Contrario a las autoridades mexicanas, en Estados Unidos no autorizan el inicio de las obras por denuncias de corrupción contra la empresa
También enfrenta litigio por contaminación
La trasnacional Sempra Energy, señalada por actividades irregulares en México, recibió del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa una nueva y preferente concesión para instalar una enorme planta eólica en la Sierra de Juárez, en Baja California. Ese proyecto se encuentra en litigio en Estados Unidos porque afectaría el medio ambiente, la generación de empleos y el mercado interno de energía eléctrica. Al contrario de las autoridades mexicanas, en aquel país el Departamento de Energía no ha autorizado el inicio de la obra, debido a las denuncias acumuladas por corrupción contra la empresa.
De nueva cuenta, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sumó a su listado de polémicos permisos –durante la administración de Juan Elvira Quesada– el aval para la construcción de la planta eólica en una zona habitada por indígenas mexicanos, a los que se les quiere comprar sus tierras a precios ridículos e irrisorios.
La trasnacional estadunidense –cuyas actividades irregulares se han documentado en México y Estados Unidos– intenta seguir controlando el manejo de las plantas generadoras de energía en Baja California, independiente de la termoeléctrica en Mexicali y la planta de gas natural en Ensenada, que en conjunto producen electricidad de exportación al mercado del sur de California.
Apenas en el pasado mes de julio, la Semarnat falló en favor de la construcción de la planta eólica de Sempra Energy, al publicar en su gaceta ecológica el dictamen que implica la aprobación del manifiesto de impacto ambiental (MIA) de a empresa, con una extensión de 20 años.
De tal forma que el parque eólico se desarrollará en una superficie de 294 mil 273 hectáreas de la Sierra de Juárez, donde se instalarán hasta mil aerogeneradores que producirán de mil a mil 200 megavatios de energía eléctrica.
De levantarse, la planta será construida en cuatro diferentes áreas, que son Jacume, La Rumorosa, Cordillera Molina y Sierra de Juárez, localizadas en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada.
Así, la primera etapa del proyecto se desarrollará en el ejido Jacume, ubicado al norte del poblado de La Rumorosa, donde se instalarán 52 aerogeneradores, con una inversión de 300 millones de dólares.
De incrementrarse la demanda, la ampliación de la planta eólica continuará en áreas boscosas, por lo que grupos ecologistas han denunciado que el gobierno mexicano ha entregado un cheque en blanco a Sempra Energy.
El contenido del manifiesto de impacto ambiental presentado ante la Semarnat subraya que la primera etapa del proyecto en el ejido Jacume sólo representa 5 por ciento de lo que será la planta eólica.
De esta forma, la trasnacional Sempra Energy de manera continua ha estado inmersa en la polémica por acusaciones de tráfico de influencias y por la disputa de predios, principalmente donde se desarrolló la planta de gas natural en Costa Azul, a 20 kilómetros al norte de Ensenada.
A finales del año pasado se le acusó de contratar a ex funcionarios públicos que laboraron en administraciones estatales responsables de autorizar el proyecto de la planta de gas natural, como fue el caso el ex secretario de Gobierno, Bernardo Martínez.
Además, por años mantuvieron un litigio con un particular por la disputa de un predio del área de Costa Azul, que recientemente perdieron.