Luis Hernández Navarro | Opinión-La Jornada
Se llama Miguel Hernández Alfonso. Es maestro. Labora en la región Valle de Santo Domingo D1-082 en Chiapas. En la fotografía de la portada de La Jornada del domingo 30 de junio, tiene las manos amarradas con su cinturón, la cabeza abierta, el rostro lleno de sangre. Policías lo golpearon con la culata de sus armas y lo patearon. Después lo treparon a una camioneta oficial junto a otros cuatro docentes, y lo tiraron en la colonia La Ilusión, en Tuxtla Gutiérrez. Tiene fractura en el cráneo, rotos varios huesos de la cintura y costillas quebradas.
A Miguel le fue mejor que a María del Tránsito, maestra de base de la Universidad Pedagógica Nacional en Bochil. Ella tiene un coágulo en el cerebro y necesita una cirugía. Una bala de goma disparada por la policía le golpeó la cabeza. María es una de los cuatro docentes chiapanecos reprimidos que fueron hospitalizados en clínicas públicas el pasado 29 de junio. Muchos otros tuvieron que curarse en sanatorios particulares.Miguel y María son profesores democráticos. Pertenecen, como la mayoría de los maestros de Chiapas, al Bloque Democrático. Ese día participaban en el 26 congreso de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para elegir a sus representantes gremiales.
Chiapas es la cuna de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Allí se fundó en diciembre de 1979. La insurgencia sindical que le dio origen comenzó en ese estado. La 7 fue la primera sección democrática de la era moderna del SNTE. Desde entonces ha sido uno de los baluartes del movimiento democrático.
En 2008 Elba Esther Gordillo dio un charrazo. Sin el menor pudor, con el apoyo del gobernador Juan Sabines, impuso como dirigente a Rosendo Galíndez, un antiguo maestro democrático seducido por el poder y el dinero. Galíndez fue designado secretario general por la maestra mientras los delegados democráticos negociaban con los dirigentes nacionales del SNTE. El congreso para nombrarlo no se instaló y no tuvo quórum; nadie votó por él. Sin embargo, fue ungido líder del magisterio chiapaneco.
Su gestión fue lastimosa. El año pasado, un paro magisterial de tres días en contra de la evaluación universal lo destituyó. El SNTE nombró en su lugar un delegado especial, y se comprometió a realizar el congreso seccional. No cumplió.
Por eso, el pasado 15 de mayo los maestros suspendieron nuevamente labores durante cuatro días, ahora además contra la reforma educativa. Exigieron el cumplimiento del acuerdo. El gobernador Manuel Velasco aceptó que durante su administración ningún profesor será despedido de su empleo como resultado de la reforma, y la realización del congreso sindical.
El 21 de mayo, el bloque negoció con Juan Díaz de la Torre la fecha para realizar el congreso sindical de la sección 7, la instalación de una mesa política para resolver controversias y mantener la estabilidad política del estado.
Durante junio se efectuaron las asambleas para nombrar los delegados al congreso. Muchas estuvieron llenas de irregularidades, propiciadas por los representantes del sindicato nacional, con el objetivo de inflar el número de representantes afines a su posición y bloquear a los integrantes del bloque. Por ejemplo, en las asambleas de jubilados permitieron la participación de personas que no son maestros. En ellas nombraron 110 delegados efectivos al congreso, de un total de 824. De paso, asignaron al espurio comité seccional saliente 50 delegados más.
Simultáneamente, no enviaron a los representantes del SNTE a presidir las asambleas delegacionales donde el bloque es mayoría. De esta manera, las asambleas no pudieron instalarse legalmente y los democráticos no pudieron sumar más delegados.
Para desahogar los trabajos del congreso, las partes convinieron una ruta. Primero elegir a los 14 secretarios de organización, luego a los representantes de los niveles educativos, después a los encargados de las otras carteras, y, finalmente, votar por el secretario general.
Al instalar el congreso fue evidente que los institucionales habían hecho trampa. Ellos tenían el control de la asistencia. En el recinto había 810 sillas, para 860 delegados. Sin embargo, estaban presentes más de mil 100 personas. Al nombrar al secretario de organización de la región centro, hubo 177 votos, 11 más de los acreditados.
No obstante todas estas irregularidades, los democráticos superaron a los institucionales por casi 100 delegados. De hecho, ganaron 8 de las 14 secretarías de organización. Al darse de cuenta de su inminente derrota, los representantes del SNTE maniobraron para que las votaciones no siguieran. Juan Díaz quiso repetir lo que su jefa hizo hace cinco años allí mismo: abrir un receso, llevarse a sus delegados a otro lado, y nombrar un comité seccional espurio en una sede alterna.
Sólo que en esta ocasión los democráticos no permitieron la maniobra. Exigieron que el congreso culminara y se escogiera a sus dirigentes. Los representantes del SNTE dijeron entonces que sus compañeros estaban secuestrados. Soraya Bañuelos, la apoderada del sindicato, aseguró que había pedido a las autoridades intervenir.
A las 8.15 de la noche del 29 de junio, mil 500 efectivos policiales incursionaron violentamente en el Poliforum Mesoamericano de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez. Dispararon gases lacrimógenos, balas de goma y golpearon a mansalva con toletes y escudos. Participaron agentes vestidos de civil. Varios profesores fueron torturados. Fueron detenidos 29 docentes. Con saña, la policía rompió los vidrios de los coches estacionados alrededor del auditorio –en su mayoría propiedad de los maestros– y robó las pertenencias que había dentro.
En todo el país, la CNTE ha crecido en los últimos meses. El liderazgo de Juan Díaz está en apuros. La violenta intervención gubernamental en Chiapas contra el magisterio democrático busca apuntalar al charrismo y frenar a la Coordinadora. No lo logrará; por el contrario, va a expandirla y radicalizarla.
Los profesores están llenos de rabia e indignación ante el intento de jaripeo de Juan Díaz, el incumplimiento de la palabra del gobernador y la violencia policial en su contra. La reorganización de su movimiento está en marcha. El próximo 8 de julio pararan labores y realizarán una marcha. Amenazan con suspender labores indefinidamente. Chiapas está que arde.
