24 septiembre 2011 | La Jornada | Arturo Alcalde Justiniani
A las 18:50 horas del miércoles pasado, los trabajadores de la empresa Calzado Sandak SA de CV, en Calpulalpan, Tlaxcala, fueron notificados de la declaración de inexistencia de su huelga; el motivo, el patrón suspendió las labores antes que los trabajadores estallaran su movimiento. La junta laboral argumenta, que conforme al artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga es la suspensión temporal del trabajo y dado que desde el 18 de julio, un mes antes, se había cerrado la fábrica, entonces la huelga no es legal. Para remate, la junta ordena que los trabajadores reinicien sus labores dentro de las siguientes 24 horas, so pena de ser despedidos sin derecho a indemnización alguna: ¿cómo lo harán si existe un paro por decisión de los patrones?
El conflicto en la planta de Sandak, propiedad de la transnacional Bata Internacional, de origen canadiense-checoslovaco, deviene de una política que pretende trasladar sus actividades productivas hacia pequeñas maquilas, la mayor parte de carácter domiciliario, para abatir costos y evadir el pago de prestaciones y seguridad social. La empresa no puede alegar el costo de salarios altos, ya que únicamente paga a la mayoría de los trabajadores 111.50 pesos diarios, pero con la maquila puede reducir los costos en más de 40 por ciento. Poco importa la ley y la degradación de las condiciones de trabajo y vida de los asalariados. Los empresarios confían en las facilidades que les han brindado las autoridades de Tlaxcala, actualizando un escenario de extrema impunidad, por cierto, a unos cuantos días de que la Organización Internacional del Trabajo realice la Jornada mundial en favor del trabajo decente, en la que México ha comprometido su apoyo.
La declaración de inexistencia de la huelga fue resuelta por unanimidad por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala, integrada por su presidenta Karina Edith Torres Vázquez, quien fuera designada por el gobernador, Mariano González Zarur; el representante patronal, Maximino Romero Mendoza, y aunque parezca increíble también votó en favor de la resolución Hermilo Rojas Xicohténcatl, quien ocupa el cargo de representante obrero, siendo además, segundo regidor y miembro del consejo político estatal del Partido Revolucionario Institucional. Estos actos enfatizan la necesidad de suprimir en nuestra legislación estas juntas tripartitas, convertidas en la práctica en tribunales de consigna.
Las autoridades de Tlaxcala conocen las aviesas intenciones de Bata Internacional, saben que están en falta y aun así pretenden premiarla con esta absurda resolución de inexistencia, que busca crear zozobra y angustia entre los trabajadores, forzándolos a aceptar los ilegales pagos que les ofrecen. Se trata de una auténtica alianza entre el gobierno estatal y la trasnacional para esquilmar los derechos de los trabajadores, sin justificación alguna. La gestión pública debería centrarse, precisamente, en mantener la fuente de trabajo y crear las condiciones para su expansión, no agregar un contingente más al ejército de desempleados y trabajadores precarios.
El argumento de declarar inexistente una huelga por el hecho de que el patrón suspendió sus actividades previamente no es nuevo, existen varios antecedentes al respecto. La empresa Fertimex Cuautitlán, en la época de Arsenio Farell como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, acudió a este argumento para violar el derecho de huelga. La entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) impuso a Fertimex una suspensión temporal de actividades por generar contaminantes ambientales que afectaban a la población del área de Cuautitlán. Aprovechándose de la sanción de Sedue, Fertimex desconoció el contrato colectivo y dejó de pagar salarios, por ello, los trabajadores se vieron obligados a acudir al recurso de huelga. Farell ordenó la declaración de inexistencia pretextando socarronamente que se apoyaba en un viejo principio filosófico consistente en que nadie puede suspender lo suspendido, en consecuencia, no podía haber huelga obrera puesto que las actividades se habían suspendido previamente.
El entonces dirigente sindical en Fertimex le respondió a Farell en el mismo tono: hay otro principio filosófico aún más antiguo: "la causa de la causa, es causa de lo causado", esto es, al ser Fertimex responsable de la suspensión por su conducta, no podía beneficiarse de ella dejando de cumplir con sus obligaciones. Ante la cerrazón de Farell, el conflicto se solucionó como suele suceder en nuestro país cuando se cierran las vías legales: los trabajadores iniciaron una marcha con sus familiares y vecinos a la ciudad de México obligando a la apertura de una mesa de negociación.
La empresa llantera Euzkadi, en el Salto, Jalisco, hace 10 años, quiso utilizar la misma estrategia, pero finalmente fracasó cuando el Poder Judicial federal dejó en claro que la huelga es un medio legal de defensa constitucional, que su ejercicio es a futuro, que su legalidad no puede ser afectada por una suspensión previa imputable a la empresa y que nadie puede beneficiarse de una conducta ilegal.
En el caso de Sandak, aceptar esa argucia llevaría al extremo de acabar con el derecho de huelga. Con un mínimo de lógica y buena fe se entiende.
Por lo pronto, el Poder Judicial federal, por conducto del juez segundo de distrito en Tlaxcala, Miguel Bonilla López, ya empezó a poner orden al otorgar en favor de los trabajadores la protección constitucional de suspensión de los efectos de la inexistencia. Hay que estar muy atentos de lo que suceda los próximos días.
