Emir Olivares Alonso | Periódico La Jornada | Martes 2 de julio de 2013, p. 10
Organizaciones civiles denunciaron que la Secretaría de Gobernación dio por cumplidas medidas que no se han concretado en torno a las sentencias contra el Estado mexicano emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas de Guerrero que fueron víctimas de abuso sexual por elementos del Ejército en 2002.
Lo anterior –señalaron– se presentó en la respuesta que la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia federal (encabezada por Lía Limón García) dio a un punto de acuerdo aprobado el 9 de abril de 2013 por el Senado, en el que se solicita a Gobernación “un informe detallado” de las acciones realizadas para dar cumplimiento total a sentencias.
Los centros para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa enviaron una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que manifestaron su extrañamiento y preocupación ante este hecho.
“En la respuesta, Gobernación da por cumplidas medidas que no lo están y lleva a cabo afirmaciones que distan mucho de la realidad.”
Informaron que en estos casos “subsiste incumplimiento en materia de indemnización, salud y educación, cuyos mecanismos de cumplimiento no han sido concretados y la satisfacción compete directamente a Gobernación”.
El primero de octubre de 2010 la CIDH notificó al Estado mexicano las dos sentencias en su contra y a favor de Fernández Ortega y Rosendo Cantú. En esos fallos, el máximo tribunal interamericano determinó que en –diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente– ambas mujeres fueron objeto de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército Mexicano y de autoridades de Guerrero y federales “en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense”.
En la misiva, las organizaciones de derechos humanos precisaron: “En materia de indemnizaciones, Gobernación afirma que ha cumplido lo ordenado por la CIDH; no obstante, en los hechos esa dependencia ha sido omisa en crear un fideicomiso para que los hijos y las hijas de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú cuenten con el mecanismo que les permita acceder a las reparaciones ordenadas por el máximo tribunal interamericano.
Fuente: La Jornada
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