El secretario Navarrete Prida no modifica la realidad laboral generada por 30 años de políticas económicas estabilizadoras”, pero sí pone al servicio de la administración Peña una alteración mediática de su percepción. Con la contrarreforma laboral aprobada por PRI-Peña en noviembre 2012 –disponiendo un México “para los inversores” y que hunde el futuro de los jóvenes en el mundo sin contrato, bajos salarios, tercerización y precariedad–, Navarrete publicita la “democratización” de la productividad, así como la instauración del seguro de desempleo temporal, mientras enmascara la realidad laboral con tres acciones escénicas: la firma del convenio de protección social “básica” con la OIT, que enmarca el pistoletazo de salida para el seguro “universal” mínimo de Peña; el hueco Programa para la formalización del empleo 2013, y una “modernización” –en el papel– del discurso oficial sobre el mundo del trabajo.
El 17 de junio suscribió con la OIT un convenio de cooperación para promover la aplicación de “un piso” de protección social, el primero que se firma en América Latina. Según Navarrete éste responde a “transformaciones y retos en el mundo del trabajo y permitirá desarrollar nuevas ideas y proyectos viables”. ¿Busca barnizar de internacionalidad el seguro “universal” mínimo de Peña que eleva impuestos (IVA) mientras reduce prestaciones a tres derechos “exigibles” básicos: atención a la salud, seguro de desempleo y pensión para el retiro?
Elizabeth Tinoco de la OIT-América Latina lo había expresado antes como un “desafío que busca cobertura universal prestando servicios esenciales, por ejemplo en salud”. ¿Como los ya tecnocráticamente racionados paquetes esenciales del Seguro Popular?
Ante los devastadores impactos de la subcontratación y esquivando las prestaciones integrales del IMSS-Issste, la narrativa escénica de Navarrete responde usando el “piso” básico de la OIT para legitimar el sótano básico de protección social del seguro “universal” en que confina a los jóvenes la tercerización. El convenio ya fue asumido por la UNT, CTM y CROC.
El Programa de formalización del empleo 2013 carece de metas precisas, aunque pretende “aligerar” las cargas patronales. Nuevamente la realidad es el subsidio a la informalidad, que Peña presenta como una “salida falsa” (vía el Seguro Popular) aunque, con la misma política económica es, más bien, un recurso de sobrevivencia. Ciertamente es una “salida falsa” para las firmas que recurren a la tercerización incrementando la informalidad al negar la debida contratación a sus trabajadores.
Pero la narrativa escénica de Navarrete se reduce a un juego de palabras hueras: “La informalidad laboral es una de las principales causas de la baja productividad. El trabajo decente que se desarrolla en condiciones de libertad, con protección social y bajo la tutela de la ley debe estar al alcance de todos los mexicanos”, palabras que van justo en el sentido contrario de lo que impuso la contrarreforma laboral de Peña de 2012. Al presentar el programa lo siguieron alegremente en esa narrativa huera los responsables del IMSS, Coparmex, CROC y Conago.
El programa no aclara el contenido de su estrategia: todos los trabajadores “formalizados” ¿tendrán sólo un registro ante Hacienda? ¿Dispondrán del paquete integral IMSS o el restringido del Seguro Popular? ¿Contarán con acceso efectivo a todo el derecho humano constitucional a la seguridad social o sólo al “piso” básico de la OIT y los tres reducidos derechos “exigibles” del seguro mínimo “universal” de Peña? ¿Serán basificados, regularizados o subcontratados?
Y con el programa efectista a todo lo alto, Navarrete apenas oferta “sacar de la informalidad a 200 mil trabajadores” durante 2013, sin precisar cómo. También declara que actuará sobre una difusa “población objetivo” (definida con la “metodología” de la OIT para medir la informalidad): 2.5 millones de trabajadoras domésticas, 6.6 millones de trabajadores informales que laboran en empresas formales y 6.2 millones de trabajadores agrícolas. Y, ¿cómo? Para las domésticas se propone un incentivo para la “autogestión”: que el patrón pague la seguridad social del trabajador; pero que el alta sea voluntaria, a fin de que cuando pase a otro trabajo “se lleve su seguro social”!
Por lo que toca a la “modernización” del discurso oficial sobre el mundo del trabajo, Navarrete invoca como “núcleo duro” de la política federal, justo lo contrario de lo que impuso Peña en su contrarreforma laboral.
Mientras reconoce que sólo el gobierno contabiliza “20 por ciento de informales” y Joel Ayala Almeida asume que en instituciones públicas laboran “cerca de 100 mil, su narrativa escénica se atreve a afirmar –en Moscú y ante los agentes sociales del G-20– que “una economía sana es fundamental para mantener controlada la inflación, pero no al precio de perjudicar a la población. No puede haber crecimiento económico donde se concentre el capital en manos de unos cuantos”.
Simultáneamente Navarrete se llena la boca con ofertas abstractas en pro del trabajo “decente” –tomando la terminología ad hoc de algunos agrupamientos sindicales de avanzada– como materia prima para barnizar su discurso “modernizador”.
Frente a los grandes retos del mundo del trabajo, esa narrativa escénica emergente es propaganda. No resuelve, pero le imprime un reluciente –aunque extremadamente frágil– rostro de cristal al peñismo. En vez de fomentar y alentar el gran debate nacional que se requiere, Navarrete está empeñado en publicitar la retocada fotografía de un viejo buque rebarnizado, como si se tratara de una política federal “nueva”, límpida y en impresión digital.
