domingo, 7 de octubre de 2012

Pemex se mete a las elecciones en Galicia

En pleno fragor electoral, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dio a conocer con gran despliegue mediático la firma de un convenio con Petróleos Mexicanos para la construcción en astilleros gallegos de varios remolcadores y dos hoteles flotantes por un monto de más de 500 millones de euros. Miembros de la oposición gallega consideran que el contrato es un golpe propagandístico de Núñez Feijóo para asegurar su reelección y manifiestan su extrañeza por el hecho de que la petrolera mexicana –calificada por un funcionario español como “un grandísimo cliente”– se preste a semejantes maniobras político-electorales.
domingo 7 de octubre de 2012 | Alejandro Gutiérrez | Proceso
MADRID.- La tarde del 25 de mayo pasado, la televisión pública gallega interrumpió su programación habitual para transmitir en directo la firma del “acuerdo estratégico” entre el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para el armado de 14 remolcadores en los astilleros de esta comunidad autónoma, con una inversión de 247 millones de euros, que permitirá crear 2 mil 500 puestos de trabajo.

 Se anunció entonces que con este acuerdo la petrolera mexicana “se compromete” a encargar directamente sus pedidos “al sector naval de Galicia”, como parte de su programa de renovación de la flota de Pemex-Refinación y Pemex-Producción. Siete de esas embarcaciones se armarán por completo en astilleros gallegos y siete más en colaboración con astilleros mexicanos. Mediante esta fórmula la paraestatal busca zanjar los impedimentos legales que la obligan a contratar en México el mayor número de servicios disponibles.

 En el acto mencionado, que se realizó en Santiago de Compostela, a los periodistas locales –los únicos que fueron convocados– no se les proporcionó ningún documento acerca del acuerdo. Sin embargo, se informó que Pemex contrataría también la construcción de dos buques-hotel (floteles) para el apoyo logístico a sus plataformas petrolíferas, con un costo de casi 300 millones de euros.

 También se dio a conocer que Pemex planea instalar una terminal para la mezcla de hidrocarburos en Punta Langosteira. Esta sería su base logística en Europa y representa una inversión de 57 millones de euros.

 “Si Pemex ve una oportunidad en Galicia es porque tenemos una posición geoestratégica envidiable, así como capacidad de producción y recursos. El sector naval gallego está a la altura de cualquiera en el mundo”, manifestó Núñez Feijóo en su intervención durante la firma.

 Por su parte, el consejero de Industria del gobierno español, Javier Guerra, se refirió a la gran capacidad de compra de Pemex.

 “Este contrato –dijo eufórico– es la gran oportunidad del sector naval privado de Galicia de tener acceso directo a uno de los clientes más importantes del mundo en el sector petrolero. La Xunta ha hecho algo que no se había hecho nunca, que es traer a un grandísimo cliente, a la cuarta empresa petrolera del mundo, a nuestros astilleros.”

 Su estado de ánimo se debe a que el sector naval gallego atraviesa su peor crisis: en sólo tres años ha despedido a 9 mil empleados y algunos astilleros están parados por la falta de demanda de buques en el mercado mundial. Además, la Comisión de Competencia de la Unión Europea (UE) impuso al sector un castigo –debido a las subvenciones que recibe del gobierno– que lo obliga a aplicar descuentos en la construcción de navíos.

 El consejero aseguró que los acuerdos se mantendrán pese al cambio de gobierno en México. “Las empresas de este calibre –dijo– son fieles a su palabra”. En los mismos términos se expresó Núñez Feijóo en entrevista con El Faro de Vigo, al cual le declaró que el regreso del PRI al gobierno no afectará las decisiones de Pemex. Incluso mencionó que el traspaso de poderes ocurrirá hasta diciembre, cuando se prevé tener cerrados los pedidos.

 Acciones electoreras

 El portavoz del grupo parlamentario del Partido Socialista Gallego (PSG), Abel Losada, define la difusión mediática de este acuerdo como “el primer acto de una puesta en escena” por parte de la Xunta de Galicia con “propósitos meramente electorales por parte de Núñez Feijóo, quien busca la reelección en los comicios locales del 21 de octubre”.

 Losada dice a Proceso: “Yo creo que es una operación clarísima de publicidad y propaganda electoral. Y desde luego la sorpresa para nosotros es la colaboración de Pemex y sus directivos en esta acción”.

 El martes 2, un día antes de esta entrevista, el PSG y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) pidieron la comparecencia del presidente Núñez Feijóo ante la Diputación Permanente.

 “Lo hicimos –apunta Losada– para que informe acerca del contenido de estos contratos y nos los proporcione. Un día antes dijo en Madrid que no tendría ningún inconveniente en proporcionar toda la información. Lamentablemente la mayoría absoluta del PP votó en contra de la comparecencia, porque no le interesa clarificar las cosas ni entregarnos los documentos.”

 Y añade: “La Xunta y Feijóo están muy acelerados, como si los tiempos electorales de Galicia marcaran un proceso de índole empresarial. Por lo que yo encontré en la propia página de Pemex, sí hay una línea de actuación para renovar la flota, pero en ningún momento se detecta una urgencia. Entonces no sé a qué responde la premura por parte de la petrolera mexicana. En el caso de Galicia obedece a un interés político”.

 Agrega que los diputados socialistas consultaron a expertos en construcción naval, quienes consideran que es inusual la prisa con la que Pemex y la Xunta realizaron los acuerdos, pues los contratos para el armado de buques con esa complejidad tecnológica requieren de tiempo y contactos entre las partes. “Aquí parece que el calendario electoral se les ha echado encima”.

 La “segunda puesta en escena” del caso, explica, fue la firma de los contratos para la construcción de los dos buques-hotel: uno fue asignado por Pemex a la empresa privada Hijos de J. Barrera y otro a la empresa pública Navantia, presidida por José Manuel Revuelta y que gestiona por parte del Estado español la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), encabezada por Ramón Aguirre.

 El pasado 19 de septiembre, el equipo de Núñez Feijóo convocó de última hora a los medios locales para que asistieran a la firma de este acuerdo en el Pazo de Rajoy, un edificio neoclásico que alberga la Corporación Municipal de Santiago de Compostela.

 En el acto que atestiguó el presidente gallego participaron el consejero delegado de Pemex en España, José Manuel Carrera Panizzo, los directivos de Navantia, de SEPI y el vicepresidente de Barreras, José García Costas.

 “En esta segunda puesta en escena –dice el portavoz parlamentario del PSG– de nuevo el presidente Feijóo aparece auspiciando la firma de un contrato de Pemex con dos astilleros, Navantia de Ferrol e Hijos de J. Barrera, de Vigo. Luego de estas dos firmas solicitamos los contratos y nuevamente nos fueron negados.”

El secretario general del Partido Socialista Gallego (PSG) y actual candidato de esta organización política a la Xunta, Pachi Vázquez, pidió revisar la “letra pequeña de los contratos, pues cuando la limosna es tan grande, hasta el santo desconfía”.

 Asignaciones por dedazo

 Mientras tanto, en México, tal como sucedió con el aumento del capital de Pemex en la petrolera hispana Repsol en agosto de 2011, Suárez Coppel hizo a un lado al Consejo General de la paraestatal al no ponerlo al tanto de una operación “ordenada directamente por el presidente Felipe Calderón”, según refiere un consultor internacional en temas petroleros, que habló con el corresponsal a condición de mantener su nombre en reserva.

 “Los consejeros volvieron a tronar contra la directiva porque Carrera Panizzo, de PMI Holdings, sólo envió una ‘nota informativa’ y no una comunicación oficial al Comité de Estrategia de la paraestatal. Carrera es hombre cercano a Suárez Coppel y responsable de la fracasada operación de Repsol.

 “El disgusto de los consejeros profesionales se debe a que los contratos se asignaron por ‘dedazo’, pues no hubo ninguna licitación, a pesar del volumen de los recursos involucrados. La asignación se realizó por medio de PMI Holdings para no tener que pasar por la autorización del consejo. Se trata de una burda operación de engaño a los órganos directivos de la paraestatal”, afirma.

 En septiembre de 2011, Núñez Feijóo viajó a Panamá y luego a México, donde se entrevistó con el presidente Felipe Calderón gracias a la intermediación del empresario de origen gallego Olegario Vázquez Raña, presidente del Grupo Ángeles. En la audiencia, Calderón y Núñez Feijóo acordaron establecer “una agenda centrada en sectores clave para la economía gallega, como el naval, pesquero, vitivinícola y eólico”, en los que México podía invertir, según publicó El Correo Gallego.

 En ese viaje, el presidente de la Xunta de Galicia también se reunió con un grupo de empresarios, entre ellos los hermanos Vázquez Raña; Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior; Héctor Slim, presidente de Telmex; Carlos Fernández, presidente del Grupo Modelo, y Miguel Alemán Magnani, presidente de Interjet, a quienes les pidió que invirtieran en Novacaixagalicia.

 En 2011 esta entidad, producto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, acumuló pérdidas por 167 millones de euros, y está sujeta a una investigación parlamentaria relativa a la gestión de las cajas de ahorro y las indemnizaciones millonarias que recibieron sus exdirectivos.

 Después de esa visita de trabajo, el consejero Javier Guerra realizó otros viajes a México para mantener negociaciones con las autoridades, mientras que personal de Pemex y de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) realizaron visitas a todos los astilleros gallegos para conocer sus capacidades.

 El consultor entrevistado explica que “no fue sino hasta la visita oficial del presidente Mariano Rajoy a México, en abril pasado, gira a la que se sumó Núñez Feijóo, cuando concretaron el tema directamente con Calderón”.

 Al respecto, Rajoy confirmó este dato en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, el lunes 1, cuando dijo que la alianza es “un balón de oxígeno” para el sector naval gallego, y recordó que él mismo había participado en dichas gestiones diplomáticas.

 “Calderón mandó llamar a Suárez Coppel a Los Pinos y lo instruyó para que operara directamente el acuerdo con los astilleros gallegos. Éste de inmediato involucró en la operación al titular de PMI Holding, Carrera Panizzo, y contrataron los servicios del despacho español Cuatrecasas para la asesoría de los términos legales”, apunta el entrevistado.

 Todo se hizo en sigilo, salvo las convocatorias de medios gallegos y la difusión pública que Núñez Feijóo le dio a ambas firmas. Por su parte, Pemex no convocó a los medios e incluso la firma del mes de mayo prácticamente no se difundió en ningún medio mexicano, con el pretexto de la veda electoral.

 El director de Pemex dio una conferencia de prensa en México el pasado 27 de septiembre en la que negó que la paraestatal haya mandado construir dos barcos-hotel en astilleros gallegos.

 Pretendió presentarlo como un “contrato de condiciones suspensivas”, que consiste en “apartar” esos equipos para que estén disponibles cuando Pemex los requiera. Pero en Galicia lo desmintió el propio Núñez Feijóo, quien habló de “contratos en firme”.

 Sin embargo, para conseguir la participación de Navantia, Pemex requirió de la firma de la Semar. En palabras de Núñez Feijóo: “Le pedimos a Pemex que en el acuerdo aparezca explícitamente astilleros privados y públicos, y en consecuencia saben que, para que lo hagan los (astilleros) públicos, el contrato lo tiene que firmar la Armada”. Ello ocurrió el 1 de julio último, en una firma que atestiguó Felipe Calderón.

 Las contratadas

 El complejo militar-industrial. Un parásito en la economía española, informe elaborado este 2012 por el Centre d’estudis per a la pau JMDelás, de Barcelona, incluye a Navantia –la empresa contratada por Pemex–, como “parte del oligopolio que conforman cuatro industrias que producen todo el armamento que adquiere el Ministerio de Defensa español”.

 El origen de Navantia es la Empresa Nacional Bazán, creada en 1947, en plena dictadura franquista, con la misión de producir toda clase de embarcaciones militares y armas navales para buques de la armada española.

 Pere Ortega, investigador del centro de estudios y responsable del informe, dice a Proceso que “más de 90% de la producción de Navantia son embarcaciones militares”, y “alrededor de 5% podría estar en el rubro de embarcaciones civiles, algunas del sector petrolero”.

 El especialista sostiene que Navantia es “una empresa sumamente deficitaria”, cuyos resultados negativos son asumidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El informe señala que Navantia recibe créditos blandos que la convierten “en la empresa más protegida del complejo militar-industrial español.

 Navantia fue objeto de duras sanciones en 2005 por parte de la Comisión de Competencia de la UE, porque durante el gobierno de José María Aznar recibió ayudas estatales por 864 millones de euros, en franca violación a las normas comunitarias. La sanción le prohíbe construir naves civiles en el astillero de Fene hasta 2015.

 No obstante, en el campo militar ha firmado contratos para el periodo 1997-2014 que la han hecho participar en la construcción de cinco fragatas, nueve buques de guerra y cuatro submarinos de muy alta tecnología. Sus ventas entre 2000 y 2009 superan los 12 mil 500 millones de euros.

 En el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Navantia firmó un contrato con la Fuerza Armada Naval Bolivariana de Venezuela, para la construcción de ocho fragatas de vigilancia marítima; sin embargo, dice Pere Ortega, presuntamente se vio involucrada en “el pago de comisiones irregulares, con visos de corrupción”, por un monto de 42 millones de euros.

 En esta operación, que contó con el aval de los presidentes Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez, la empresa estatal española contrató de forma innecesaria a una empresa intermediaria, pese a haber sido un contrato “de Estado a Estado”, señala el entrevistado. Navantia se ha defendido alegando que esas contrataciones eran parte de las condiciones del convenio.

 Por su parte, el vicepresidente del astillero privado Hijos de J. Barrera, José García Costas, dijo a La Voz de Galicia en mayo pasado, tras la firma del “acuerdo estratégico”, que si bien era una “buena noticia” para los astilleros que participaran en la construcción de los remolcadores, ellos no estaban interesados, “porque no ha sido un segmento habitual de Barreras”, sin embargo, sí obtuvo el contrato del primer flotel.

 Aparte de formar parte de diversas sociedades del ramo naval, García Costas es consejero del Real Celta de Vigo, el club de futbol de Carlos Mouriño Atanes, padre del desaparecido Juan Camilo Mouriño, brazo derecho de Felipe Calderón en el primer tramo de su gestión.

Fuente: Proceso