumanos, se debe realizar una investigación a fondo sobre las condiciones en que viven y trabajan las familias jornaleras en la entidad, donde se presume que laboran cerca de 50 mil personas, la mayoría de origen mixteco y triqui, en condiciones de esclavitud y con aval de las autoridades”, indicó.

Los legisladores presentaron su solicitud después de que, hace una semana, el Grupo Beta de Protección a Migrantes encontró a tres hombres que deambulaban por la laguna Salada a una temperatura de 50 grados centígrados. Ambos estaban deshidratados y uno sufría convulsiones, por lo que fueron trasladados al hospital general de Mexicali.

Explicaron que huyeron del rancho Los Olivares porque la empresa incumplió las condiciones del contrato, que consistían en buen salario, alimentación y hospedaje. Recordaron que la mayoría de los jornaleros que trabajan en ese sitio provienen del sur del país, y los contacta en Puerto Peñasco, Sonora, la empresa Italoamericana SA de CV, con sede en Monterrey, Nuevo León, para el cultivo de aceitunas en un rancho de Tecate.

Dijeron que después de desengañarse, varios se resistieron a continuar con este trabajo, pero los patrones les negaron transporte. El rancho se encuentra en una zona agreste de la Sierra Cucapah, limítrofe con la franja de desierto denominada laguna Salada.

Agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración acudieron al día siguiente al rancho de 2 mil 500 hectáreas, la mitad sembradas, ubicado 41 kilómetros al sur de la carretera Mexicali-Tijuana.

En entrevistas con las autoridades, los trabajadores se quejaron de falrta de pago y de condiciones precarias, por lo que 28 de ellos incluidos 11 menores de edad, solicitaron su traslado a Mexicali para volver a sus lugares de origen. En el rancho se quedaron 32 jornaleros.

El encargado del rancho, de apellido Treviño, informó que los trabajadores que recogerán la cosecha que se inicia a mediados de septiembre reciben salarios, alimentos, dormitorio y atención médica.

Días después, el 3 de septiembre, los jornaleros Apolinar Jiménez Ojeda, de 27 años de edad, e Irene Ontiveros, de 20, oriundos de Veracruz, también huyeron del rancho Los Olivares. Deshidratados, llegaron a otro rancho donde denunciaron que sólo les pagaban lo mínimo para cubrir sus gastos de alimentación y que dormían en el piso.

La pareja llamó al teléfono de emergencia 066, por lo que una unidad del Grupo Beta acudió al rancho con la finalidad de trasladarla a Mexicali.

El legislador Murguía Mejía solicitó la integración de mesas de trabajo interdisciplinarias con la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las secretarías de Trabajo local y federal para elaborar convenios tendientes a proteger los derechos laborales de los jornaleros en Baja California.

El priísta pidió además aplicar programas de seguridad social e higiene en el trabajo, con la participación de los sectores empresarial, académico y de los trabajadores para que vigilen, mediante visitas e inspecciones, que los centros de trabajo agrícolas cumplan las disposiciones legales en materia laboral.

Fuente: La Jornada