28 diciembre 2011 | Pablo Casas Jaime | La Prensa
En México se vive una crisis sistémica que lleva al serio cuestionamiento de sus instituciones, particularmente las encargadas de impartir justicia, las cuales mantienen un bajo nivel de credibilidad y legitimidad, debido a la corrupción e impunidad que imperan durante su actuar.. Durante la última década esta crisis se ha incrementado y generalizado en el país, donde las instituciones, incluida la presidencial, se encuentran bajo una "silenciosa", pero implacable impugnación de la sociedad.
Hay una gran cantidad de evidencias que muestran como se ha violentado la legalidad y se pervierte la función de las instituciones, ya que muchas veces actúan de manera facciosa: El Poder Legislativo, por ejemplo, aprueba leyes -como la llamada Ley Televisa- que después tienen que ser corregidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se autorizó con fundamentos anticonstitucionales.
En otro ejemplo, ambos poderes soslayan sus funciones frente a una decisión del Ejecutivo, avalando un decreto inconstitucional, como en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, sin tener a la vista y mucho menos analizar todos los elementos jurídicos y económicos, a los que presuntamente apeló el Ejecutivo; quién de inmediato decidió enviarlos a la "reserva" por 12 años para que, sin el menor de los escrúpulos, fueran ocultados. Así, la Corte, frente a la evidencia de violación de las leyes laborales y de procedimiento administrativo, y sin analizar ni atender a otras normas jurídicas, asume el caso como un "asunto juzgado", dejando en la indefensión a miles y miles de trabajadores.
Por otro lado, el Instituto Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación son ampliamente cuestionados. Ambas instituciones entraron en un severo déficit de credibilidad a partir de que reconocieron la abierta intervención de Vicente Fox en el proceso electoral del 2006, a quién se acusó de haber puesto en riesgo los comicios, los cuales no se anularon a pesar de existir todos los elementos para hacerlo. Tal y como ocurre hoy. Ahora mismo el IFE limita la presencia de los aspirantes presidenciales que son candidatos únicos en los anuncios de radio y televisión, lo que pone de manifiesto las imperfecciones de la legislación actual en materia electoral y deja la duda en la imparcialidad con la que deben actuar las instituciones.
En espejo de la opinión pública es elocuente y devastador; con toda claridad, esta realidad refleja el porqué los ciudadanos no confían, no creen en sus instituciones gubernamentales ¿Qué sigue ante esta desolación? El rescate de nuestras instituciones, partiendo de la presidencial, que debe tener como elemento central de su gestión el respeto al estado de derecho y el cumplimiento del mandato constitucional. En este esfuerzo la sociedad debe jugar un papel protagónico para recuperar esa credibilidad, a fin de dar sustento a la democracia y al país mismo. Este proceso electoral es una gran oportunidad para sacar a México de este marasmo.
Fuente: La Prensa
