Marco Antonio Alvarado (Miembro del SME)
Aún recuerdo esa noche del 10 de Octubre de 2009, me llamo un compañero que estaban entrando las fuerzas de la policía federal (militares con traje de federales) a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, yo estaba cerca de mi centro de trabajo, un centro de control de la Energía en la zona sur de la ciudad y cuando llegue mi sorpresa fue que llegaba personal de CFE a requisar las instalaciones y al abrirse las puertas una visión funesta me apareció al ver un desmedido número de policías federales que me obligo a retirarme.
11 julio 2013 | Redacción | Radio AMLO
Se había asestado un golpe de Estado a una empresa estratégica de la Nación, de ahí los poderes facticos como la radio y la TV empezaron una campaña de linchamiento brutal, empeñándose en denigrar y denostar al trabajador electricista mostrándonos como lo peor de la sociedad en ese momento, que éramos los causantes del mal servicio y de las “altas” tarifas de luz, y que por causas de índole económicas y de fuerza mayor se decretaba la extinción de la empresa lo cual prácticamente dejaba en la calle a 44,000 trabajadores y sus respectivas familias.
Se había asestado un golpe de Estado a una empresa estratégica de la Nación, de ahí los poderes facticos como la radio y la TV empezaron una campaña de linchamiento brutal, empeñándose en denigrar y denostar al trabajador electricista mostrándonos como lo peor de la sociedad en ese momento, que éramos los causantes del mal servicio y de las “altas” tarifas de luz, y que por causas de índole económicas y de fuerza mayor se decretaba la extinción de la empresa lo cual prácticamente dejaba en la calle a 44,000 trabajadores y sus respectivas familias.
Pero habrá que decir que había una junta de gobierno que estableció el fallido gobierno calderonista y se impuso un programa de productividad que se puso en marcha en 2008 y se estaba cumpliendo de acuerdo a un programa establecido, este órgano fue presidido por la secretaria de Energía del calderonato, Georgina Kessel, y en el que participaban representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (Agustín Carstens en ese entonces), Desarrollo Social (Ernesto Cordero, hoy senador panista), Economía (Gerardo Ruiz Mateos) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Juan Rafael Elvira Quesada), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (José Luis Luege), además del director general de la Comisión Federal de Electricidad (Alfredo Elías Ayub, el de la empresa de soborno mundial), el director general de LFC (Jorge Gutiérrez Vera) y tres representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ninguno de ellos, salvo los del SME, fue sancionado por alcanzar “niveles verdaderamente insostenibles” (Calderón dixit) y se mantienen (o han mejorado) en sus puestos, como Georgina Kessel que gracias a sus servicios hoy se desempeña en un alto cargo en la trasnacional española Iberdrola.
Apenas dos semanas después del decretazo se confirmó la verdadera razón de la extinción de LFC: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el inefable Juan Molinar Horcasitas en funciones de titular, anunció que se licitaría el tendido de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y el correspondiente a la Luz y Fuerza del Centro. Para conocer el jugoso alcance del negocio, vale precisar que la red de CFE tiene un potencial de 2 mil 961 clientes por kilómetro; la de LFC, de 27 mil 273 clientes por kilómetro (en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). Entonces, no era la “onerosidad” (Gómez Mont dixit) de la ex paraestatal, sino que el SME impedía la privatización de este segmento. Casualmente, esta mina de oro quedó en manos del único postor (Televisa-Megacable-Telefónica), que explota más de 21 mil kilómetros de dicho tendido. ¿Queda claro el quid del decretazo?
Por otra parte desde la época de Salinas de Gortari, luego con Zedillo y después con la docena trágica panista se han hecho modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que faculta a particulares a participar en la generación del fluido, este proceso ha provocado que a la fecha, ya los privados extranjeros ya generan alrededor del 50% de la capacidad instalada con plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural el cual, se adquiere también en el extranjero y como consecuencia el producir cada Kilowatt-hora resulta mucho más costoso, en comparación con las plantas del Estado que son de diversas modalidades pues hay hidroeléctricas de gran capacidad, termoeléctricas, geotérmicas, una nuclear, etc y el costo de producir cada kilowatt-hora es bastante menor lo cual permite colocar tarifas accesibles a los usuarios.
También es justo mencionar que Felipe Calderón no demostró que la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) correspondiera a una causa de fuerza de mayor, por lo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) actuó ilegalmente al validar el despido de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por lo que el segundo Tribunal colegiado de circuito en materia laboral, estableció el 13 de septiembre de 2012 un amparo directo (juicio de garantías) concedido a los ex trabajadores, el cual determinó también que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el patrón sustituto de los despedidos mediante decreto presidencial del 10 de octubre de 2009.
También los magistrados resolvieron ese 13 de septiembre pasado que la decisión de la JFCA de reconocer al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) –coordinado por Hacienda– como encargado de liquidar a los trabajadores fue ilegal, porque el Ejecutivo Federal no demostró que la terminación de la relación laboral con los electricistas fuera producto de una causa de fuerza mayor o de un caso fortuito, no imputable el patrón, como lo establece la Ley Federal del Trabajo.
Es decir, fue insuficiente el argumento del Presidente de que debía extinguir la paraestatal porque no resultaba ya costeable para la economía nacional o por interés público. Ello, porque en este caso el gobierno sí estaba en condiciones de atender la incosteabilidad de la empresa, incluso con la implementación de las medidas pertinentes para su administración eficiente.
La sentencia de amparo 1337/2010, precisa que en esas condiciones la JFCA emitió un laudo violatorio de la Ley Federal del Trabajo y de los derechos de los trabajadores, al permitirle al SAE que se encargara de disolver el vínculo laboral con los electricistas, cuando sólo estaba facultado para iniciar los procedimientos correspondientes para llevar a cabo la liquidación.
La sustitución patronal existe, según la ley, cuando se realiza la transmisión de un patrimonio de una persona a otra (sea física o moral), mediante la incorporación de una empresa o razón social a otra ya existente, situación que se cumplió, porque la CFE quedó como la encargada de prestar el suministro de energía eléctrica, por lo que es obvio que a ella se le transmitió esa responsabilidad, indica la sentencia. Además, esto ocurre porque la CFE emplea las mismas herramientas y bienes que operaba el patrón sustituido.
El único patrón sustituto que puede haber es la Comisión Federal de Electricidad, independientemente de que el decreto referido no lo establezca así, entendieron los magistrados del Tribunal laboral.
Solo que como Calderón en su afán por no reconocer esta derrota utilizo un recurso de inconformidad llevando el caso de nuevo a la Suprema Corte en donde el 30 de enero pasado en una decisión de consigna no reconoce fundamentos al amparo y decide dejar en el desamparo a los trabajadores en resistencia (16,599) y por tal motivo se ha recurrido a instancias internacionales como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se solicitó se analice nuestro caso y pueda resolver en favor de los trabajadores, ya que agotamos todas las instancias legales en nuestro país.
Como toda la ciudadanía en la zona central del país lo puede constatar, el servicio eléctrico ofrecido por los contratistas de la CFE es por decir lo menos de ínfima calidad, aunado a que se desato una expedición de recibos con cantidades estratosféricas, y en función de que la CFE se encuentra en una situación de “comodato”, y existe el litigio jurídico, CFE no puede ostentarse como la empresa que en definitiva quede a cargo del suministro de energía eléctrica, por ello no hay la expedición de contratos en forma que especifiquen las tarifas y condiciones al usuario, que por cierto ellos le llaman “cliente” con toda la connotación neoliberal del concepto, así es que mientras tanto el SME sostuvo un plantón desde el 28 de mayo pasado, en las cercanías de la Sria. de Gobernación que se levantó el pasado 5 de junio, pues en función de la mesa de negociación que se estableció, se logró hasta este momento la jubilación para trabajadores con una antigüedad de entre 29 hasta 23 años de servicios, con un porcentaje un poco debajo de lo que marca nuestra clausula 64, de esta manera se jubilaran alrededor de 1300 compañeros, también se llevó a cabo la votación para la renovación de la primer mitad del Comité Central con una jugosa votación de 23,296 compañeros, de forma que el SME cumple cabalmente con su vida democrática y autónoma, asimismo se realizan también los trámites para la liberación de nuestro compañero Jorge Ulises Uribe Gaona, faltando únicamente definir el regreso al trabajo para los estoicos compañeros en resistencia, este acuerdo deberá ser cuidadosamente revisado para que en la negociación se les brinde las mejores garantías que ofrece nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, mientras tanto, los trabajadores en resistencia y los jubilados estamos en pie de lucha convencidos de que nos asiste la razón legal y jurídica, por el derecho y la justicia del trabajador.
