El Correo Ilustrado-La Jornada
Con la aprobación por parte del Senado del plan de energía de Peña Nieto, el Estado mexicano sigue avanzando en la privatización del petróleo y de la industria eléctrica. En realidad, el actual gobierno ya ha llevado a cabo acciones privatizadoras en esta materia: la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desamparar a los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, negándoles el patrón sustituto, es una de ellas, pues con esto se pretende desarticular el principal obstáculo para la privatización del sector energético.
Asimismo, el llamado Pacto por México es otra medida privatizadora de esta administración. Este “pacto” se asemeja a los Tratados de Bucareli firmados por Álvaro Obregón en 1923. Como podremos recordar, en estos tratados con relación al petróleo se estableció que el artículo 27 constitucional no era retroactivo para los estadunidenses que habían adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que les permitía seguir explotando libremente el hidrocarburo. De similar manera el Pacto por México, pretende entregar a empresas trasnacionales tanto la industria eléctrica como el petróleo.
