La propiedad se repartirá entre gobierno, provincias, Grupo Petersen y la firma hispana
Reuters, Afp y Xinhua | Periódico La Jornada | Viernes 27 de abril de 2012, p. 31
Buenos Aires, 26 de abril. Diputados argentinos dieron el jueves el visto bueno para aprobar la semana próxima la propuesta oficial que busca expropiar el 51 por ciento de la petrolera local YPF al grupo español Repsol, horas después de que el Senado aprobó la medida por una aplastante mayoría.La propuesta de poner bajo control estatal a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la mayor petrolera argentina, en la que Repsol tenía la mayoría accionaria, tuvo el apoyo del oficialismo y la oposición en el Senado, con el voto de 63 legisladores, mientras que tres votaron en contra y cuatro se abstuvieron, durante la sesión, que comenzó en la mañana del miércoles y se prolongó hasta la madrugada del jueves.
De inmediato el texto llegó a la Cámara de Diputados, cuyo pleno sesionará el próximo 3 de mayo, también con mayoría oficialista y aliados, además del respaldo de las principales fuerzas de oposición, entre ellas socialdemócratas y socialistas.
El proyecto enviado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner argumenta que el Estado argentino controlará el 51 por ciento de YPF que estaba en manos de Repsol –el cual se reparte entre el gobierno (26.03 por ciento) y las provincias (24.99 por ciento)–, el grupo argentino Petersen mantiene 25.46 por ciento, la propia Repsol se queda con 6.43 por ciento, en tanto el resto de acciones (17.09 por ciento) permanece en el mercado bursátil. El proyecto de ley también incluye en la expropiación a una firma envasadora de gas butano manejada por Repsol.
La expropiación de YPF, decisión de la presidenta Cristina Fernández para hacer frente a la declinación de la producción de crudo y gas de Argentina, por la que el gobierno responsabiliza a la empresa, abrió una crisis diplomática entre Buenos Aires y Madrid.
El grupo español Repsol, que ingresó como accionista de YPF a finales de la década de 1990, reclama una compensación de 9 mil millones de dólares por el 51 por ciento de la empresa argentina, bajo intervención estatal desde la semana pasada. Pero el gobierno argentino ha dicho que no pagará ese monto.
España consideró la expropiación como un atentado a sus intereses y anunció represalias legales y comerciales, como la restricción ya oficializada a las importaciones de biodiesel de origen argentino.
La discusión legislativa se produce en un contexto de dura condena planteada por España, con el respaldo de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y organismos internacionales como el Banco Mundial.
El gobierno argentino ha defendido su decisión y argumentó que se debió a que Repsol dejó de invertir en la petrolera del país, por lo que Argentina se convirtió en importador de hidrocarburos, al tiempo que aumentaron las ganancias que Repsol envió al extranjero.
El canciller argentino Héctor Timerman dijo este jueves en Montevideo que la UE pretende dividir la unidad latinoamericana, en alusión a la propuesta española de excluir a Argentina de un acuerdo comercial entre Europa y el Mercado Común del Sur (Mercosur).
“¿Quién es la UE para decir quiénes integran el Mercosur y quiénes no?”, preguntó Timerman en un encuentro académico junto a su colega uruguayo Luis Almagro.
El Mercosur, fundado en 1991, cuenta como socios plenos a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Fuente: La Jornada
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