23 marzo 2012 | Juan Carlos Cruz Vargas | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- En el país, 60 de cada 100 mexicanos económicamente activos trabajan en la informalidad, es decir, sin seguridad social ni prestaciones laborales, revelaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).En otras palabras, en México existen 28 millones de personas laborando en condiciones precarias, incluso en empresas e instituciones de gobierno.
Esa cantidad duplica las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que arrojan sólo 14 millones de mexicanos en el sector informal, de acuerdo con los datos estructurales de ocupación y empleo del cuarto trimestre del 2011.
Al presentar el estudio Balance de la red de protección social de México desde la problemática de los trabajadores pobres de la economía informal, la especialista en economía y autora del documento, Norma Samaniego, señaló que las cifras del Inegi difieren a las del análisis porque el organismo de estadística no incluye varios sectores de la población laboral.
“En las consideraciones del Inegi no se incluye a grupos del ámbito rural en condiciones precarias, tampoco a los trabajadores domésticos remunerados, sin accesos a seguridad social, ni a los no remunerados, independientemente del ámbito en que se ubiquen”, aclaró en el auditorio José Luis Ceceña del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Samaniego explicó que el documento consideró a grupos de trabajadores subordinados, es decir, asalariados o con percepciones no salariales, sin acceso a los servicios de salud y seguridad social, pero que laboran en empresas o instituciones formales.
La expresidenta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) destacó que las cifras reveladas en el estudio señalan que al 2010, los 26 millones de trabajadores informales –28 millones al día de hoy–, contrastan con los 12.8 millones referidos por el Inegi.
De acuerdo con el documento elaborado también por el economista Ciro Murayama, 57.4% del trabajo informal se concentró en el sector terciario (en el sector de servicios), mientras la participación relativa de hombres y mujeres en el trabajo informal en su conjunto es parecida con 58.7% y 59.5%, respectivamente.
Para los especialistas el incremento de los trabajos informales se debe al pobre desempeño macroeconómico, así como a la caída del empleo industrial desde el inicio de la década pasada.
Samaniego advirtió que “hace falta una política económica que reactive el crecimiento y un sistema universal de seguridad social; es decir, que por el simple hecho de ser mexicano, e independientemente de que se tenga un trabajo, se tenga acceso a servicios médicos de calidad y a un mínimo de ingresos que incluyan a los adultos mayores, las viudas, los huérfanos o a cualquier persona”.
Por su parte, Murayama recordó que en la última década se perdieron 700 mil empleos en la industria.
Agregó que la informalidad es un efecto del mal desempeño económico del país y no una causa. “Desde hace 30 años, México dejó de crecer a tasas superiores del 3%”, acotó.
“Los informales, no sólo los encontramos en las esquinas, sino también en las empresas y en el gobierno, con personas que trabajan sin prestaciones ni seguridad social”, soltó el autor del libro Elecciones, dinero y corrupción.
Los expertos propusieron la creación de un Consejo Económico y Social, como en otros países, además de reformar instituciones como la Conasami, que “ha dejado de representar una instancia que asegure remuneraciones suficientes”.
