Las movilizaciones de los últimos días, de miles de maestros en todo el país, ha sido pretexto tanto de los gobiernos federal como locales para atacar con adjetivos su movimiento; ello ha facilitado la acción policíaca para justificar el desalojo y obstrucción de manifestaciones, hecho que ha sido aplaudido por varios sectores.
Las demandas magisteriales ante la opinión pública han quedado minimizadas. Se les acusa de defender intereses y no derechos y hasta los cuestionamientos han permitido ocultar cualquier arbitrariedad, violencia física y hasta detenciones arbitrarias por parte de la policía.
La mayoría de los medios de comunicación ha denostado a los maestros acusándolos de holgazanes e irresponsables. Incluso esa corriente de opinión ha tundido al propio Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, acusándolo de blando por abstenerse del uso de la fuerza pública ante la realización de manifestaciones en diversas vialidades de la capital.
Al mismo tiempo, sectores gubernamentales con el apoyo de la iniciativa privada, han impulsado campañas para propalar que no se afectan derechos laborales de los profesores. El sumiso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lo ha intentado sin mucho resultado y se ha sumado a esta oleada en contra de sus propios agremiados.
Al mismo tiempo, el gobierno federal se ha encargado de amenazar con aplicar la ley a quién la desobedezca. Ya amenaza a quién se siga rebelando con aplicar ceses por las faltas cometidas con motivo de las protestas.
Ante este desconcierto, profesores en todo el país buscan sus propios mecanismos de defensa ante la ausencia de representación por parte de su sindicato.
Los docentes ya se organizan para presentar miles de amparos colectivos contra las leyes reglamentarias de la reforma educativa por las violaciones a sus derechos humanos, por su aplicación retroactiva de la ley en su perjuicio, por desconocer su carácter como trabajadores; por la anulación de su bilateralidad, de su derecho a una representación sindical y por la cancelación de sus condiciones generales de trabajo.
Desde el Consejo de la Judicatura Federal están preparando acciones para recibir los amparos colectivos de los docentes inconformes contra las leyes reglamentarias y ya se toman medidas para controlar su trámite. El poder judicial en este proceso, no ha disimulado su sometimiento al ejecutivo federal para solapar arbitrariedades con el pretexto de una reforma educativa.
En los amparos contra las reformas constitucionales, los jueces de distrito los han desestimado, porque según ellos, los mentores no han demostrado la afectación de sus derechos. Los docentes han tenido que recurrir a instancias superiores: los tribunales colegiados de circuito con sede el distrito judicial de Cholúla, Puebla, para la revisión de sus casos.
En estos días, miles de docentes se han visto obligados a buscar opciones para presentar amparos contra las leyes reglamentarias de los artículos 3o y 73 constitucionales. Temen que de no hacerlo se convaliden las reformas en su contra.
En los próximos días observaremos en todo el país la presentación de estos amparos en los juzgados de distrito como una forma de protesta pacífica de los docentes ante la negativa gubernamental de suspender el proceso legislativo para evitar se afecten sus derechos laborales.
Los amparos por si mismos no pueden revertir estás reformas, se hace necesaria la participación de la sociedad, de los padres de familia y del magisterio en su conjunto. Una nueva etapa de resistencia magisterial se avecina.
Fuente: La Silla Rota
Fuente: La Silla Rota
