Arturo Alcalde Justiniani | Opinión-La Jornada
En un escenario desolador, en el que día a día se despoja a la población de sus derechos laborales mediante todo tipo de abusos, cobijados e incluso promovidos por las autoridades, es alentador conocer de resoluciones emitidas por tribunales de amparo que ponen las cosas en su lugar, aún cuando existan de por medio muchos intereses creados o influencias a contracorriente. Un ejemplo destacado es la reciente sentencia dictada por el tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, que resolvió declarar ilegal el mecanismo mediante el cual Bancomer ha venido esquilmando los derechos de decenas de miles de sus trabajadores, privándolos de su reparto de utilidades equivalente a 10 por ciento y de otras prestaciones que, como auténticos trabajadores bancarios, deberían gozar.
El ilegal mecanismo utilizado por Bancomer es una modalidad más de las formas de outsourcing que llevan a cabo miles de empresas en nuestro país, sin encontrar contrapeso en gobiernos y sindicatos, quienes se han plegado en complicidad a dichas prácticas. Esta resolución en favor de la vigencia constitucional abona al respeto al estado de derecho y brinda un espacio de esperanza al ver que no todo está perdido y podrido.
Desde la privatización de la banca, en la época salinista, se inició un reajuste brutal en el modelo laboral de los trabajadores bancarios y miles fueron despedidos para omitir cubrirles sus créditos pensionarios, mismos que las instituciones cobraron al Estado en su compra. Una formula adicional fue desconocer abiertamente la relación laboral con sus trabajadores.
Se crearon decenas de despachos que ofrecieron drásticas fórmulas para encubrir la responsabilidad laboral del verdadero patrón y suprimir derechos adquiridos; al no encontrar oposición estas se hicieron cada vez más grotescas. Bancomer tuvo la iniciativa, que ostentó como brillante en distintos foros, de crear una empresa que denominó “operadora” o “de servicios de personal”, para que simularan ser el verdadero patrón de los trabajadores, quienes dejaron de ser empleados del banco vinculándolos tan solo a la empresa creada artificialmente para ese fin.
El mecanismo de simulación creado por Bancomer, data del 22 de noviembre de 2006. Mediante un convenio de “sustitución patronal”, la empresa de paja denominada BBVA Bancomer, Operadora SA de CV, sustituyó a BBVA Bancomer, SA, y todos los trabajadores del grupo financiero pasaron a ser virtualmente sus empleados, aunque siguieron laborando únicamente para BBVA Bancomer. De esta manera los trabajadores no tendrían derecho a recibir reparto de utilidades ni a percibir las prestaciones propias de un empleado bancario, puesto que ya no lo eran.
La operadora no es un banco, es una simple prestadora de servicios, una supuesta proveedora de personal que asume de un plumazo todas las obligaciones laborales de Bancomer; sin embargo para culminar la maniobra, necesitaban dos cosas: transformar la personalidad jurídica del sindicato, pasando de sindicato bancario a sindicato de servicios, proceso que se llevó a cabo de inmediato por ser un gremio subordinado, y, por otro lado, lograr la aprobación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien de inmediato accedió a la petición empresarial. A partir del 1º de enero de 2007, entró en vigor la nueva ingeniería laboral. Nuevo sindicato, nuevo contrato colectivo y nuevo patrón, eso sí, mucha indefensión.
Un trabajador despedido injustificadamente en noviembre de 2006, después de 30 años de servicios, valientemente decidió demandar su reinstalación y pago del reparto de utilidades a ambas empresas, al verdadero patrón Bancomer y a la empresa que actuaba como “operadora”. Alegó, con razón, que su auténtico patrón era Bancomer y que el convenio de sustitución patronal con la empresa de papel era una simple simulación y, en consecuencia, no tenía efectos legales.
Después de seis largos años de litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió, como era de esperarse, que Bancomer tenía razón, que el trabajador laboraba sólo para la operadora y que no tenía derecho al reparto de utilidades ni a su reinstalación.
El trabajador entonces, acudió a solicitar la protección del Poder Judicial Federal por la vía del amparo, recayendo su asunto en el tercer tribunal colegiado mencionado, integrado por los magistrados Alicia Rodríguez Cruz, presidente, Tarsicio Aguilera Troncoso y Héctor Arturo Mercado López, este último ponente, quienes recientemente dictaron una sentencia que hará historia. Resuelven que el convenio de sustitución patronal ( outsourcing) en Bancomer es ilegal, en virtud de que para justificar la existencia de un patrón sustituto es indispensable que se transmita de una empresa a otra el patrimonio como unidad o parte del mismo, y en este caso no existió tal transmisión. Apoyados en resoluciones previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalan: “… este tribunal estima que los elementos de prueba ofertados en el juicio ponen de manifiesto la simulación que adujo el actor… se estima que BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, institución de banca múltiple pretende eludir el cumplimiento de las obligaciones que se han generado con motivo del vínculo laboral”. (Amparo directo 638/2013).
De la sentencia definitiva citada se deriva que todos los trabajadores de Bancomer están mal contratados y que muchos otros bancos y empresas de servicios en condiciones similares operan al margen de la legalidad, debiendo poner sus barbas a remojar; tal es el caso de Walmart que tiene un convenio similar entre operadora Walmart, S de RL de CV, y nueva Walmart de México, S de RL de CV.
Esperamos que haya más resoluciones como ésta en favor de nuestra vapuleada legalidad. Quizá lo deseable es que los trabajadores no fueran obligados a llegar tan lejos y a esperar tanto tiempo para obtener justicia. Ello sólo será posible cuando se sustituyan las juntas de Conciliación y Arbitraje por verdaderos tribunales laborales, con árbitros imparciales y autónomos, y que el Estado ejerza las funciones de fiscalización que la ley le impone.
