Señalan contrato
leonino: $100 de renta anual por cada hectárea
Octavio Vélez Ascencio Corresponsal | Periódico La Jornada | Martes 9 de agosto de 2011, p. 33
Oaxaca, Oax., 8 de agosto. Indígenas ikoots de Pueblo Viejo, municipio de San Dionisio del Mar, en el istmo de Tehuantepec, acordaron en asamblea general no permitir el establecimiento de una central eólica de energía eléctrica en más de mil hectáreas de tierras comunales.
El agente municipal, Teódulo Gallegos Pablo, informó que los habitantes de esa comunidad manifestaron su preocupación por el contrato
leoninofirmado el 8 de noviembre de 2004 por el comisariado de bienes comunales y el consejo de vigilancia con la empresa española Preneal, porque dispondrá de su patrimonio cultural y biológico.
Expuso que el contrato es
desventajosopara Pueblo Viejo, pues se firmó por 30 años, prorrogables por un periodo similar, sin haber informado ni consultado a los habitantes sobre las implicaciones y alcances de la central eólica.
Destacó que Preneal podrá utilizar las mil 643 hectáreas de tierras comunales y pagará solamente 100 pesos al año por cada hectárea.
Con la central eólica peligra nuestra vida como pueblo indígena, además de los manglares, selva, lagunas, peces y aves,
recursos que hemos conservado milenariamente. Esta instalación no representa ninguna ventaja para el pueblo y en cambio pone en peligro nuestra forma de vida, remarcó.
De acuerdo con su página electrónica, Preneal invertirá 500 millones de dólares en el parque eólico, que venderá sus primeros 120 megavatios a la acdena de tiendas Soriana, que tiene 204 supermercados en 85 ciudades del país, y sus propietarios poseen 25 por ciento del grupo de inversiones de capital de riesgo IG Expansión. El otro 75 por ciento está en manos de Carlos Martín y José Marín, de Inmex, accionista de Soriana.
Este año Preneal cerró ventas de sus proyectos eólicos en Oaxaca con un consorcio integrado por Fomento Económico Mexicano (FEMSA), el Fondo de Infraestructura Macquarie México y la sociedad Macquarie Capital.
Gallegos Pablo dijo que los habitantes de la comunidad acordaron organizarse en defensa de su territorio y patrimonio biocultural hasta lograr la cancelación del contrato con la empresa española Preneal.
