Dichos proyectos beneficiarian a Claudio X. González, propietario de la compañía Kimberly Clark, la trasnacional Wall Mart y otras del Grupo Carso
24 agosto 2011 | Regina Martínez | Proceso
JALAPA, Ver. (apro).- Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, agrupadas en la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida), rechazaron hoy los proyectos hidroeléctricos que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las regiones de Córdoba y Jalcomulco.
De acuerdo con La Vida, la CFE planea construir 16 plantas hidroeléctricas en las cuencas de los ríos Blanco y La Antigua que, en su opinión, afectarían a más de un millón de personas.
El colectivo veracruzano denunció que el proyecto viola derechos sociales y ambientales en zonas rurales e indígenas, por lo que demandó a las autoridades federales y estatales respetar el entorno ecológico de sus pueblos.
En dicha agrupación participan distintos grupos sociales, entre ellos Defensa Verde Naturaleza para Siempre, de Amatlán de los Reyes; el Comité de Derechos Humanos Toaltepeyolo, de Zongolica; así como campesinos de comunidades y ejidos de municipios de esas zonas.
En conferencia, denunciaron las amenazas que han recibido opositores a la presa El Naranjal y miembros de Defensa Verde Naturaleza para Siempre de los municipios de Amatlán de los Reyes, Cuichapa, Omealca, Ixtaczoquitlán, Zongolica y Córdoba, quienes han manifestado su rechazo a la obra.
Igual situación enfrentan pobladores de Jalcomulco a causa del proyecto hidroeléctrico en el río Pescados, que atraviesa diversas comunidades de unos 30 municipios hasta desembocar en la zona de La Antigua, con lo que, aseguró el colectivo, se verían afectados cerca de un millón de habitantes.
En El Naranjal, dijo el colectivo, los ejidatarios de varios municipios han sido reprimidos por la empresa Agroetanol de Veracruz, SA de CV, por impedir las obras de desviación del cauce del río Blanco para levantar la cortina de la represa.
Agregó que Agroetanol, cuyo principal accionista es Claudio X. González, propietario de la compañía Kimberly Clark, “ha incurrido en múltiples arbitrariedades, ya que ha entrado a los territorios sin permiso de autoridades ni de ejidatarios y ha empezado a meter maquinaria para hacer estudios de suelo”.
Los voceros del colectivo, detallaron que el proyecto hidroeléctrico Naranjal implica desviar 25 kilómetros el cauce del río Blanco, atravesando comunidades de los municipios de Fortín de las Flores, Amatlán, Cuichapa, Ixtaczoquitlán y Omealca, así como la construcción de grandes tanques en el cerro San Miguel el Grande, uno de 21.9 hectáreas y otro de 10 hectáreas.
Según investigaciones de los ambientalistas, el embalse de dicha presa tendría entre 8 y 12 hectáreas de extensión, “con lo que se bloquearía el 95% del agua del río Blanco”, la cortina tendría una caída de 90 metros y el canal 14 metros de profundidad de ancho por 21 kilómetros de longitud.
Con base en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), los pobladores pudieron conocer que el costo del proyecto asciende a mil 250 millones de pesos.
Los activistas reclamaron al gobierno estatal el silencio que ha guardado en este sentido, a pesar de que es un derecho de los pueblos defender su territorio. “Ha permitido esta criminalización y intimidación a la protesta ciudadana” que defienden su entorno social y ambiental, acusaron.
En Zongolica, el proyecto hidroeléctrico a cargo de Electricidad del Golfo, SRL de CV y de Comexhidro, SA de CV, “consiste en la captación de agua del río Apatlahuaya para producir energía con fines de autoabastecimiento”, es decir, “para satisfacer necesidades de sus socios, como la trasnacional Wall Mart” y otras del Grupo Carso, señalaron.
A decir de los ambientalistas, la empresa Comexhidro cuenta con financiamiento de la compañía estadunidense Conduit Capital Partners, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del fondo para pequeñas y medianas empresas (Fondo Pyme).
Denunciaron que con estas acciones el Estado mexicano está incurriendo en violaciones graves a los derechos de los pueblos indígenas; y responsabilizaron al gobierno de Veracruz, a la CFE, a la Semarnat y a la Comisión Reguladora de Energía.
