Permitiría “detenciones urgentes” e indagatorias “sin autorización judicial”.
23 septiembre 2011 | Roberto Garduño, Enrique Méndez y Fabiola Martínez | La Jornada en Línea
México, DF. El presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que autoriza detenciones “en caso de urgencia” mediante un sistema de “investigación sin autorización judicial”, que incluye el cateo de domicilios por denuncia anónima, revisión y grabación de personas y vehículos, el uso de llamadas telefónicas entre particulares y conformar un cuerpo de “agentes infiltrados”.
De manera similar a la reforma que se plantea a la ley de seguridad nacional, Calderón propuso a los diputados que la policía grabe en video las inspecciones a vehículos, que en una conversación por teléfono quien participe en ésta pueda entregarla como prueba, “y de esta manera no se altera la confidencialidad de las comunicaciones”.
El Presidente también requirió aprobar el seguimiento de personas y operaciones encubiertas para combatir a la delincuencia organizada. Dichas operaciones, argumentó, se realizarían “en modalidad de aparentar la realización de actividades ilícitas o mediante la infiltración de agentes en un grupo delictivo, con la finalidad de conocer la organización, formas de operación y ámbitos de actuación e identidad de los miembros de diversos grupos delictivos”.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, incorpora cambios al sistema de justicia penal para que los juicios sean orales, se videograben y sean públicos, excepto en casos de secuestro y cuando la víctima corra peligro, y se reconoce que a un detenido acusado de delito se le considerará inocente hasta que se le pruebe lo contrario y en esa etapa se le tratará como imputado.
Se incluye un apartado de derechos de la víctima, se establece que en el juicio no se admitirá cualquier prueba obtenida con violación a derechos humanos, se incluye la notificación judicial por correo electrónico, legaliza las recompensas por denuncias anónimas y acota que la prisión preventiva será el último eslabón de la cadena procesal.
Esta última sólo se aplicará de oficio en delitos dolosos, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, así como los que atenten “contra la seguridad de la nación”, el libre desarrollo de la personalidad y contra la salud.
El proyecto de Calderón expone que la prisión preventiva podrá admitir excepciones, como el hecho de que el imputado sea mayor de 75 años de edad o mujeres embarazadas o en lactancia, y enfermos graves o en etapa terminal, salvo, indica, cuando el imputado “pueda sustraerse de la acción de la justicia o manifieste una conducta de alto riesgo social”.
En la exposición de motivos, el titular del Ejecutivo afirma que el nuevo sistema penal “plantea constituirse como necesaria respuesta del Estado a los ciudadanos en su derecho a una justicia pronta y expedita; a una administración e impartición de justicia brindada por instituciones respetuosas de la legalidad e integradas por personal capacitado, procedimientos transparentes y expeditos”.
Además, señala, “de resoluciones dictadas en audiencias públicas, de cara a las partes y al pueblo, por tanto exentas de valoraciones basadas en pruebas ilegales que vulneren los derechos humanos de las partes”.
Afirma que el cambio del sistema de justicia penal ofrecería “condiciones de confiabilidad y transparencia”, lo cual redundaría en que “la justicia se imparta con cimientos normativos fundados en la razón, cerrando espacios a la impunidad, la arbitrariedad, así como el abandono de las víctimas y la sociedad”.
El citado proyecto propone que los procesos judiciales se desarrollen mediante audiencias, a las que pueda acceder cualquier persona, pero cuando se trata de un caso de secuestro o se ponga en riesgo la intimidad, la privacidad de víctimas, testigos o menores de edad se podrá restringir su publicidad “o impedir la difusión en los medios de comunicación”.
Esta salvedad se enlaza con el derecho de la víctima o del ofendido a negar que los medios de comunicación les tomen fotografías, videos o intenten entrevistarlos.
Asimismo, se agregan nuevos derechos de las víctimas, entre otros a comunicarse inmediatamente con un familiar o asesor jurídico; solicitar, como medida provisional, la restitución de sus bienes o reposición; que el Ministerio Público les garantice seguridad y auxilio a través de la policía; a solicitar la prisión preventiva contra el imputado como medida de protección; y a impugnar ante el procurador general de la República cuando el MP se abstenga de investigar el delito o declare el no ejercicio de la acción penal.
Incluye un catálogo de derechos para los imputados, el principal a ser considerado y tratado como inocente; a comunicarse con un familiar o su defensor tras ser detenido; a que se le informe de inmediato de los hechos que se le imputan y de sus derechos y el motivo de la privación de su libertad; a no ser torturado; a ser juzgado antes de cuatro meses si el delito que se le imputa no es sancionado con más de dos años de cárcel, y antes de un año si la pena excede ese tiempo.
Con ese esquema se detuvo a Strauss-Kahn: Borrego
Por otra parte, el secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Felipe Borrego, defendió el proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, así como las “detenciones urgentes” que incluye esta propuesta presentada ayer.
Dijo que el esquema de detenciones urgentes (“sin orden judicial”) opera en prácticamente todos los países y se aplica, por ejemplo, cuando existe la sospecha de que el implicado pretende darse a la fuga.
Así ocurrió, dijo, con el ex presidente del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn, quien fue detenido sin averiguación previa a bordo de un avión; esa es una detención urgente y es legal y válida en la gran mayoría de los países. “La detención urgente es una figura jurídica que existe en casi todos los países del mundo”, subrayó.
Borrego aseveró que este proyecto delinea un código modelo, por lo que se esperaría que las entidades federativas lo adopten y, con el tiempo, exista un solo código procesal penal en todo el país.
La iniciativa incluye principios nuevos, como los juicios orales (sistema acusatorio adversarial), los jueces de control y un contexto de derechos de las víctimas. El funcionario dijo también que el proyecto presentado por el presidente Felipe Calderón a los diputados cuenta con el apoyo unánime del consejo de coordinación de la secretaría técnica a su cargo. Confió en que los legisladores realicen las consultas necesarias a fin de que no lo dejen en el último lugar y, por el contrario, lo tomen como un tema prioritario.
Este código incluye figuras con base en las cuales, precisó Borrego, termina el monopolio de la acción penal del Ministerio Público, toda vez que un particular puede acudir con este juez a presentar su demanda y pruebas. “Es una iniciativa muy socializada aun cuando generará opiniones en contra como parte de la polémica que puede enriquecer esta iniciativa…por lo que esperaría que los legisladores no la dejen al final de la lista y lo tomen como un tema urgente y prioritario”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.
