19 febrero 2012 | Arturo rodríguez García | Proceso
México, DF.- A Jesús Fernando Lara Ruiz, de 14 años, lo sorprendió un fuerte estruendo seguido de una lluvia de piedras y brasas. Cerró los ojos mientras una fuerza irresistible le jalaba el brazo. Quería ver, pero se lo impidió una nube negra que lo envolvió. Cuando las cenizas y el polvo de carbón se disiparon su padre lo encontró colgando del andamio. Tenía el brazo destrozado.Un día después, internado en Guadalajara, supo que le amputaron el brazo derecho y que a causa de la explosión sus 14 compañeros quedaron sepultados en el pozo carbonero.
La mañana del 3 de mayo de 2011 estalló el Pozo 3 de Beneficiarios Internacional del Norte SA de CV (Binsa). Jesús Fernando trabajaba ahí como “ganchero”. Colocado en el andamio de la mina introducía un tonel vacío y lo sacaba lleno de carbón.
El siniestro exhibió la explotación infantil que hay en la Región Carbonífera de Coahuila, donde las numerosas violaciones a derechos laborales fundamentales forman parte de la cultura patronal prevaleciente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el trabajo infantil en su Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, concluido en noviembre pasado.
El caso de Jesús Fernando se incluyó en ese informe para demostrar que el trabajo en las minas de carbón entraña gran peligro, incluso en la superficie. En el capítulo 4 de este documento “El trabajo infantil en la minería ilegal”, la CNDH establece que entre las prácticas más frecuentes de la región se encuentra la de emplear a los menores en tareas extractivas.
Con base en el artículo 2 del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil –signado y ratificado por México–, la CNDH considera como niño a cualquier menor de 18 años. En la Región Carbonífera, la Comisión documentó que los niños empiezan a trabajar entre los 14 y los 15 años.
“El trabajo infantil es también un problema recurrente de la minería ilegal. Así como los mineros adultos no cuentan con opciones laborales, los niños y niñas sufren el mismo problema, aunque de forma agravada, pues no cuentan con los medios necesarios para tener una vida digna, acorde con su condición de edad. El trabajo infantil es más habitual en explotaciones mineras de pequeña escala y artesanal”, dice el informe, que documenta también la existencia de numerosas operaciones mineras al margen de la ley.
Una estadística de la OIT, citada por la CNDH, establece que la minería es el sector laboral más peligroso para niños y niñas en términos de lesiones fatales: la “fatalidad activa” en el sector es de 32 por cada 100 mil menores trabajadores y es de sólo la mitad en la agricultura y la construcción.
En el informe de la CNDH se indica que los menores en las minas mexicanas de carbón carecen de protección a la salud (no son incorporados al IMSS), educación, medio ambiente adecuado y seguridad jurídica.
Añade que el desgaste físico es muy serio y desproporcionado debido a las pesadas cargas, el trabajo extenuante, las estructuras subterráneas inestables, las herramientas y equipos pesados, los polvos y productos químicos tóxicos y la exposición a condiciones extremas de calor y frío. Por todo ello el organismo concluye que la minería infantil representa una violación múltiple a los derechos humanos de los niños y niñas, que además de las leyes nacionales, violenta al menos siete tratados internacionales.
Evidencia
El 20 de mayo de 2009 en el pozo Vertical 4 se realizaron excavaciones hasta llegar a un túnel en desuso. El agua rompió rocas y puntales hasta inundar el pozo. El torrente arrastró a Francisco Castillo Zamora unos 40 metros. Iba de un lado a otro rebotando en las paredes de piedra y de carbón por donde el agua buscaba su cauce. A consecuencia de los golpes sufrió fractura de costillas, así como lesiones en la espalda y la cabeza.
Sin lámpara, sin equipo de salvamento y sin saber dónde estaba la salida, como pudo se dejó llevar por la corriente hasta encontrar la plataforma que conduce a la superficie.
“Ahí afuera estaban los patrones y los compañeros les decían que me llevaran al hospital porque yo iba bien grave. Y no querían. Después, de tanto que les rogaron los compañeros, me llevaron”, dijo el joven, cuyas lesiones le ocasionaron daños permanentes que lo incapacitan para el trabajo.
Este caso fue documentado por la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC), organismo que agrupa a deudos de los mineros muertos en febrero de 2006, e inclusive, se incorporó a uno de los cuatro expedientes del carbón, que contra el Estado mexicano se dirimen ante la OIT. Cristina Auerbach Benavides, quien forma parte de la OFPC, explica que el trabajo de menores en los pozos carboneros no se limita a la superficie. Los adolescentes, por su complexión, son contratados frecuentemente en los pozos, cuyos túneles tienen un diámetro de un metro y medio.
De hecho, en los diferentes siniestros ocurridos en minas de carbón desde 2006, la OFPC ha documentado la presencia de menores. Por ejemplo, en el pozo Ferber, siniestrado en septiembre de 2009 –aunque se suponía clausurado por inseguro– había varios menores de edad así como tres jóvenes de 19 años pero con tres años de antigüedad. Fueron dados de alta en el IMSS sólo cuando cumplieron 18 años.
Por su parte, Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) comenta que los jóvenes son contratados por su físico y porque son mano de obra barata y eso sirve para reducir los costos de operación.
Comenta que en 2010 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le practicó una visita sorpresa a la Empresa Minera y Constructora Loreto SA de CV. Los inspectores descubrieron entre los trabajadores a un menor de edad. La compañía alegó que el joven sólo se dedicaba a labores en la superficie y proporcionó un número del IMSS que resultó falso.
A partir del siniestro en el Pozo 3 de Binsa, la STPS, la Secretaría de Economía y el Gobierno de Coahuila realizaron una Cumbre del Carbón encabezada por el entonces titular del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. En esta reunión se anunciaron algunas medidas que garantizarían la seguridad de los mineros.
El 9 de mayo de 2011 se anticipó la inviabilidad de sus propuestas. Entre éstas estaba la realización de un operativo conjunto para inspeccionar 77 minas de la región. De acuerdo con Rodríguez, con actas de inspección en mano, en 11 de los lugares revisados se encontró a menores laborando.
“Esto quiere decir que del universo inspeccionado, en 18% hubo menores. La cifra es relevante, tomando en cuenta que un año antes se habían encontrado sólo seis casos”, explica el activista del Cereal.
El desgaste físico en los menores es muy serio y desproporcionado debido a las pesadas cargas, el trabajo extenuante, las estructuras subterráneas inestables, las herramientas y equipos pesados, los polvos y productos químicos tóxicos y la exposición a condiciones extremas de calor y frío.
Los jóvenes son contratados por su físico y porque son mano de obra barata y eso sirve para reducir los costos de operación.
El pasado 3 de mayo de 2011 un estallido ocasionó que 14 trabajadores murieran sepultados en el Pozo 3 de la mina Beneficiarios Internacional del Norte SA de CV (Binsa).
El estruendo le arrancó el brazo a Jesús Fernando Lara Ruiz , de 14 años de edad, quien trabajaba como “ganchero”, sacando carbón del pozo, su extremidad quedó destrozada y tuvo que ser amputada.
A pesar de que organizaciones internacionales del Trabajo prohíben que menores trabajen bajo condiciones de riesgo, en la Región Carbonífera los niños empiezan a trabajar entre los 14 y los 15 años.
Fuente: Proceso
