Quien lea en los diarios mexicanos las protestas por la forma en que el gobierno mexicano entrega una parte sustancial del territorio nacional a trasnacionales mineras, puede creer que se trata de un problema local. Sin embargo, en América Latina aflora desde hace años la oposición a que se exploten irracionalmente los recursos minerales.
Abundan los ejemplos. Varios en Perú, donde en aras de atraer inversión extranjera y lograr el crecimiento económico, se dio vía rápida a la presencia de las trasnacionales. Ocurrió con el respaldo de los principales grupos económicos y la aprobación de quienes en los grandes centros de poder miden la democracia y el progreso de un país según el respeto que muestran hacia la inversión extranjera, olvidando los daños que ocasionan a la naturaleza y a las comunidades.
Durante la campaña del actual presidente de Perú, Ollanta Humala, una de las exigencias más socorridas por los grupos económicos fue precisamente respetar la inversión trasnacional minera. Durante el gobierno anterior se convirtió en uno de los motores del crecimiento económico, que no del desarrollo o de una mejor distribución del ingreso y la riqueza. Aún así, Perú ha logrado reducir sus niveles de pobreza, un pendiente que arrastra desde siempre. Y precisamente Humala prometió respetar dicha inversión para evitar que, a su triunfo, se creara un pánico económico, fuga de capitales. Algo parecido a la catástrofe que los voceros de PRI y PAN en los medios impresos, la radio y la televisión vaticinan si López Obrador triunfa el 1º de julio.
En esa misma línea, insinúan que la devaluación del peso se debe a esa posibilidad, y no a la crisis general que hoy trae de cabeza a España, Italia, Portugal y Grecia, y al mal comportamiento de la economía estadunidense.
Regresando al caso peruano, en noviembre pasado, y a “exigencia del supremo gobierno”, la compañía minera Yanacocha, decidió paralizar su proyecto de explotar un enorme yacimiento de oro y cobre en la región de Cajamarca, principal productora de oro de dicho país, con el fin de restablecer la tranquilidad y la paz social. La compañía cuenta con todos los permisos gubernamentales para sus trabajos e invertir casi 5 mil millones de dólares. Pero tanto funcionarios como empresarios olvidaron consultar a la gente que, virtualmente, paralizó en noviembre Cajamarca durante una semana al cerrar el aeropuerto y bloquear las principales carreteras de la región. Los inconformes se enfrentaron a la fuerza pública con saldo de 20 personas heridas. La oposición nace, entre otros motivos, porque la reserva de oro y cobre se ubica donde existen cuatro lagunas que son claves para el buen estado de varias cuencas fluviales, básicas para el consumo humano y la agricultura. Humala apoya dicho proyecto y pidió en ese entonces que las partes en conflicto discutieran su viabilidad y llegaran a una solución que beneficie a todos. Para la población la única salida es que el proyecto se cancele. Y para lograrlo sigue en pie de lucha. Ahora con un paro que dura más de una semana. Gregorio Santos, presidente de la región peruana de Cajamarca y líder de las protestas, exigió la renuncia de Humala por incumplir su promesa de defender el agua.
Además de Cajamarca, en la región de Apurímac la oposición a la minería está en pie. Y mucho más en la de Espinar, en el sur del país, donde a fines de mayo las protestas contra otra minera (la suiza Xstrata Tintaya, que extrae cobre) dejó dos muertos, decenas de heridos y detenidos. El gobierno tuvo que declarar “estado de emergencia” ante la situación imperante. El motivo de la oposición es que la minera contamina el agua con metales pesados, algo documentado en varios estudios. Mientras, el gobierno insiste en que quiere una “minería responsable”. Es lo que también dicen los funcionarios en México al justificar la presencia trasnacional en las áreas mineras y restarle importancia a la oposición de las poblaciones que se verían afectadas en su ambiente y en su desarrollo social y económico. Pero a la gente no la puedes engañar siempre con falsas promesas.
