Extorsiones y secuestros23 septiembre 2011 | Manuel Nava | Siempre!
Acapulco.- Una crisis de seguridad se está tornando en una de carácter político tendiente a escalar en cuanto a la magnitud de la amenaza, debido a la falta de atención de las autoridades estatales.
Desde el 25 de agosto trascendió en medios impresos el secuestro de las profesoras Bertha y Rosa Martha por un grupo del crimen organizado. Las mentoras habrían sido liberadas tras entregar el listado de nómina de los maestros de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, a los cuales les fue exigido el 50 por ciento de su salario quincenal y del aguinaldo para no atentar en contra de su integridad.
Desde el 25 de agosto trascendió en medios impresos el secuestro de las profesoras Bertha y Rosa Martha por un grupo del crimen organizado. Las mentoras habrían sido liberadas tras entregar el listado de nómina de los maestros de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, a los cuales les fue exigido el 50 por ciento de su salario quincenal y del aguinaldo para no atentar en contra de su integridad.
El subcoordinador de Educación Básica de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, Julio César Bernal Reséndiz, quien se reunió con una docena de delegados sindicales del SNTE de los sectores que se ubican en Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata, confirmó el 29 de agosto que más de 600 maestros cerraron las aulas de 140 escuelas del nivel básico debido a las amenazas que les han hecho llegar, a través de panfletos, presuntos integrantes del crimen organizado para cobrarles derecho de piso, con el 50 por ciento de salarios y aguinaldos.
El funcionario agregó que “hay casos de maestros que fueron extorsionados y secuestrados, y ahora tienen mucho miedo, ya han hecho la denuncia, pero están asustados, no quieren que se sepa y tienen temor”.
El 28 de agosto, el secretario de Seguridad Pública del estado, Ramón Almonte Borja, insistió en su llamado para que la gente denuncie si es víctima de un ilícito y actúen las dependencias. “Aun cuando haya detenidos no se puede ejercer acción penal sin las denuncias”.
Ese mismo día, mediante un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado demandó a los maestros que se sientan amenazados por el crimen organizado que denuncien sus casos, porque sostuvo que hasta ese momento no tenía conocimiento oficial de que ese flagelo los haga alejarse de las aulas.
Los integrantes del SNTE hicieron conferencia de prensa en la cual no se mencionaron los nombres de los dirigentes y los testimonios que ofrecieron se quedaron en simples decideres, en el equivalente a “el primo de un amigo me dijo que…”
En esa conferencia anunciaron la suspensión de clases en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de Acapulco hasta que existan garantías de seguridad. Cerca de 500 y 70 mil alumnos.
El 1 de septiembre el secretario de Seguridad Pública del municipio, Manuel Paz Espinosa, dijo que la decisión que tomaron los maestros de suspender clases por presuntas amenazas de extorsión es una estrategia para descansar más y no asistir a clases y señaló que los recorridos de vigilancia en todo el puerto continuarán de forma permanente por el clima de constante violencia e inseguridad.
En el periódico El Sur se publicó una carta abierta mediante la cual se le informa a la población que debido a la problemática de inseguridad que actualmente vive el magisterio, alumnos y padres de familia por secuestros, amenazas, extorsiones, robo de autos y asesinatos de los que han sido víctimas en los diferentes centros de trabajo, exigimos a las autoridades responsables nos garanticen las condiciones adecuadas para desempeñar nuestra labor docente y poder vivir en una sociedad segura. Por lo anterior, manifestamos que no regresaremos a las aulas escolares hasta no ver resultados concretos. Firmó el Magisterio de la región Acapulco-Coyuca.
Maestros de nivel básico en Acapulco anunciaron que no volverán a las aulas hasta ver resultados de las acciones que anunciaron las autoridades de seguridad y el gobierno estatal. “La solución la tienen ellos”, “no volveremos a las escuelas hasta tener resultados concretos” y el 2 de septiembre, por séptimo día consecutivo más de 400 docentes se mantuvieron concentrados en las instalaciones de la delegación de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la SEG.
El dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, exigió al gobierno del estado no minimizar el problema de la creciente inseguridad en las escuelas de Acapulco y cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los profesores y los ciudadanos en la entidad. Defendió la posición de los trabajadores del magisterio, quienes por su seguridad e integridad física han decidido parar labores en las escuelas primarias y jardines de niños ubicadas en la zona suburbana de Acapulco.
Juárez Ocampo afirmó que las autoridades están obligadas a brindar la seguridad, no sólo a los maestros sino a la ciudadanía en general.
El fin de semana, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado, Ramón Almonte Borja, insistió en que están dadas las garantías para que los maestros reanuden el ciclo escolar 2010-2011 este lunes, pues literalmente existirá un blindaje especial en todas las escuelas que tienen problemas de inseguridad.
El lunes 6 de septiembre, entrevistado vía telefónica por Milenio Televisión, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, advirtió ayer que si este martes no se presentan a laborar los maestros que están en paro con el argumento de las amenazas del crimen organizado en 52 escuelas de Acapulco, se aplicarán los descuentos correspondientes. Son fines aviesos los de los anónimos que se enviaron a los maestros amenazándolos con cobrarles derecho de piso, pero aseguró que el gobierno estatal ha revisado esta situación y todo está dentro de la normalidad, comentó.
La SEG indicó que únicamente fueron cerrados 52 planteles, pero los maestros lo negaron, y puntualizaron que efectuaron un censo para precisar la cifra, lo que equivale a 3 mil 500 mentores sin presentarse y 50 mil alumnos sin clases.
“Queremos la presencia del Ejército y Marina”, exigieron en conferencia de prensa. Entre los profesores existe tensión, miedo, pero más desconfianza. No fotografías, no nombres, pues “no nos conocemos todos”. Temen a “infiltrados”. La aparición temprana de una manta con mensajes acusatorios relativos a bandas delictivas, en la secundaria federal 6 de la colonia Zapata, incrementó la ansiedad entre la plantilla laboral, que por segunda semana consecutiva se concentró en la coordinación de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, donde decenas de profesores esperan una respuesta oficial.
Al día siguiente en conferencia de prensa, en Casa Guerrero, el gobernador Angel Aguirre Rivero consideró que no hay razón para que el magisterio se alarme, particularmente el de Acapulco, pues sólo se trató de unos panfletos sin trascendencia que circularon en el puerto, donde se supone les notificaban supuestas extorsiones. Además, señaló que las clases sólo están suspendidas en 52 escuelas de Acapulco, y rechazó las cifras de los propios maestros, en el entendido además de que no hay una sola denuncia de extorsión o tentativa de secuestro por parte de miembros de la delincuencia.
También ofreció que no habría sanciones económicas y anunció que el inicio de un programa dirigido a combatir la inseguridad y prevenir que se cometan delitos en las inmediaciones de escuelas públicas de la entidad, especialmente en el puerto de Acapulco, donde hasta este día en 52 planteles no se ha iniciado el ciclo escolar, debido a que los maestros temen ser extorsionados.
Pero al dia siguiente pese a los acuerdos tomados entre el SNTE sección 14 y el gobierno del estado de iniciar operativos aéreos, y por tierra, así como la instalación de cámaras en planteles educativos de la zona suburbana de Acapulco, las 500 escuelas se mantuvieron cerradas.
El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, aseguró que la situación “sigue igual” en las escuelas del puerto, es decir, que en 52 centros educativos —170, según los profesores— no han reanudado actividades.
Una persecución entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y marinos dejó como resultado dos detenidos y una persona lesionada frente a una escuela secundaria que se encuentra cerrada en la segunda sección de ciudad Renacimiento.
El 7 de septiembre, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) se sumaron al paro laboral que mantiene el magisterio de la región Acapulco-Coyuca ante la exigencia de garantías de seguridad en planteles educativos, por lo que tomaron las instalaciones de seis delegaciones administrativas.
Román Meynardo López Pachuca, vocero de la CETEG en el estado, dijo que los mentores desconfían de los compromisos que hiciera el martes el gobernador Ángel Aguirre Rivero con los líderes del magisterio en la entidad, puesto que consideró que los planteamientos para dar garantías de seguridad a los docentes son las mismas promesas de su campaña. La CETEG propuso al gobierno del estado que en sus estrategias de seguridad incluyan cuatro puntos, entre ellos la atención urgente en desarrollo económico y justicia social en las áreas conurbadas, suburbanas y rurales de mayor marginalidad y pobreza de Acapulco.
También propuso más oportunidades de educación media superior, superior y empleo para todos los jóvenes, ampliar la cobertura de los desayunos escolares y construir comedores comunitarios en áreas específicas, así como garantizar la seguridad a la sociedad en general y a sus maestros.
Entre las demandas añejas, pidieron al gobernador Ángel Aguirre que cumpla con los 90 días de aguinaldo para jubilados y pensionados de la SEG, rechazo a la ACE y evaluación universal, ejecución de los proyectos productivos, integración de la CETEG a la carrera magisterial, comisión mixta de cambios y escalafón.
Por vez primera desde que inició el paro de labores, el 8 de septiembre la SEG reconoció que son alrededor de 130 escuelas las que han cerrado instalaciones. Después de sostener una nueva reunión a puerta cerrada, ahora con la titular de la SEG, Silvia Romero, la cual se prolongó por más de cuatro horas en la universidad privada Americana de Acapulco, los docentes reprocharon la tardanza en que la funcionaria atendió al llamado de los mentores.
Maestros de la educación básica de Acapulco anunciaron que el paro que mantienen desde el 25 de agosto se extenderá al resto de la entidad a partir del lunes. Exigieron la presencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero en la próxima junta programada para el lunes. Esa junta no se llevó a cabo y en cambio se ofreció una conferencia de prensa tanto por el SNTE como por la CETEG.
Los primeros hablaron de que su demanda es que existan condiciones de seguridad y se desmarcaron de la CETEG en cuanto a cualquier otro tipo de demandas so pretexto de que indirectamente tienen que ver con el tema de la seguridad pública.
Román Meynardo López Pachuca, vocero de la CETEG argumentó por separado que “nosotros teníamos planeada esta movilización con mucha anticipación, antes de que se diera la inconformidad planeamos esta movilización y planeamos los días. Desgraciadamente se unen estas acciones y nosotros creemos que la demanda de seguridad pasa a ser una prioridad, una de las principales demandas”.
En total se han movilizado unas 10 mil personas en Guerrero que han tomado las oficinas delegaciones en otro momento y bien lo podemos volver a hacer ahora.
Contexto
El 22 de agosto se inició el año lectivo en Guerrero y desde unos días antes se manifestaron diversos conflictos por: cobro de cuotas de inscripción; conflictos intersindicales, designación directores, falta de material y mobiliario escolar y desde luego por la inseguridad.
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Unos días antes del inicio del año escolar, Julio César Bernal Reséndiz, dijo ante medios locales que durante el periodo de capacitación del magisterio hubo quejas por asaltos, robo de vehículos y extorsión por parte de algunos maestros.
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Se sabe que a la profesora Norma Cruz Ramírez, le fue robado su vehículo y tres días después lo encontró aun con su placa original en poder del director de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia del Estado.
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Los recorridos de seguridad pública municipal han sido para solicitarles a los directores de escuelas que entreguen un oficio de petición para el botón de seguridad.
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En los recurridos efectuados por medios el viernes 9 y lunes 13 no se percibió presencia de patrulla de ningún cuerpo de seguridad en esa zona.
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Desde la semana pasada la situación que vive el magisterio también se evidencia entre empresarios locales, franquiciantes y ministros de culto.
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Se ha podido establecer que varios de los asesinatos efectuados entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre obedecen al incumplimiento en el pago de las extorsiones, al tiempo que se multiplican los secuestros exprés.
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Se percibe ya un flujo migratorio de nativos de Acapulco y otras ciudades de Guerrero.
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Se percibe la venta de plazas de maestros hasta en 60 mil pesos para poder migrar.
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Alumnos de familias adineradas han sido dados de baja de los centros educativos privados.
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Sobre la costera, el corredor comercial de la ciudad de Acapulco, hay locales cerrados.
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Franquiciantes hablan de la necesidad y afirman que la respuesta del gobierno municipal ha sido una ayuda económica por un tiempo corto para que no cierren.
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Ministros de culto de diferentes sectas hablan de la migración de algunos de sus feligreses y de la necesidad de cambiar de domicilio ante la demanda del pago de derecho de piso.
Prospectiva
Seguridad
Toda actividad, incluida la privada, puede ser objeto de este tipo de extorsión y de acciones violentas por la negativa a pagarlas.
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Puede haber móviles aviesos tras estas amenazas pero al minimizar el problema, las autoridades estatales están perdiendo el control del mismo.
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La zona Zapata, Renacimiento, polígono D, lleva años viviendo fenómenos de secuestros exprés y extorsión y lo ligan a grupos de choque, en principio de Antonio Valdez Andrade, líder de comerciantes (PRI) ya asesinado y a José Guadalupe Perea actual diputado local de Convergencia.
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El ciudadano percibe colusión entre funcionarios de diferentes niveles con el crimen organizado.
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El ciudadano no tiene confianza en las instituciones y cuerpos de seguridad pública y mecanismos como el botón de seguridad, los patrullajes entre otros, se han revertido a favor de la delincuencia y dejan indefenso al ciudadano.
Económico
La migración de empresarios locales está desmantelando el aparato económico de la localidad y esto terminará por traducirse en una crisis de carácter económico y social que impactará el ingreso del gobierno municipal y del estado.
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Se presume que firmas como Aplebee´s; Hooter´s; Texas Ribe; entre otras franquicias están valorando la posibilidad de un retiro, al menos temporal.
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La migración implicaría la pérdida de población en edad de trabajar. Se pierde el factor humano.
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Si maestros, empresarios y ciudadanos están logrando vender su patrimonio, hay alguien o algunos que los están comprando a pesar de la amenaza de inseguridad manifiesta y esto puede ser una forma de acumulación de capital.
Político
Se percibe que algunos consideran que esto ha sido desatado con fines político-electorales y una vez que se defina al nuevo gobierno nacional retornará la calma.
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Bajo un esquema parecido hay otros que pretenden popularizar la demanda de que renuncien todos los involucrados, principalmente Felipe Calderón.
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Las manifestaciones de CETEG podrían tomar un rumbo diferente y podría ser el pretexto para que los grupos radicales rompan con el ejecutivo del estado.
