26 noviembre 2011 | GLORIA LETICIA DÍAZ | Proceso
Con las detenciones, legales, ilegales y hasta arbitrarias, perpetradas por elementos de las Fuerzas Armadas –en los primeros ocho meses de 2011 fueron privadas de su libertad 64 mil 820 personas–, el país parece inmerso en una “fiesta punitiva”, dice a Proceso Silvano Cantú, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Las cifras desusadas indican que en el país prevalece, en los hechos, un estado de excepción…
Las detenciones masivas de ciudadanos presuntamente implicados en delitos federales durante la guerra emprendida por las autoridades federales contra el narcotráfico han derivado en una “fiesta punitiva”, una muestra de que el gobierno de Felipe Calderón recurre más a “la restricción de libertades y al uso desproporcionado de la fuerza” que al aparato de inteligencia e investigación, considera Silvano Cantú Martínez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Director de Incidencia e Investigación de la organización, Cantú es responsable de la redacción de un informe financiado por la Unión Europea en el cual aborda, entre otros temas, esa “desproporcionada práctica” de arrestos por delitos federales durante la actual administración porparte de las Fuerzas Armadas.
Con base en solicitudes de acceso a la información, durante los primeros ocho meses de 2011 la CMDPDH documentó los casos de 64 mil 820 personas que fueron privadas de su libertad. Además, según datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR), entre enero y septiembre último efectivos de las secretarías de la Marina-Armada de México (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron 8 mil 675 detenciones.
Y aun cuando las peticiones de la CMDPDH tuvieron que ver con las personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público durante ese periodo por efectivos de la Semar y la Sedena (folios 000700172811 y 000700172711, respectivamente), el pasado 20 de octubre, por separado, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR emitió una sola respuesta para ambos casos:
“En relación a la solicitud de información en comento, y una vez analizada la información que posee esta Unidad Administrativa me permito informar que en el periodo enero-agosto de 2011, se contabiliza un total de 64 mil 820 personas detenidas a nivel nacional por los delitos contemplados en el Código Penal Federal.”
Además, por separado, las respuestas incluyen información de las 32 delegaciones de la PGR acerca del número de personas puestas a disposición del Ministerio Público federal por parte de soldados y marinos en el periodo de enero a septiembre de 2011.
De acuerdo con los documentos, la Semar entregó a la PGR mil 84 personas en 18 entidades: 207 en Veracruz, 193 en Tamaulipas, 141 en Nuevo León y 91 en Guerrero. La Sedena, a su vez, puso a disposición del MP a 7 mil 591 personas: 583 en Baja California, 601 en Guerrero, 645 en Nuevo León y mil 141 en Tamaulipas.
No obstante, los datos entregados por la PGR a la organización difieren de los que maneja la Sedena en su sitio en internet, en el que reporta 39 mil 120 capturas durante el sexenio calderonista. De éstas, 10 mil 363 fueron arrestos efectuados entre enero y octubre de este año, lo que significa que entre septiembre y octubre la Sedena detuvo a 2 mil 772 personas, o bien que no proporciona la información completa a la PGR.
Aun así, la cifra de 64 mil 820 detenciones proporcionada a la CMDPDH es impresionante, sobre todo si se toma en cuenta que en 2008 la PGR informó que del 1 de diciembre de 2000 al 30 de septiembre de 2006 se capturó a 79 mil 595 miembros de siete organizaciones delictivas, según los datos entregados por la PGR al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que a su vez puso a disposición de la comisión.
En otras palabras: los arrestos efectuados durante los primeros ocho meses de 2011 equivalen a 81.43% de los que se hicieron a lo largo del sexenio de Vicente Fox.
Abusos castrenses
Silvano Cantú Martínez comenta que su organización solicitó un desglose más detallado de las aprehensiones por delitos federales.
Y apunta: “La cifra desproporcionada implica que hay un uso privilegiado de la restricción de libertades a través del uso de la fuerza pública y militar sin estándares establecidos”.
Cantú insiste en que la información proporcionada por la PGR es una clara muestra de que en México “hay un estado de excepción institucionalizada en el que las Fuerzas Armadas realizan detenciones sin tener atribuciones para estar al frente de persecuciones o acciones penales. Ese es el botón de muestra más claro de la militarización de la justicia penal; ya se rebasó la militarización de la seguridad pública, que de por sí era preocupante”.
Hasta ahora, dice, en el desarrollo de su investigación la comisión no ha obtenido datos en torno al número de personas detenidas por las Fuerzas Armadas que fueron consignadas ante un juez; tampoco se sabe a cuántas de ellas se imputó algún delito específico.
La proporción de mil detenciones cada mes por miembros de la Marina y la Defensa en lo que va de 2011 “es alarmante –insiste el activista–, sobre todo porque las efectúan personas que carecen de capacitación y atribuciones legales. A ello se debe también que se hayan presentado más de 5 mil quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las tropas de lasFuerzas Armadas durante el actual sexenio”.
Preocupa aún más, según el abogado de la CMDPDH, que al lanzar a las Fuerzas Armadas a la calle con carta abierta para realizar detenciones “no se haya tomado en cuenta el nivel de letalidad del Ejército, que en los últimos tres años y medio aumentó 465%”.
Cita al respecto el estudio Uso y abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales, realizado con base en la información proporcionada por las dependencias federales a partir de solicitudes interpuestas ante el IFAI por Carlos Silva, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez, adscritos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La investigación indica que entre enero de 2008 y mayo de 2011 la participación del Ejército en la guerra contra el narcotráfico ha causado mil 598 muertes y 253 heridos; la relación es de 12 muertos por cada herido.
“Estamos hablando de un nivel de letalidad que no debería deambular por las calles. Esas cifras confirman los exhortos de diferentes organismos internacionales, entre ellos del Grupo de Trabajode Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, cuyos integrantes pidieron a Calderón regresar a los soldados a los cuarteles”, resalta Cantú.
El informe de HRW
La estrategia de Calderón ha dejado un saldo de violaciones a derechos humanos alarmante. En su más reciente informe titulado Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturaen la “guerra contra el narcotráfico de México”, presentado el miércoles 9 por su director para América, José Miguel Vivanco, Human Rights Watch (HRW) incluye expedientes de 170 casos detortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de fuerzas de seguridad y castrenses en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
Con base en información proporcionada por la Sedena, el documento confirma que las aprehensiones que la dependencia reporta en su sitio en internet fueron realizadas en “condición de flagrancia”. HRW aclara que “el Ejército no pudo proporcionar registros de cuántos de estos detenidos finalmente fueron acusados de la comisión de delitos o fueron condenados”.
En el momento en que la organización con sede en Estados Unidos solicitó la información, la suma de detenciones en el gobierno calderonista era de 31 mil 252 personas. Al terminar octubre la cifra sobrepasaba los 39 mil.
“En la mayoría de los casos documentados, los informes militares justificaban las detenciones en flagrancia, alegando que los soldados estaban respondiendo a denuncias y avisos civiles, que llegaban a ellos a través de números telefónicos y direcciones de correo electrónico creadas por el Ejército”, apunta el documento.
HRW agrega que “dada la escasa transparencia” del Ejército, no se sabe cuántas denuncias recibe ni cuáles son los criterios para actuar en consecuencia, pero “sí es evidente que el Ejército no solicita autorización judicial”. Además, mediante entrevistas con autoridades civiles los investigadores del organismo confirmaron que “son muy pocas las ocasiones que el Ejército las consulta antes de poner en marcha este tipo de operativos, que suelen tener como resultado detenciones en flagrancia”.
Y llama la atención que “el Ejército esté solicitando por su cuenta este tipo de avisos y respondiendo a ellos sin supervisión civil ni autorización judicial (lo que) supone una ampliación significativa, y en gran medida encubierta, de su rol en los operativos de seguridad pública”.
Para ilustrar la forma en que actúa el Ejército, la organización incluye dos casos en los que estuvieron implicadas cuatro personas detenidas “en flagrancia” en Ciudad Juárez, Chihuahua, por tropas de la Sedena.
El primero sucedió el 20 de febrero de 2010 y se refiere a la incursión de soldados en un bar de la ciudad fronteriza. En el operativo los soldados detuvieron a tres personas, a las que golpearon, vendaron los ojos y subieron a vehículos militares:
“Luego fueron trasladados a un lugar donde, tras desnudarlos, recibieron distintos tipos de tortura, como asfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, golpizas y amenazas de muerte, hasta que aceptaran confesar que trabajaban para un cártel.”
En la audiencia de garantía, los soldados declararon que habían recibido una llamada anónima según la cual en el bar mencionado había dos sicarios de La Línea. Al llegar al sitio, agregaron, vieron a dos hombres “cuyas características coincidían con la descripción del informante” que intentaron escapar, pero “fueron aprehendidos en flagrancia”.
No obstante, cinco testigos respaldaron la versión de las víctimas y desmintieron la versión de los soldados; además, los certificados médicos confirmaron que los detenidos presentaron huellas de tortura, por lo que las autoridades castrenses tuvieron que liberarlos.
El otro caso incluido en el informe de HRW es el de Jesús Torrijos Barrón, cuya casa fue allanada por soldados la madrugada del 11 de junio de 2008. Y a pesar de que fue sacado de su domicilio con violencia por elementos del Ejército, éstos lo presentaron tres días después y expusieron en su reporte que lo habían detenido en flagrancia.
Torrijos Barrón estuvo preso hasta septiembre de 2008. Recuperó su libertad luego de que se comprobó que el informe de sus captores carecía de veracidad.
