lunes, 28 de noviembre de 2011

Descubren otra red de corrupción en CFE

El fraude asciende a Mil 320 Millones de pesos
Están implicados funcionarios, jueces y particulares.
Por Regina Vargas | Periodista de Frecuencia Laboral
Se destapó otra estafa multimillonaria contra la Comisión Federal de Electricidad, empresa que se hace llamar de clase mundial. Una red de corrupción integrada por 22 funcionarios de la paraestatal, 18 jueces del estado de Sinaloa y 20 peritos independientes cometió un fraude por mil 320 millones de pesos en Sinaloa.
El caso tiene que ver con el pago de servidumbre, cuando se coloca una red de cables que pasan por un terreno o una casa, la dependencia debe indemnizar a las personas que son propietarias de ese terreno.

Los funcionarios de la paraestatal laboraban bajo la responsabilidad del director de operación, Néstor Moreno Díaz –prófugo de la justicia luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos–, y otros con el abogado de la CFE en la divisional noroeste, Francisco Rodríguez Retes, quien ya ha sido detenido como presunto responsable.

Desde hace dos años se hizo la denuncia sobre este caso y hasta ahora se toman medidas. Vamos a escuchar la versión del director de la CFE, Antonio Vivanco y al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.

En conferencia de prensa, el 23 de noviembre del 2011, Vega Casillas citó que del 2008 al 2010 se realizaron 2 mil 189 juicios. Empero, en 184 juicios en los que particulares pidieron la indemnización, ocho jueces corruptos exigieron a la CFE que los indemnizara a sabiendas de que ya había pasado el período en el que la empresa estaba obligada a pagar.

De tal manera que Vega detalló que descubrieron 232 juicios de este tipo, de los cuales en 190 ya estaban prescritos, es decir o tenía ninguna obligación de pagar, y, sin embargo, los pagaron. En 18 casos más, los jueces declararon en rebeldía la CFE, "es decir que ni siquiera se presentó a defenderse. En otros nunca se llevaban a la segunda instancia."

S ostuvo que los 22 funcionarios de la CFE involucrados en este caso “no realizaron ninguna acción para impugnar las sentencias desfavorables en contra de la CFE” por lo que la dependencia pagó mil 320 millones de pesos, que en estricto sentido, jamás debió haber pagado, remarcó.

Citó que los funcionarios que ya han sido sancionados por este hecho son: Roberto Jesús Amaro Pedroza, gerente regional de Transmisión de Baja California, quien ya fue destituido, inhabilitado por 10 años y deberá pagar una multa de 29.4 millones de pesos.

Así como Ricardo Flores Álvarez, jefe de la oficina jurídica de la gerencia regional de la Transmisión de Baja California, quien recibió las mismas sanciones.

Igualmente han sido sancionados los siguientes funcionarios: Elvira Torales Villalón, Patricia Ibarra Luna, Manuel Alberto Villa Martínez, Jesús Eduardo García Siraitares, Maribel Linares Rosas y Verónica Mejía Garibay.

Además fueron detenidas tres personas relacionadas con el caso: José Raymundo Soto Conde, quien es juez mixto de primera instancia de Mocorito, Sinaloa, quien “resolvió en contra de la CFE el pago -de las indemnizaciones- aun cuando carecía de competencia, ya que el motivo de las demandas se ubica en lugares donde no tenía competencia”.

Otro detenido fue Francisco Ladislao Rodríguez Retes, representante legal de la CFE en la Divisional Noroeste, quien de acuerdo a la Función Pública en forma intencional no ofreció pruebas a favor de la CFE y no interpuso recursos legales para la defensa procedente.

Así como Martín López López, perito en materia de topografía y valuación quien “determinó los valores de los inmuebles muy superiores a su valor real. Por ejemplo en un asunto, valuó el derecho de vía en 2.5 millones de pesos, cuando es de solo 100 mil pesos”.

La investigación del caso comenzó en noviembre de 2008, cuando fueron detectados algunos pagos “fuera de la normalidad” por concepto de 232 juicios perdidos por la CFE en el estado de Sinaloa, en el noreste de México, de los cuales el 97 % no fueron impugnados por omisión de los funcionarios corruptos.

El secretario de la función pública mencionó que un abogado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió 700 millones de pesos en juicios contra cinco defensores particulares y frente un mismo juez, 200 millones de pesos.

Reconoció que la SFP observó que los juicios estaban mal defendidos. "Llegaban los particulares, a través de un abogado, y le demandaba a la CFE que le pagara esa servidumbre de paso. La CFE perdía todo. Estaban muy mal defendidos y en otros casos ni siquiera estaban defendidos.

Otra falta grave fue que los jueces que resolvían los juicios, eran del ámbito local, cuando el asunto es federal, por lo que "no tenían ninguna competencia. Si era un asunto de la CFE ¿cómo se estaban resolviendo todos los casos en Mocorito, en Sinaloa?".