Los de abajo | Gloria Muñoz Ramírez | Opinión-La Jornada
La generación de conflictos en comunidades indígenas y campesinas, promovida por los gobiernos locales y federal, y por las empresas involucradas en la construcción de diversos megaproyectos a lo largo y ancho de país, cobra vida en el combativo pueblo de Tepoztlán, Morelos, donde la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla empezó sin el consenso de los pobladores, devastando zonas comunales de manera ilegal. Las imágenes de la maquinaria comiéndose las áreas verdes son realmente demoledoras.
Mientras los comuneros y ejidatarios organizados en Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) se mantienen firmes en su rechazo al proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la empresa constructora Tradeco, además de iniciar los trabajos, ha contratado gente de Tepoztlán y de comunidades vecinas para generar grupos de choque y un clima de confrontación, acusan los pobladores que se oponen a la autopista.
El proyecto carretero contempla la ampliación de 21 kilómetros de carretera con 60 metros de ancho, para lo cual se están expropiando, sin consulta ni autorización de los comuneros, 125 hectáreas de territorio de Tepoztlán, con el consiguiente arrasamiento de tierras altamente cultivables, y flora y fauna endémica, pertenecientes a una reserva ecológica otorgada en 1937 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.
Osvelia Quiroz, comunera reconocida, detalla que la construcción de la autopista afectará la vida completa del pueblo, ya que pasa por la zona arqueológica de Tlaxomolco y por los cerros Yohualtepetl y Zematzin, que serán derribados porque están al pie del trazo de la misma.
El domingo 28 de julio, la asamblea de comuneros de Tepoztlán no pudo realizarse debido a la falta de condiciones. Rodeado por cuerpos de seguridad estatal, el auditorio municipal albergó los gritos de “¡Sí a la autopista!”, de cientos de hombres y mujeres a los que, acusa el FUDT, Tradeco les pagó 150 pesos por asistir y avalar la ampliación de la carretera.
El ambiente es tenso. Guillermo Hernández explica que los manifestantes ni siquiera son habitantes de Tepoztlán, sino gente que invadió la zona de reserva ecológica El Tescal, ubicada en los límites de Jiutepec y Cuernavaca, y que edificó 14 colonias. “Son gente humilde a la que el gobierno de Graco Ramírez promete que les reconocerá como válida la venta ilegal de tierra comunal”, acusa. El FUDT denuncia que el Comisariado de Bienes Comunales está convocando a una asamblea extraordinaria para “considerar” un posible convenio con la SCT. Esto aún no termina.
Fuente: La Jornada
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