México, 21 may (PL) El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció hoy que el jueves entregará una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por actos arbitrarios y unilaterales contra trabajadores de ese sector durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón.
Una comisión del SME presidida por su secretario general, Martín Esparza, partirá mañana hacia Washington, Estados Unidos, sede del organismo regional, para solicitar apoyo en las acciones para que los derechos de sus afiliados sean restituidos.
Esparza explicó a Prensa Latina que en octubre de 2009 el exmandatario tomó militarmente las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro; mediante un decreto ordenó su extinción y dejó sin empleo a decenas de miles de trabajadores.
Esa decisión, recordó, está vigente hasta hoy, por eso el reclamo por la pérdida del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la jubilación por años de servicios, a la salud.
Añadió que también impide el acceso a un proceso judicial justo ante un gobierno que es juez y parte del litigio, señaló.
Ello sin contar que existen pruebas fehacientes de un creciente deterioro en la calidad del servicio eléctrico a la población, con frecuentes apagones, a lo cual se suman arbitrariedades en el cobro de la tarifa eléctrica, dijo el líder sindical.
Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales, Humberto Montes de Oca, declaró también a esta agencia que en el documento preparado para entregar pasado mañana a la CIDH, se exponen los artículos de la Constitución violados por Calderón en este caso y enumera todos los acuerdos internacionales contra los cuales atentó con esa decisión.
Desde 2009 que se realizó el desalojo, el SME reclama sin respuesta en todos los escenarios la reincorporación laboral de todos los trabajadores injustamente despedidos, señaló.
En septiembre de 2012, acotó, el segundo tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo otorgó al sindicato el amparo para que todos los cesanteados fueran asumidos por la Comisión Federal de Electricidad a través de la figura legal del patrón sustituto, que de hecho resolvía el conflicto.
Pero el 30 de enero, ya con el actual gobierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó ese amparo y nuestros reclamos cobran fuerza mediante el diálogo, plantones, caravanas y marchas de protestas, por eso no pararemos hasta lograr restablecer nuestros derechos, concluyó.
