14 septiembre 2011 | Manuel Fuentes*
Desde las oficinas del gobierno federal no se entiende cómo han logrado resistir 16 mil 500 trabajadores electricistas afiliados al Sindicato Mexicano Electricistas (SME) después de 23 meses en que se declaró la quiebra de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Los funcionarios que diseñaron el operativo la noche del 10 de octubre de 2009 lo armaron con el apoyo de las áreas inteligencia (?) para ocupar con fuerzas policíacas federales todos los centros de trabajo y desalojar violentamente a los trabajadores.
La consigna era acabar, desarticular y anular la fuerza del SME, un sindicato creado hace 97 años, a través de una publicidad con cargo al erario público para desacreditar a los trabajadores electricistas. Se patrocinó a la disidencia dándoles interlocución para que miles de trabajadores fueran engañados para que aceptaran la liquidación y a cambio ser recontratados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Javier Lozano vaticinó que con sobre bonos en la liquidación el problema se acabaría en el corto plazo. Dispuso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como si fuera marioneta, acelerara procesos legales para legitimar la supuesta quiebra de LyFC y negar reiteradamente que la CFE fuera reconocida como patrón sustituto a pesar que ésta empresa había asumido la operación.
Los trabajadores que de la noche a la mañana habían perdido el empleo por el capricho gubernamental, fueron buscando nuevas formas de subsistencia para no darse por vencidos. Miles de esposas de electricistas se emplearon en trabajos informales y los hijos de ellos empezaron a aparecer en los mítines electricistas para dar ánimo a sus padres en lucha.
Ante la opinión pública se justificó el golpe a los trabajadores porqué orillaba a altos costos en la tarifa eléctrica y la desaparición de LyFC beneficiaría a los usuarios con la baja en las tarifas. Nada de ello sucedió. Miles de familias empezaron a recibir cobros de hasta un 500 por ciento en el pago de su energía eléctrica y por el contrario aparecieron empresas privadas como beneficiarias de este golpe.
Aparecieron de manera improvisada en todas las calles de la ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, Pachuca trabajadores de empresas outsourcing, en sustitución de los trabajadores de LyFC, dando mantenimiento eléctrico sin la debida protección. Hasta la fecha, 30 trabajadores han fallecido por descargas eléctricas por la nula capacitación en el trabajo sin que el gobierno de la cara e imponga responsabilidades.
Las acciones penales han sido una forma de tratar de minar la fuerza de los trabajadores electricistas al tener detenidos a 12 de sus compañeros. Miguel Márquez Ríos detenido desde el 21 de octubre de 2010 y 11 más ahora presos en el Reclusorio Oriente desde el día 11 de abril de 2011: Marco Antonio Cortes Cruz de 51 años, Jorge Ulises Uribe Gaona de 34 años, Gilberto Burgos Martínez de 42 años, Rogelio García Flores de 28 años, Francisco Javier Domínguez Amaya de 33 años, Rodolfo Vivas Espíndola de 49 años, Hugo Medina Rodríguez de 48 años, Gabriel Rodríguez Arriaga de 48 años, Álvaro Figueroa Santiago de 58 años, Gabriel Blas Bastian de 70 años, y Eusebio Valdez Morales de 55 años.
Los procesos contra ellos se desarrollan lentamente como una forma de presión y sin que haya sustento de los delitos que se les imputan.
El convenio firmado en la madrugada del martes 13 en el que se acuerda levantar el plantón en el zócalo iniciado hace seis meses resuelve agilizar los procesos legales en contra de estos 12 trabajadores encarcelados injustamente. La entrega de la toma de nota a favor del comité ejecutivo que se había retrasado indebidamente por parte de la Secretaría del Trabajo y la reinserción de los 16 mil 500 trabajadores en el sector electricista.
El gobierno federal tiene la responsabilidad de terminar con este conflicto respetando los derechos de los trabajadores y reintegrando a la sociedad el derecho de servicios eléctricos eficientes, de calidad y a costos bajos como se prometió desde la campaña calderonista. No queremos más engaños.
*Es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, profesor de derecho laboral y de seguridad social en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Consejero de la “Casa de los Derechos de Periodistas”, así como asesor legal de diversas organizaciones civiles, de derechos humanos y laborales. Es autor de diversos artículos en materia de justicia y derechos humanos.
