Virage patronal y Derechista de la JLCA
Abogados exigen a Marcelo Ebrard, Jefe del Gobierno del DF, destituir a Ramón Montaño titular del organismo.
Impuso requisitos procesales ilegales, dictados desde la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), acusan
Abogados laborales como Néstor de Buen, Arturo Alcalde Justiniani, Alfonso Bouzas, Héctor Barba, Manuel Fuentes Muñiz, entre otros repudiaron la nueva lista de “criterios procesales” que aprobó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que incluyen los mismos lineamientos de la cuestionada reforma laboral del PAN que imponen más requisitos y regulaciones para los emplazamientos a huelga, el registro de nuevos sindicatos y la demanda de titularidad de los contratos colectivos, así como para conceder tomas de nota y realizar recuentos sindicales.
Por lo que anunciaron que van a recurrir a tribunales nacionales e internacionales para buscar la nulidad de ese reglamento, que viola los derechos que se dio a conocer el 27 de octubre del 2011. Por lo que van a presentar un amparo procesal y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En conferencia de prensa los citados litigantes acusaron que al dictar esa normas, el JLCA, que dirige Ramón Montaño, se sometió al capricho de un grupo de abogados empresariales, principalmente de la Coparmex, que desde hace tiempo están en contra del registro sindical, el cambio de titularidad contractual o el derecho de huelga para consolidar los contratos colectivos de protección patronal, presentes en más del 90% de los centros de trabajo.
A decir de los ponentes, los nuevos criterios laborales fueron catalogados por la junta como disposiciones para “el buen funcionamiento de las áreas colectivas de este tribunal”; en tanto, a los representantes obreros en esta instancia les pasaron de noche dichos cambios, de “modernización”.
En lugar de estar a la vanguardia en la protección de los derechos sociales, como podía esperarse de una administración que se dice de izquierda, la imposición de nuevos criterios procesales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCA-DF), coloca al Gobierno de la ciudad en una triste retaguardia respecto a la defensa de los derechos de las y los trabajadores.
Su titular, Marcelo Ebrard y el secretario del Trabajo, Benito Mirón, están obligados a encabezar un cambio en su política laboral, que comienza por la sustitución del Presidente de la JLCA-DF, la derogación de esas medidas y el establecimiento de normas de actuación con transparencia y apego a la ley.
En concordancia con el grupo de organizaciones y abogados laboralistas que denunció públicamente el intento de las autoridades de la JLCA-DF de imponer con un acto casi administrativo una reforma laboral —tan o más regresiva que la de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional—, el coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Héctor de la Cueva, exigió el cese de las arbitrariedades, el autoritarismo y la violación de la legalidad en dicha junta.
Al hablar en nombre del CILAS, De la Cueva destacó que entre las atrocidades que plantea el documento de la JLCA-DF se imponen nuevos y mayores requisitos tanto para los emplazamientos a huelga como para el registro de nuevos sindicato, demandas de titularidad de los contratos colectivos, otorgamiento de tomas de tomas de nota, así como para la realización de recuentos sindicales.
Al porcentaje escandaloso de trabajadores y trabajadoras tercerizados y contratados por honorarios se suma la cotidiana violación de las garantías constitucionales de libertad sindical en la JLCA-DF para favorecer a la patronal, como quedó demostrado recientemente en el amañado recuento sindical en la empresa Atento; la corrupción, la permisividad para realizar maniobras legaolides y la complicidad en la utilización de golpeadores contra trabajadores. Situaciones que ahora se ven coronadas con esta nueva medida, por demás regresiva.
En momentos en que la atención y preocupación de instancias y organismos internacionales, como el Tribunal Internacional de Libertad Sindical (TILS), están puestas en México, debido a los atentados del gobierno federal contra las y los trabajadores y por el ensanchamiento de las concesiones a los patrones, el gobierno del Distrito Federal hace poco menos que el ridículo al permitir la imposición de los nuevos criterios en la JLCA-DF.
En un sus distintas resoluciones en torno al caso México, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical condenó diversas prácticas que valoró como atentatorias de la libertad sindical. Los efectos de esas resoluciones han tenido un efecto importante tanto en las luchas de las y los trabajadores afectados, como en la visibilización del problema ante instancias y gobiernos de varios continentes. Con la misma convicción con que ha actuado desde 2009, el TILS analizará y difundirá la nueva situación en la capital mexicana.
Ni siquiera la derecha neoliberal —gobierno federal y los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional—, han podido, por la vía legislativa, sacar avante su reforma laboral y la JLCA-DF ya permite y amplía los beneficios ilegítimos de la reforma pro patronal, lo que sienta un precedente nefasto contra los derechos de millones de trabajadoras y trabajadores de la ciudad de México.
Es importante resaltar, que al igual que lo ha querido hacer, la lista de barbaridades que aplicó la Junta es un menú a gusto de los abogados patronales, a quienes se les facilita la labor de impedir —con la complicidad de las autoridades—, la libertad sindical.
Insistimos en que, por mínima congruencia ética, el Gobierno del Distrito Federal debe cesar de inmediato a Ramón Montaño Cuadra, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y derogar los criterios que este personaje estableció. Tales medidas deben ser el punto de partida para una modificación radical de la política laboral y hacer de la ciudad de México, un lugar de vanguardia en el respeto de los derechos humanos laborales.
De no derogarse los criterios recién impuestos por la JLCA-DF, las organizaciones nacionales e internacionales, abogados y personalidades preocupadas por la libertad sindical realizaremos una intensa campaña ante todas las instancias posibles —dentro y fuera del país—, para denunciar las arbitrariedades de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y lograr la restitución de la legalidad.
